A pocos días de un nuevo aniversario del golpe militar más sangriento de la historia argentina, “el gobierno de los derechos humanos” se jacta de su política “no represiva” expresada en la creación del Ministerio de Seguridad bajo el programa del Acuerdo por una Seguridad Democrática, la nueva doctrina de Estado adoptada a instancias de la “izquierda kirchnerista”, en oposición a las políticas de mano dura del gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal.

Después de intervenir la obra social de la Federal, la ministra de Seguridad Nilda Garré adelantó el próximo descabezamiento de las cúpulas de las 53 comisarías de la Capital y la creación de un área que administrará las “cajas negras” de la policía. Asimismo fueron desplazadas las autoridades jerárquicas del penal de José León Suárez, que utilizaban las instalaciones como un desarmadero, obligando a los detenidos a robar vehículos utilizando el uniforme oficial del Servicio Penitenciario. Los kirchneristas se empeñan en destacar los pasos emprendidos por Garré orientados a terminar con la corrupción que genera el “autogobierno policial”, mediante el “control civil” de las fuerzas de seguridad y la participación comunitaria en los foros de seguridad con 600 ONG’s. Como saldo pendiente, el periodista y director del CELS, Horacio Verbitsky, sostiene la necesidad de cambiar el sistema de excarcelaciones así como el dictado de una ley de cupos, dadas las deplorables condiciones de hacinamiento que padecen los presos. De ese modo, bajo un barniz “reformista”, el Gobierno y la izquierda kirchnerista se distinguen de Scioli y sus políticas de mano dura.

Llama la atención el rescate de los foros de seguridad, las instituciones reaccionarias creadas por Menem y multiplicadas por Scioli que expresan la alianza entre la “ciudadanía” y la policía contra los “delincuentes”, apoyado sobre el “control comunitario” de las clases medias reaccionarias que criminalizan a los jóvenes pobres. Gracias a esos foros, Fernando Carrera fue condenado a 30 años de prisión, una historia de terror que inspiró el film The raty horror show de Enrique Piñeyro.

Por otro lado, resulta una desfachatez ignorar que “el modelo de acumulación con inclusión social” de los Kirchner incrementó sustancialmente la población carcelaria. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, entre 2003 y 2008 aumentaron en 8.000 los reclusos del Servicio Penitenciario Federal, superando un total de más de 60.000 detenidos, un crecimiento impresionante comparado con el exiguo aumento demográfico de la población y la sustancial baja de los homicidios dolosos. Obviamente, la predominante mayoría de los detenidos es pobre, sin condena y con 24 años de edad promedio. 

Pasos hacia la restauración del poder de fuego del Estado
Bajo el ropaje progresista, la Seguridad Democrática en realidad encubre otra forma de represión estatal. Desde un punto de vista estratégico, la Seguridad Democrática es una política que avanza pasos hacia la restauración del poder de fuego del Estado. Tras la caída de la dictadura militar, se abrió una profunda crisis de Estado, pues las clases dominantes no podían reprimir a las masas con las FF.AA., completamente desprestigiadas por el genocidio de 30.000 desaparecidos y la derrota en la guerra de Malvinas. Aunque incapaces de sustituir el rol histórico de las FF.AA., las fuerzas de seguridad intentaron suplir ese protagonismo, pero los sucesivos escándalos de corrupción y delitos de policías como la Bonaerense terminaron de desacreditar a esas fuerzas. Mediante la Seguridad Democrática, el gobierno pretende relegitimar a las instituciones represivas, limpiando las cúpulas corruptas así como judicializando la protesta social y penalizando los métodos de acción directa, en aras de avanzar pasos hacia la reconstrucción del Estado.

Mientras Macri exige a gritos el auxilio de la Federal para reprimir la ocupación de viviendas en el Bajo Flores, se enciende el espectro del Parque Indoamericano, el escenario que generó la creación del Ministerio de Seguridad como respuesta reaccionaria al legítimo derecho a la vivienda que exigían 1.500 familias sin techo. Manteniendo en la impunidad los asesinatos de tres trabajadores inmigrantes, caídos en el Indoamericano producto de la represión a manos de la Federal y la Metropolitana, Garré comenzó a aplicar las recetas de la Seguridad Democrática. A fines de año fueron procesados cuatro militantes del PO que cortaban las vías en la estación Avellaneda, acusados de “extorsión”, una figura legal que cuestiona el derecho a huelga. Después de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso nacional, donde Cristina condenó los piquetes y los cortes de calle porque “no pueden someter de rehenes a los usuarios y los consumidores”, Garré ordenó la represión sobre un grupo de vendedores ambulantes que cortó las vías pidiendo ser incorporado a la planta del ferrocarril Roca y detuvo a 14 personas, advirtiendo que “serían muy estrictos”. Recientemente, Javier “Poke” Hermosilla y Lorena Gentile, delegados de la comisión interna de Kraft-Terrabusi, fueron procesados por luchar por los reclamos de los trabajadores, así como más de 5.000 luchadores obreros y populares arrastran causas por enfrentar las políticas neoliberales de Menem y De La Rúa. De ese modo, la Seguridad Democrática tira por la borda el derecho laboral, empuñando el derecho penal para criminalizar el derecho a la protesta social con todo el rigor del Código Penal. Por eso es otra forma de represión estatal, el guante de seda que encubre el puño de hierro del Estado que defiende la propiedad privada de los grandes capitalistas.