(17/06/2013 – PTS/Frente de Izquierda) En el día de hoy se inicia un juicio contra trece trabajadores petroleros en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, acusados de homicidio calificado y coacción agravada a raíz de la pueblada del año 2006 donde murió el policía Sayago. Al respecto, Myriam Bregman, abogada del PTS ycandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista del Frente de Izquierda, denunció que “los trabajadores petroleros de Las Heras serán juzgados a siete años de los hechos en una causa armada, que fue declarada nula en dos oportunidades y donde se les hacen imputaciones muy graves: homicidio calificado y coacción agravada. Al menos seis de los petroleros fueron brutalmente golpeados y sufrieron torturas en la comisaría donde se los mantuvo detenidos hasta 2009, todos en localidades alejadas de sus familias. Denunciamos que estamos ante una causa armada para disciplinarlos y criminalizar la protesta”.

Además, Bregman, quien también es denunciante del “Proyecto X”, anunció que “participaremos de la movilización que se realizará hoy a las 17 desde el Obelisco a la Casa de la Provincia de Santa Cruz. Además, nuestro compañero Carlos ‘Charly’ Platkowski, delegado de LAN, militante del PTS y abogado del CeProDH, viajó a Caleta Olivia a acompañar a los trabajadores perseguidos”. Y apuntó: “Participaron de una pueblada en Las Heras en febrero de 2006, que reclamaba el convenio petrolero, mejores condiciones de trabajo para los contratados de la UOCRA y el no pago de ganancias para los efectivos. La respuesta fue la criminalización y una causa armada en forma vergonzosa, para la cual fue necesario un fuerte respaldo político y un poder judicial completamente cómplice y antiobrero”.

“Mientras a decenas de genocidas les imputan delitos con penas menores, a los trabajadores los amenazan con perpetua y serán juzgados por delitos como homicidio calificado y coacción agravada en concurso real, que es mucho más de lo que les imputan a muchos genocidas. Esto se inscribe en una política cada vez más dura por parte de la justicia y del Gobierno de criminalizar la protesta social y descargar todo el peso del Código Penal sobre los luchadores, además de infiltrar las organizaciones políticas y sociales como ya lo hicieron con el ‘Proyecto X’”, concluyó Bregman.

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