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Comunicados de prensa

“Nos solidarizamos con los trabajadores perseguidos en Santa Cruz”

En el día de hoy se inicia un juicio contra trece trabajadores petroleros en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, acusados de homicidio calificado y coacción agravada a raíz de la pueblada del año 2006 donde murió el policía Sayago.

PTS

17 de junio 2013

“Nos solidarizamos con los trabajadores perseguidos en Santa Cruz”

(17/06/2013 – PTS/Frente de Izquierda) En el día de hoy se inicia un juicio contra trece trabajadores petroleros en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, acusados de homicidio calificado y coacción agravada a raíz de la pueblada del año 2006 donde murió el policía Sayago. Al respecto, Myriam Bregman, abogada del PTS ycandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista del Frente de Izquierda, denunció que “los trabajadores petroleros de Las Heras serán juzgados a siete años de los hechos en una causa armada, que fue declarada nula en dos oportunidades y donde se les hacen imputaciones muy graves: homicidio calificado y coacción agravada. Al menos seis de los petroleros fueron brutalmente golpeados y sufrieron torturas en la comisaría donde se los mantuvo detenidos hasta 2009, todos en localidades alejadas de sus familias. Denunciamos que estamos ante una causa armada para disciplinarlos y criminalizar la protesta”.

Además, Bregman, quien también es denunciante del “Proyecto X”, anunció que “participaremos de la movilización que se realizará hoy a las 17 desde el Obelisco a la Casa de la Provincia de Santa Cruz. Además, nuestro compañero Carlos ‘Charly’ Platkowski, delegado de LAN, militante del PTS y abogado del CeProDH, viajó a Caleta Olivia a acompañar a los trabajadores perseguidos”. Y apuntó: “Participaron de una pueblada en Las Heras en febrero de 2006, que reclamaba el convenio petrolero, mejores condiciones de trabajo para los contratados de la UOCRA y el no pago de ganancias para los efectivos. La respuesta fue la criminalización y una causa armada en forma vergonzosa, para la cual fue necesario un fuerte respaldo político y un poder judicial completamente cómplice y antiobrero”.

“Mientras a decenas de genocidas les imputan delitos con penas menores, a los trabajadores los amenazan con perpetua y serán juzgados por delitos como homicidio calificado y coacción agravada en concurso real, que es mucho más de lo que les imputan a muchos genocidas. Esto se inscribe en una política cada vez más dura por parte de la justicia y del Gobierno de criminalizar la protesta social y descargar todo el peso del Código Penal sobre los luchadores, además de infiltrar las organizaciones políticas y sociales como ya lo hicieron con el ‘Proyecto X’”, concluyó Bregman.

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