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Tras la pirotecnia nacional y popular, se garantiza el negocio a las petroleras

Publicamos una versión sintetizada del análisis realizado por un trabajador petrolero sobre el último aumento en los combustibles y las ganancias de las empresas del sector.

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20 de febrero 2014

Tras la pirotecnia nacional y popular, se garantiza el negocio a las petroleras

La apurada medida de Kicillof de poner un tope del 6% en la suba de combustibles junto con la amenaza de fijar un dólar petrolero (de la cual retrocedieron por la resistencia de las provincias afectadas), es más un anuncio de fuegos de artificio que una medida para la contención de los precios. La misma lógica que siempre mantuvo el kirchnerismo de dejar los grandes negocios en manos privadas, aunque se trate de recursos estratégicos, termina imponiendo siempre las soluciones de “mercado”. Las provincias secundan a las empresas imperialistas en el tironeo por la renta petrolera. Un dólar petrolero a $6,80 implicaba una baja directa en las regalías de las provincias, que ya están gastadas a cuenta; por lo menos eso figura en los papeles, porque increíblemente las provincias petroleras tiene déficit. Hablan de un 13% de pérdida en la liquidación; según Buzzi, Chubut Perdería $192 millones.

El gobierno nacional a través de la política de precios y el archivado dólar petrolero también intenta una captación de renta, transferida a las patronales. A pesar del discurso de mitigar la suba en el bolsillo de los trabajadores, en los hechos apunta con esto a moderar las aspiraciones salariales. Es parte de una política de “ancla salarial” que “cuida” las ganancias de las empresas.

¿Qué control se realiza sobre la operatoria en el mercado local de los grandes monopolios internacionales de energía?

La respuesta es: ninguno. Mientras que los distintos gobiernos aducen problemas de infraestructura y demás, la realidad que el "control" de extracción y producción de petróleo y gas, se realiza por medio de los propios balances contables de las empresas. Fuera de esto, no han avanzado en ningún método de control nuevo sobre las empresas, a pesar de que hace casi dos años el por entonces viceministro Kicillof anunció un nuevo régimen energético. La realidad es que el eje de la política económica radica en la llamada Ley Corta, en la que cede el control de los recurso del subsuelo, todos no renovables, a las provincias, lo que le da la libertad de negociación de contratos y condiciones (el único país que aplica lo mismo es Canadá, en todos los demás los recursos no renovables son prioridad del Estado nacional). Como fue con Chevron, si bien en este caso la gestión la realiza el gobierno nacional, la aprobación es del gobierno provincial. En 2009 Pan American Energy (PAE) llegó a extraer el 60% de la producción argentina; realizó un pago para la renovación de concesiones de las áreas que explota hasta el 2020 en Santa Cruz por $121 millones. Para tener un marco de referencia, según informa PAE, para el primer trimestre de este año calcula una caída de sus utilidades, lo que le daría la cifra de $465 millones de ganancia, contra $778 millones del 2011.

Las empresas de extracción de petróleo gozan de los beneficios de los subsidios y son principalmente exportadoras, incluso las refinerías, porque si bien la capacidad de producción de gasoil y naftas para el mercado argentino es limitada, el resto de lo que se produce en la propia refinación, es exportado a precio internacional y con sólo un 5% de retenciones.

Una suba en boca de pozo a su vez se traslada a toda la cadena precios; en el caso del aumento anterior se había pactado que llegara a los surtidores seis meses después, como el actual escalonamiento. Cuando el aumento llega a los surtidores comienza el circo mediático con las petroleras por las subas previamente pactadas, al igual que en la distribución, que son acordadas una vez al año entre el Ministerio de Planificación y las petroleras.

La última suba de precios de 2013 tuvo un condimento adicional: el incendio de la destilería de YPF en Ensenada, fruto de la desidia y falta de inversiones tanto de Repsol como de la “nacional y popular” Chevron YPF. Dicho incendio dejó la planta casi al 50% de su capacidad de producción, sin contar las consecuencias que tuvo en la zona y en los trabajadores, que aún hoy son turbias. Esta caída de producción complicaba el período de adaptación por el que estaba pasando la empresa recientemente sacada de manos de Repsol, lo que repercutió en Shell, la segunda del mercado (17% del mercado y en ascenso). A pesar de los recurrentes ataques mediáticos, el gobierno acudió a esta empresa para que cubriera la demanda, porque también Esso (hoy Axion Energy) está en plena remodelación luego del traspaso de la firma.

Hoy Shell, con dos pozos de extracción de no convencionales (1) que están operando desde hace dos años (ventaja sobre Chevron) se convierte en necesaria para el gobierno. A pesar de la pirotecnia mediática, la última suba de precios se discutió por "necesidad" de todas las petroleras y sobre todo de YPF. Ésta última necesitaba recaudar todo lo que pudiera para sus reparaciones en Ensenada (porque de tocar las ganancias ni hablar); como suele tener los precios más bajos, aprobaron equiparar los precios con los más altos hasta ese momento. El techo en la mayoría de los casos lo tenía Oil Combustibles, empresa del patagónico Cristóbal López, la que se suponía iba a tener los precios más bajos en un acuerdo previo con el gobierno. Así arrancó la suba, pero en el medio de esto se dispara el dólar, o se devalúa la moneda casi un 23%. Esto influyó en un sector que está dolarizado (sus precios, no tanto sus costos) ya que como toda empresa que exporta e importa respira dólares. Todo esto favoreció la argumentación de la corrida del precio, a pesar de que las empresas vienen sustituyendo insumos importados por locales, con lo cual su estructura de costos daría menos fundamentos para el aumento que buscan imponer (2).

En todo este período los sueldos de la industria siempre estuvieron por debajo de los techos estipulados por el gobierno, nunca superaron el 25% en cómodas cuotas por paritaria. La realidad es que la industria, desde la extracción hasta la refinación, genera en Argentina una “renta formidable” y tiene una altísima tasa de explotación de la fuerza de trabajo. Distintos especialistas estiman que el costo de producción de un barril de crudo en Argentina ronda de 17 a 20 dólares y lo venden de 60 a 80 dólares, dependiendo la calidad del crudo. En la refinación, se compra el crudo a un 30-40% menos que el precio internacional; con pocos insumos importados, la mayoría de los costos son en pesos, y sacando el cupo de venta al mercado local, el resto se exporta a precio internacional. Si no se produce más es por la falta de refinerías y de inversiones de las empresas, que exprimen al máximo su capacidad instalada sin expandirla.

Después de esto tenemos a la Presidenta que nos acusa a los trabajadores petroleros de ser un sector privilegiado, que no se nos ocurra reclamar, entre líneas podría leerse: "si no te va a pasar como a los petroleros de las Heras", mientras esta industria nos mata de apoco contaminándonos a los trabajadores y a los habitantes de los lugares donde están las plantas. El gobierno autoriza una línea de crédito especial de $ 8.500 millones para sostener sus "gastos de capital", mientras que un trabajador no puede acceder a un crédito para su casa propia.

Hay que pensar cómo sería poner todos estos recursos en manos de los trabajadores; es por esto también que nosotros peleamos y defendemos a los trabajadores de Las Heras de este gobierno, de los Pereyra, Peralta, Roberti, Aranguren o Galuccio, todos funcionarios o burócratas sindicales con intereses opuestos a los nuestros.

Por eso es necesario plantear la expropiación y estatización sin pago de todo el complejo petrolero y gasífero, desde la extracción hasta la refinación, y su puesta a producción bajo control de sus propios trabajadores, con participación de los habitantes de sectores afectados por las consecuencias ecológicas de la explotación. Con los recursos de la renta petrolera no sólo se puede garantizar acceso a combustibles a precios adecuados a toda la población y sectores productivos. También, junto con la creación de impuestos específicos a las grandes fortunas (y a otras rentas como la agraria) se podría emplear a miles de desocupados, construir cientos de hospitales y escuelas, viviendas populares, entre otras medidas.

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