Los fanáticos de la “seguridad ciudadana” están que trinan. Durante los últimos tres meses se registraron 32 fugas de 91 detenidos de diversas unidades penitenciarias. El procurador penitenciario de la Nación (defensor de los DD.HH. de los internos) Francisco Mugnolo acusó la necesaria “participación directa del Sistema Penitenciario”, particularmente en las fugas de los penales de máxima seguridad como Ezeiza. Intramuros nada se mueve sin el guiño de los penitenciarios, los que hasta principios de 2012 conservaban desarmaderos de autos robados en tres unidades penales del GBA.
Trascendidos periodísticos filtraron que, criticando este “exceso de garantismo”, sectores importantes de la policía y la justicia postulan una contrarreforma penal que restrinja el régimen de excarcelaciones y salidas transitorias y “modere” los alcances del Sistema de Ejecución Penal, una institución constituida para la “reinserción social” de los detenidos mediante programas de trabajo y estudio. De hecho, el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck ya dispuso que los jefes de policía queden a cargo de las unidades penales y anunció que revisaría la Ley de Servicio Penitenciario Provincial.
Evidentemente, el nombramiento de Granados como ministro de Seguridad bonaerense y las campañas de mano dura de Insaurralde, Massa y De Narváez dieron alas a estos sectores que hoy levantan la cabeza para clausurar la “puerta giratoria” de las cárceles, mientras a la zaga la Iglesia y la Corte Suprema exigen más policías “para combatir el narcotráfico”.
La designación de Alejandro Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal es un eslabón de este engranaje. Ocupando el mismo cargo entre 2007 y 2011, Marambio fue denunciado por organismos de DD.HH. en infinidad de casos de tortura y apremios ilegales, aunque cobró celebridad por una iniciativa para militarizar las cárceles y disolver el emblemático Centro Universitario de Devoto. Esta nueva vuelta de tuerca se propone incrementar el poder de las autoridades penitenciarias y los guardiarcárceles, los que hasta conceden o privan a los internos del derecho de visita y de acceso al teléfono, sometiendo a los familiares a vejaciones humillantes, desde cacheos a “inspección vaginal”. Desde el Consejo Correccional los guardiacárceles evalúan arbitrariamente la conducta de los presos para conceder salidas transitorias o la libertad condicional, un mecanismo perverso mediante el cual chantajean a los internos para robar extramuros, a cambio de un buen informe en el legajo.
En las cárceles federales hay más de 60.000 detenidos, el 65% sin condena, hacinados y sin derecho a la salud. El Servicio Penitenciario Bonaerense alberga 29.060 detenidos cuando sólo cuenta con 18.640 plazas, generando frecuentes reyertas. La ilusión del “modelo correccional” para la “reinserción social” que pregonaban los “progresistas” de la seguridad democrática terminó sucumbiendo ante la realidad del “modelo de prisión depósito” que alienta la derecha de mano dura.
La predominante mayoría de los detenidos son jóvenes pobres entre 20 y 27 años con estudios primarios incompletos. Con razón el especialista en temas penales Massimo Pavarini destaca que “el gobierno de la cuestión criminal es una expresión del modo de entender el orden social capitalista”, en aras de la propiedad privada de los grandes empresarios que concentran la mayor parte de la riqueza nacional mientras el 30% de la población está sometida a la pobreza, arrojando franjas a la marginalidad y el delito.