¿Cuáles son las novedades en la causa?

La jueza dispuso el procesamiento con prisión preventiva de los siete detenidos por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa (tres hechos) más coacción agravada (por las amenazas a los periodistas y camarógrafo que estaban en el lugar). Es lo mínimo que podía hacer, porque está probado que se trató de un plan criminal con un acuerdo previo y la aceptación de los resultados por todos los involucrados.

Pero aunque la jueza resolvió bien la intervención, como coautores, de las siete personas detenidas –sin descartar otros identificados pero no indagados, como tendrían que ser Amuchástegui, Fernández o Pedraza, y muchos aún no individualizados-, no alcanza con estos procesamientos.

Yo entiendo que es muy clara la relación de coautoría que hay entre los tres estamentos responsables: la empresa UGOFE, la burocracia sindical de la UF y finalmente el propio gobierno, lo que llamamos una triple alianza antiobrera.

Basta escuchar el testimonio del jefe del operativo, comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, que es el jefe del Departamento de Control de Línea de la Superintendencia Federal de Transportes, que relata todo el dispositivo que ellos llaman de prevención para impedir la interrupción del servicio, una vez enterados de la manifestación, que empezó a implementar junto con la división Roca, San Martín, Belgrano, con una división de video operativo, con un grupo de servicios especiales de seguridad ferroviarios, etc. Cuenta que ya estaban en Avellaneda a las 10.30 hs. y había 120 hombres de la UF que decían que no permitirían ningún tipo de corte. Este comisario dice que entre las 11.30 y las 12hs.
había terminado la reunión de los grupos de izquierda que empezaron a marchar por las calles Pagola y Bosch, en forma paralela a la vía, que a esa altura corre por un terraplén superior, y que por este terraplén iban los hombres de la UF, atrás de ellos la Policía Federal, y detrás de los compañeros estaba la Policía Bonaerense. Cuenta todos los detalles y dice que se produce un primer enfrentamiento, en principio verbal después tirando piedras contra los manifestantes, situación que él “hizo cesar sin violencia”. Después dice que el grupo de izquierda tomó por la calle Luján hacia Vélez Sarsfield, ya estaban en Capital Federal, y alrededor de las 13.50 hs. bajan del terraplén los de la UF, por Luján y por la calle Santa Elena. Es decir que el mismo comisario reconoce que ya no había peligro de corte de vías y por ende el ataque de la patota se trató de una emboscada cuando los compañeros se retiraban. Después dice que vio a Pablo Díaz que “en forma ostensible daba directivas”, y ahí no sabemos si se agachó para atarse los cordones de los zapatos, o qué le paso, pero lo siguiente que dice en su declaración es que “más tarde tomé conocimiento de los lamentables hechos”. Lo que más interesaba de su testimonio era lo que pasó cuando se produjeron los disparos que causaron la muerte de Mariano y varios heridos, pero el tipo no vio nada.

El auxilio de los heridos fue hecho por una ambulancia particular que pasaba de casualidad. No cierra la escasísima presencia policial, reducida a tres móviles de la comisaría 30, cuando Mansilla dijo que poco antes había una enorme cantidad de policías desplegados en el lugar. Esta declaración pinta de cuerpo entero de qué estamos hablando en esta causa. Esto es soslayado por la jueza, que se limitó a ordenar la formación de una nueva causa, que delegó a la fiscalía, para investigar el “incumplimiento de la tarea de prevención”, cuando de lo que se trata es, justamente, de coautoría en el plan criminal.

Párrafo aparte son las situaciones insólitas sostenidas por la jueza Wilma López. Al día siguiente de levantar el secreto de sumario, mientras los diarios publicaron las novedades comentadas por las querellas y los defensores, la jueza conminó prácticamente a juramentar a todos los abogados mediante un compromiso por escrito porque no se podían dar informes a la prensa respecto de los detalles de la causa. A mí no me lo planteó, pero si lo llegara a hacer va a recibir la respuesta que corresponda, más allá de la sanción que yo pudiera recibir. O una causa es pública o está en secreto de sumario. La jueza hasta hizo sacar periodistas del pasillo del tribunal porque estaban hablando con un abogado.

¿En qué situación están los dirigentes de la UF?

