Luego de la expropiación el gobierno busca armar un plan para que YPF S.A. no sea una nueva Enarsa, es decir, un importador masivo de combustible. Intenta alguna alquimia para que la empresa produzca más sin poner un peso del Estado. Todos los fondos que se puedan sacar a la compañía irán en lo inmediato a la compra de combustible, sin dejar margen a la inversión. Por eso, acerca nuevos jugadores, varios de los cuales ya actúan en el negocio y son tan saqueadores como Repsol. Entre los que se mencionan están la yanqui Exxon; la francesa Total, que ganó más de $1.000 millones entre 2008 y 2010, pero redujo 10% la extracción. Pan American Energy, que en un 60% pertenece a los “piratas” de la British Petroleum y en un 40% a Bulgheroni, amigo de los K. Esta ganó más de $5.000 millones entre 2008 y 2010 y sólo en 2011 exportó por U$S 4.000 millones, pero también disminuyó la producción de petróleo y gas. Hay que expropiarlas a todas sin pago y conformar una empresa estatal única bajo gestión de los trabajadores.
 
Sin cuestionar las ataduras con el capital imperialista

Los recursos no convencionales sólo podrían transformarse en reservas explotables con una fuerte inversión (que podría alcanzar los U$S 25.000 millones). El gobierno ganó el control sobre las reservas de Vaca Muerta, pero no tiene ni dinero ni tecnología para volverlas explotables. Por eso, se disponen a abrir las puertas de nuevos acuerdos con otras petroleras. No se trata de cuestionar la legitimidad de cualquier acuerdo que permita conseguir tecnología. Pero esperando que sean los inversores externos los que resuelvan los problemas del país, se parte de una débil posición que obligará a mayores concesiones, como ajustar los precios para terminar de acercarlos a los internacionales y garantizar las remesas de utilidades. La Exxon pidió en la reunión del 25/4 que se le asegure “estabilidad fiscal y precios razonables de retorno”.

La “soberanía hidrocarburífera” que podría conseguir el gobierno en estas condiciones no augura buenas perspectivas. Aunque emulando a Frondizi, podría recuperarse en algunos años el autoabastecimiento perdido en 2011, este resultado aislado, en un país donde el capital extranjero representa más del 80% de las 500 grandes empresas, sería a costa de un nuevo pacto de dependencia con el capital imperialista.

El “interés público”… por la renta hidrocarburífera

Aunque el proyecto declara “de interés público” el “autoabastecimiento”, y algunos interpretan que el sector ya no estará regido por la lógica de la ganancia, esto no tiene asidero. El gobierno, tras este discurso aspira a apropiarse de una renta que podría aumentar de forma sideral con los yacimientos de Vaca Muerta. Nada hay en la ley que prometa un cambio en favor de las necesidades populares. Sólo el 23% del gas se consume en los hogares. Según el Censo 2010, el 45% de los hogares del país no tiene acceso a la red de gas y el 47% no tiene cloacas. Las necesidades de vivienda alcanzan a más de 3,5 millones de hogares. Las cuestiones “olvidadas” de la infraestructura nacional son “detalles” que poco preocupan a los K o a la burguesía local, como cualquier consideración “soberana” o las consecuencias ambientales de la megaminería.
 
Las ganancias son de ellos, las penurias son nuestras

Durante estos años, el Estado estableció algunas restricciones a los privados, especialmente en los servicios públicos, pero sin revertir ni el manejo privado, ni la presencia del capital extranjero en vastas áreas. Como se probó en la energía, y más dramáticamente en el transporte, esta combinación de “Estado [burgués] + mercado” ha sido catastrófica. En el caso de los servicios públicos, el sector energético y combustibles, el Estado sólo hizo la vista gorda ante la evidente desinversión, mientras proveyó fondos para garantizar la rentabilidad. Es decir, una rentabilidad lograda a condición de no invertir, con el aval del Estado.

