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(Nota exclusiva en internet)

Torturas en la Vucetich

“Lo mantuvieron doce horas en una pileta, lo hicieron arrastrarse a gatas cuatro kilómetros y le clavaron agujas en las manos” acusó la familia. El joven terminó internado en el Hospital San Juan de Dios de La Plata.

Miguel Raider

29 de abril 2010

“Es mi naturaleza” dijo el alacrán al sapo, después de inyectarle una dosis mortal de veneno, a pesar de haberle prometido no picarlo si lo cruzaba hacia la otra orilla del río.

La moraleja de la fábula puede trasladarse a la policía, una institución de naturaleza asesina que constituye la principal fuente de inseguridad de la población civil. Prueba de ello es el nuevo escándalo desatado en la Policía Bonaerense tras la denuncia presentada por Carlos Ferreira, un joven de 19 años que fue sometido a torturas mientras cursaba como cadete en la Escuela de Policía Juan Vucetich.

“Lo mantuvieron doce horas en una pileta, lo hicieron arrastrarse a gatas cuatro kilómetros y le clavaron agujas en las manos” acusó la familia. El joven terminó internado en el Hospital San Juan de Dios de La Plata con descompensación física, alta tensión arterial, falta de contención de los esfínteres y severas lesiones en las piernas. La denuncia fue respaldada por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria, cuyo titular, Cipriano García, especificó que la permanencia en agua fría es una “práctica común” para borrar los rastros de los golpes.

El jefe de la Bonaerense, Juan Carlos Paggi, ordenó una investigación, pero rápidamente el titular de la Auditoría de Asuntos Internos, Manuel Sandberg Haedo, desestimó la veracidad de la denuncia. Después del caso Pomar, la familia que yació desaparecida durante 24 días a la vera de la ruta 31 sin que la Bonaerense se tomara siquiera la molestia de buscarla, nadie medianamente sensato puede creer en las “investigaciones” de la Bonaerense y el Ministerio de Seguridad de Stornelli y el gobernador Scioli. Sin embargo, la secretaria de DD.HH. provincial, Sara Derotier de Cobacho, admitió varias denuncias anónimas sobre torturas y vejámenes en la Bucetich como “modalidad habitual”. ¿Qué otra cosa podría esperarse de una escuela de asesinos?

Según un informe elaborado por el Ministerio de Seguridad bonaerense, el 25% de la Bonaerense fue sumariado por delitos de diverso orden, es decir que oficialmente 13.619 efectivos de los 54.000 que componen esa fuerza tienen sumarios por corrupción, apremios ilegales, homicidios, etc. Aún antes de nacer, esa naturaleza criminal cobró dimensión en la Policía Metropolitana de Macri con el procesamiento por escuchas ilegales de sus dos primeros jefes, los ex comisarios “Fino” Palacios y Osvaldo Chamorro, y el espía Ciro James. Más tarde, su nuevo titular, Eugenio Burzaco, se vio obligado a expulsar a ocho jefes superiores que integraban la cúpula a raíz de denuncias por protección ilegal a prostíbulos, peculado y homicidio culposo, sin tomar en cuenta las denuncias presentadas por diversos legisladores que acusan a muchos metropolitanos de haber integrado los grupos de tareas de la dictadura militar, del mismo modo que los 9.026 efectivos de la Bonaerense que proceden de ese período nefasto.

A pesar de las “purgas” lanzadas por el derechista Stornelli y el “progresista” Arslanian (ex ministro de Seguridad de Felipe Sola), la policía sigue dando pruebas de ser una banda de delincuentes irreformable, una burocracia de gatillo fácil siempre presta a reprimir a los que sufrimos las consecuencias de la descomposición social que generan los capitalistas. Su disolución es una tarea irrelegable para preservar los intereses de las grandes masas populares.

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