Está completamente acreditado que el grupo que atacó a los compañeros fue dirigido por Pablo Díaz, el reclutador de la patota que incorporó barras bravas con servicios anteriormente prestados, quienes dijeron que “se conocían de actos como el de Moyano en River”. A Díaz le daba instrucciones por handy el “Gallego” Fernández, el segundo de la UF, quien a su vez estaba en contacto permanente con José Pedraza, como admitió él mismo en su declaración testimonial en carácter de testigo de la causa. Pedraza confiesa que cuando tomó conocimiento de la manifestación de los tercerizados, se comunicó con el secretario de Transporte Schiavi, para que “tomara la intervención correspondiente”. Obviamente, Schiavi tomó la “intervención correspondiente” y le dijo a Pedraza lo que tenía que hacer, y habrá hablado también con el Ministerio de Justicia, Seguridad y DD.HH. y con el gobernador Scioli para que tanto la Policía Federal como la Bonaerense también supieran lo que tenían que hacer. El caso está bastante claro, lo que falta es ponerle el cartelito con el nombre a cada uno de los actores en juego. En oficinas de la UF se secuestraron dos tonfas policiales, en Ferrobaires se secuestró una caja con 50 municiones Colt 45 y varias cajas de otro tipo de munición, todas calibre 45, algunas con punta hueca, estrictamente prohibidas. Está corroborado que hubo por lo menos tres armas de fuego en el lugar, dos 38 y una 22.

¿Qué responsabilidad tienen la empresa y el gobierno?

A partir del testimonio de trabajadores del ferrocarril no encuadrados en la UF, averiguamos (y lo ratifican algunos testigos en la causa, entre ellos el arrepentido que llevó a declarar el ministro Alak, aportado por el intendente de Quilmes, que es uno de los asesinos que estuvo sobre el terraplén) que buena parte de la patota fue reclutada entre quienes formalmente prestan servicios en los talleres de Escalada. Hay entre 400 personas que fueron incorporados como trabajadores de Ferrobaires o de UGOFE, pero que no tienen tareas de ferroviarios sino que se pasean armados y hacen estos trabajos sucios. La empresa no solamente autorizó la salida de personas que debían estar en su horario de trabajo en su sede sino que además lo hizo por escrito formalmente, hay un intercambio de comunicación entre la empresa y la UF para que estas personas no pierdan el presentismo. La sociedad entre la empresa y la UF es inescindible, a tal punto que el propio Pedraza ha sido empresario del transporte ferroviario a través de su mujer en la administración previa como socio junto con Franco Macri, capitales chinos, la Fraternidad de Maturano, etc.

El gobierno fue el que garantizó la impunidad y facilitó los medios para la comisión del hecho. Por un lado con la policía, generando una zona liberada y cuidando las espaldas de la patota, garantizándoles que pudieran llegar a su objetivo, y que pudieran retirarse con absoluta seguridad, con policías que casualmente no ven nada de lo que ocurrió.
Hubo un diálogo permanente entre la secretaría de Transporte, la empresa y la UF, porque los tres tenían intereses comunes.

¿Cómo es posible avanzar para que vayan presos todos los culpables?

Tenemos siete presos porque la forma en que se produjeron los hechos, con un canal de televisión ubicado en el lugar, permitió contar con un material crudo para ver de qué lado estaban las armas. Pero fue muy importante el empuje de la movilización inmediata, Mariano cae entre las 13.38 y las 13.45 hs., y a las 14.30 ya éramos entre 500 y 600 los que estábamos cortando Callao y Corrientes. Esa inmediatez en la reacción, la masividad y la marcha de ese día a Constitución fueron muy importantes. Pedraza cuenta que en ese momento estaban en una actividad en la UF y levantaron todo por temor.

Esa reacción popular inmediata, sumado a que dejaron huellas por todos lados, hizo avanzar, aunque más no sea en la autoría material del asesinato. Pero ni la justicia ni el gobierno quieren pasar más allá. Es equivalente a la situación de Mathov, que estuvo preso por los hechos del 20 de diciembre y que sigue procesado a esta fecha, y todavía seguimos peleando con De la Rúa, que fue sobreseído la semana pasada.

La reacción popular inmediata me hizo recordar mucho a la movilización en Puente Pueyrredón tras el asesinato de Kosteki y Santillán, en cuanto a la gran cantidad de gente no encuadrada en organizaciones que marchó ese día. Es cuando la movilización genera un problema mayor al que quieren evitar que se avanza en los resultados procesales. Por eso, si bien los resultados dependen de muchos factores, el determinante es la movilización popular.

Mariano no es el primer manifestante asesinado en el curso de este año. Es un tema que debería obligar a todas las organizaciones a replantearse su posición frente a la cuestión de la organización antirrepresiva y la necesidad de contar con un programa que incluya su auto defensa para también poder responder a estos ataques.