Cristina Kirchner y los presidentes latinoamericanos que estrecharon la mano de Alvaro Uribe, sellaron un pacto de convivencia con el Terrorismo de Estado. En los últimos años en Colombia desaparecieron 15 mil personas y fueron asesinados más de 2.500 dirigentes sindicales. La masacre contra 20 miembros de las FARC, en territorio de Ecuador, es parte de un plan sistemático, financiado y monitoreado por EE.UU., el Plan Colombia. La declaración del Grupo Río no condena la masacre ni hace mención al plan de Bush.

En tanto, la Embajada de EE.UU. impuso en Argentina las llamadas “leyes antiterroristas” que Kirchner envió al Congreso y el PJ y la UCR aprobaron. La última de ellas (Ley 26.268) afirma que es un “terrorista” el que forme parte de una organización que “intente mediante la comisión de delitos” (por ejemplo ocupar el lugar de trabajo) “obligar a un gobierno u organismo internacional (...) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Un juez podría culpar de “asociación ilícita terrorista” a los organizadores de huelgas o manifestaciones que impidieran una ley como la reforma laboral de la Banelco o exigieran la renuncia de un gobierno que haya asesinado a un maestro.

El 24 de marzo marchamos a Plaza de Mayo

Contra el Plan Colombia. Por la anulación de las leyes “antiterroristas”. Alto a la represión y las patotas contra los que luchan, enviadas por el gobierno, las patronales y la burocracia sindical como en el Casino. Para que triunfen los obreros de Mafissa contra la emblemática patronal de la familia Curi, colaboracionista con la dictadura. Por la aparición con vida de Julio López. Por el juicio y castigo a todos los milicos, empresarios, curas y políticos que ejecutaron y promovieron el genocidio en la Argentina.

PTS - Partido de los Trabajadores Socialistas