La denuncia que presentamos da cuenta de todo un trabajo de seguimiento e infiltración que hace la Gendarmería Nacional, con sede en Campo de Mayo (lugar simbólico, ya que allí funcionó el Batallón 601 durante la dictadura). Ese seguimiento se centró en lo que fue el conflicto de Kraft y algunos otros de la zona norte del Gran Buenos Aires, una gran concentración obrera de la provincia.

Hicimos un trabajo de desmenuzar distintos expedientes judiciales en las que estas tareas de inteligencia y estos informes se van blanqueando, va apareciendo información de a poquito a medida que tienen la necesidad de incriminar a algunos de los dirigentes obreros de las fábricas de Zona Norte.

Y también vimos que van haciendo una selección de la información, alguna deciden blanquearla y otra se la guardan. Elia Espen y Victoria Moyano aparecen vigiladas por la Gendarmería, pero a ellas no las imputan. Nos podríamos preguntar por qué, si objetivamente estaban en el mismo lugar donde se estaba produciendo el “delito” de interrupción del tránsito. Evidentemente hay una decisión política de a quién dirigir la persecución, que se relaciona con algo que venimos afirmando hace tiempo: que el delito de corte de ruta directamente es una criminalización de la protesta, no tiene ninguna otra aplicación. Ningún fiscal instruyó nunca una causa por interrupción del tránsito cuando se larga, por ejemplo, el rally Dakar en Buenos Aires y cortan todas las calles del centro. El corte que molesta es el que se produce por una manifestación pública.

Y el origen de este delito tiene que ver con las huelgas ferroviarias que se produjeron unos años antes de la dictadura de Onganía donde, por el peso que tenía entonces ese transporte y en el contexto de esas luchas, se penaba el corte de las vías. Eso se fue haciendo extensivo y al día de hoy se pena toda manifestación que interrumpa el tránsito. Una cosa delirante desde cualquier punto de vista. Cuando estaban reclamando los trabajadores de Kraft para no morir por la Gripe A, se terminó poniendo el derecho a la salud por debajo del derecho a transitar.

Hoy se están proponiendo reformas a la llamada “ley antiterrorista”1. En general son preventivas (aunque algunos artículos tienen alguna aplicación concreta en la actualidad). Lo que está haciendo el kirchnerismo, en un alineamiento completo con la política de EE.UU., es aprobar una serie de legislaciones, algunas de las cuales ya se discutían desde la época de De La Rúa. El salto punitivo que se ha tenido durante el kirchnerismo es incomparable. Algún día, cuando se estudie el Código Penal y se vean las reformas introducidas por el kirchnerismo, como la duplicación de las penas (con las llamadas “leyes Blumberg”), la eliminación del 2 x 1 y toda la reforma de las leyes antiterroristas, se lo va a terminar ubicando en un lugar claramente represivo.

Las leyes antiterroristas son una preparación para futuras luchas de los pueblos. Por eso EE.UU. está interesado en que se voten ahora, más allá de que parte del articulado todavía no lo van a aplicar. Pero quieren tener esas herramientas como una decisión previa.

En la historia argentina ha pasado tantas veces: el Código Penal se reforma ante futuros procesos de lucha. Como pasó en 1974 con las tomas masivas de fábrica, cuando el Código Penal ya venía preparado desde enero de ese año, impulsado por Perón, para aplicarlo cuando los trabajadores salieran a manifestarse, a realizar huelgas y tomar fábricas.
Con esta denuncia estamos pidiendo que se investigue a aquellos que tienen los medios, porque esto es apenas lo que nosotros vemos. Queremos saber qué hay detrás de esta persecución de la Gendarmería en un momento particular, ya que todos vemos que las calles de Argentina se están poblando de gendarmes. Decir que estos gendarmes espían y realizan tareas ilegales hace la denuncia mucho más urgente. Por eso se da la solidaridad enorme que ya hemos recibido, y que seguro se seguirá ampliando.

Y continúa la lucha por el cierre de todas las causas y por la absolución de los condenos ya que hay compañeros condenados en el marco de la criminalización de la protesta de los últimos años.