Hace un tiempo, algunos periodistas se ilusionaban con que vendrían las reformas de “segunda generación”, como la vivienda (J. Natanson, Le Monde Diplomatique, 11/2011). El crimen social de Once y los muertos en la última tormenta, muestran lo falaz de estas ilusiones. Toda la infraestructura, tanto aquella cuya manutención depende de las obras del Estado como la que está en manos privadas, se halla en estado calamitoso. El “gran proceso de transformación progresiva” con el que se entusiasman algunos oficialistas (L. Bruschtein, Página/12, 21/4) consistió sencillamente en ocultar estos problemas con un mar de subsidios sin control. Los costos de esta estrategia recaen sobre los trabajadores, que pagan incluso con sus vidas los requerimientos para garantizar la acumulación de capital. ¿Qué impide estatizar todo el transporte bajo gestión de sus propios trabajadores, echando a Cirigliano de TBA y a los Roggio del subte?

El accionar de estas empresas es la expresión más aguda de lo que hacen los sectores más concentrados de la burguesía (nacional y extranjera) y que algunos investigadores caracterizan como “reticencia inversora”. Mientras en las últimas décadas la participación de la ganancia capitalista aumentó en el PBI en detrimento del salario, esto no se tradujo en un aumento de la inversión acorde al crecimiento económico ni a las mejoras de la rentabilidad, pese a todas las carencias y los patentes cuellos de botella. El correlato ha sido la persistencia de la fuga de capitales que suma con los K casi 90 mil millones de dólares.

Un camino opuesto por el vértice al del gobierno

Aparte de solventar la ganancia empresaria mediante subsidios sin que esto se tradujera en ningún sensible aumento de la inversión durante los años de bonanza, con un importante superávit fiscal, éste se utilizó para pagar abultados vencimientos de la deuda pública, que este año se llevará u$s 6.000 millones sólo en intereses.

Entre otras medidas, se tiene que declarar el no pago de la deuda, nacionalizar los bancos y crear una banca estatal única, controlada por los trabajadores, para imponer un férreo control al movimiento de capitales y centralizar el crédito focalizándolo en sectores estratégicos cortando con la sequía crediticia que imponen los bancos para concentrarse en los rentables negocios que reflejan sus balances (en el último año sumaron ganancias por $11.000 millones). Esto también permitiría dar crédito barato para viviendas populares.

Pero estas elementales medidas de autodefensa nacional son apenas un primer aspecto para liberar recursos y encarar el autoabastecimiento energético. La renta agraria, que supera los u$s 10.000 millones que se reparten entre los terratenientes, cerealeras, semilleros, pooles y grandes empresas agropecuarias, debe ser íntegramente apropiada, mediante la expropiación de las grandes tierras y el monopolio estatal del comercio exterior. Lo mismo debe hacerse con la renta minera. Sólo con estas fuentes, en un año podría alcanzarse más de la mitad del valor necesario para inversiones en el rubro energético.

Este es un camino opuesto por el vértice al del gobierno. Expropiar el 100% de los recursos hidrocarburíferos, y no limitarse a una empresa dejando en manos de capitales extranjeros el 70% restante. Establecer un plan energético de conjunto, donde el “interés público” no sea una declaración de intenciones, organizando la explotación de las reservas de gas y petróleo, y su refinamiento, bajo gestión de los trabajadores. La expropiación de todas estas empresas y de la oligarquía terrateniente, junto a la estatización de la banca, que levantamos, no son para que estén bajo la órbita de la burocracia estatal, los De Vido y los Kicillof. Es necesario ponerlas bajo gestión de la clase trabajadora. Son premisas mínimas para poner todos los recursos que genera el pueblo trabajador en función de resolver sus propias necesidades, mediante un plan de obras públicas que ofrezca trabajo a todos los desocupados y apunte a los problemas de la vivienda, la falta de infraestructuras básicas, así como aumentar los presupuestos de educación y salud. Peleamos porque sean los trabajadores y sectores populares los que discutan cómo organizar el conjunto del aparato productivo en función de las necesidades sociales y no de las ganancias empresarias, ligando su destino a una perspectiva socialista en América Latina y en el mundo. No se trata de “imponer” este programa a la burguesía y su Estado, bajo cuyo dominio sólo podemos esperar que se profundice la dependencia. La aplicación de este programa para reorganizar la economía sobre nuevas bases reclama la movilización revolucionaria y un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo.