¿Cómo estás viendo las repercusiones que tuvo el video del llamado “gendarme carancho”?
La repercusión que tuvo hizo que millones vean el verdadero rostro de la Gendarmería, esa fuerza que el gobierno quería preservar y hacer pasar como distinta a las demás, no corruptas, que está para “cuidar a los vecinos”. No, está para cuidar los intereses de las empresas, de las multinacionales como Lear.
Lo más grave, además del accionar del comandante Juan Alberto López Torales, es la presencia de este militar infiltrado, el coronel Roberto Galeano, el “canoso de barba”, que oficiaba de coordinador de las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Estaba a cargo del operativo de seguridad desplegado por la Gendarmería Nacional el 30 de julio en la Panamericana, el día en que Torales finge ser atropellado. Esta infiltración, que venimos denunciando desde que descubrimos el llamado Proyecto X, es muy grave y vemos que continúa, con total impunidad, pero fue tanta la repercusión que tuvo con las notas de Horacio Verbitsky denunciando quién es este hombre, que tuvieron que echarlo para enfriar un poco tanto escándalo. ¡Es nada menos que un comando formado en inteligencia y contrainteligencia!
Se paseaba como uno más entre los trabajadores, luego daba instrucciones y señalaba a los efectivos indicando a qué manifestantes detener. Y una vez descubierto fue rescatado por sus compañeros gendarmes.

¿Estás conforme con la destitución de Galeano?
Como te decía, a Galeano lo desvinculan para no seguir alimentando el escándalo, porque Berni lo defiende y lo defendió públicamente, como lo hace la ministra de Seguridad que titubea cuando le preguntan por este caso. Y al mismo tiempo, Sergio Berni sigue en su cargo por decisión de Cristina Fernández. La definición presidencial es clara: mantenerlo y sostener entonces su política de criminalizar la protesta y acá no tengo la menor duda, hay un salto, ya que se está militarizando el tratamiento de la protesta social. Si la presidenta opina en contrario, tiene que pronunciarse.

¿Cómo está actuando la justicia frente a esto?
Estos hechos fueron el 30 de julio y el 4 de agosto presentamos videos y fotos y el pedido de sobreseimiento de Christian Romero, el conductor de auto, imputado por lesiones y resistencia a la autoridad, una causa armada. Esa prueba documental, videos y fotos tomados por fotógrafos de Contraimagen y TVPTS que le entregamos al fiscal Molina Pico, demostraba el accionar ilegal de Gendarmería y la infiltración. Sin embargo, el fiscal no tomó ninguna medida contra la Gendarmería y por el contrario siguió su imputación contra Christian.
Parece que el Ministerio de Seguridad se impone también en los tribunales, al punto tal que sin ser parte de las causas, tiene acceso a ellas y les da impulso, entrega ‘pruebas’, es decir, tiene un fuerte manejo de los juzgados.
Y en el caso de Molina Pico estamos pidiendo que explique por qué, si siendo manifestaciones que se dan en ámbito federal, la Panamericana, actúa él, un fiscal de provincia, y no la justicia federal. Molina Pico tiene muchísimas causas contra obreros de la zona norte y un especial encono contra los trabajadores, su sensibilidad es más bien la de los empresarios y de las fuerzas represivas.
Hemos presentado denuncias sobre el accionar de Gendarmería en todas las represiones que se sucedieron, por los compañeros presos y lastimados, muchos de ellos con secuelas y por su actuación cuando detuvieron a María Victoria Moyano, nuestra compañera, que es nieta restituida, presa junto a Guillo Pistonesi, Patricio del Corro y María Chaves.
Actúan, por más que la ministra Rodríguez diga lo contrario, violando gravemente el protocolo de actuación en manifestaciones firmado por Garré y Cristina Fernández.

¿Qué otros pasos van a dar?
Junto con el equipo de abogados del CeProDH, con Edgardo Moyano que es abogado de los trabajadores de Lear, seguimos denunciando no sólo el accionar represivo sino que siguen en la calle 60 familias que quieren entrar a trabajar y que los delegados, fraudulentamente destituidos por el SMATA, son hostigadas permanentemente dentro de la fábrica por la patronal y la patota.
Hoy vamos a hacer un amparo administrativo sobre estos hechos en el Ministerio de Trabajo, y ampliaremos la denuncia penal contra el SMATA por estos graves hechos.
Estamos mostrando que de nuestra parte no vamos a detenernos un minuto hasta lograr que su lucha triunfe y que sean desbaratadas todas las maniobras de la justicia y los que nos reprimen.
Tenemos que exigir que se derogue el artículo 194 del código penal, con el que se criminaliza y penaliza a los luchadores bajo el supuesto delito de entorpecer las vías de comunicación. Este artículo de la dictadura de Onganía se usa con ese solo fin, que es tratar a la protesta como delito. Por eso una gran parte de los luchadores procesados lo está bajo esta figura penal. Por eso hay que derogarlo, junto a todos los otros que utilizan para penalizar a los que reclaman y defienden sus derechos avasallados.
Y no puedo dejar de decir que esto va de la mano de nuestra lucha por el desprocesamiento de todos los luchadores encausados y la libertad de los detenidos.