La legislatura aprobó, en medio de represión y detenidos, una ley que contempla la renegociación del contrato firmado con Aguas Cordobesas (mayoritariamente en manos del Grupo Roggio), por el cual se extiende la concesión por 20 años y ésta se encargaría de la distribución del agua y de cobrar la tarifa. Todo lo necesario para solventar inversiones o pérdidas financieras correrá por cuenta del Estado. Además, se acordó un aumento del 12% a cuenta de la inflación del 2006-2007 (y en caso de ser mayor el Estado también pagará la diferencia). Un negocio redondo para quienes ya llevan años haciendo millones en la provincia y no invirtieron un centavo. Además, le otorga “superpoderes” al gobernador para que establezca las “exenciones, rebajas y subsidios que estime adecuados”.
Pero el olor a podrido no viene sólo de “lo viejo” de la política cordobesa, sino también de quienes se postularon como “lo nuevo” con un discurso anticorrupción.
El Partido Nuevo del intendente Luis Juez votó en contra, y venía impulsando una “consulta popular” para que los cordobeses digan “sí o no” a este acuerdo como forma de proponerse como el gobernador que derogaría esta ley en caso de ganar en las elecciones del año que viene. Sin embargo, y aunque los rumores por “trampas” y la falta de entusiasmo por participar ya venían amenazando la concreción de esta maniobra, la crisis terminó de abrirse cuando una investigación demostró que militantes del Frente Nuevo estaban “juntando votos por anticipado”, cuando la consulta estaba convocada para el 10/12. Juez suspendió la consulta hasta nuevo aviso.
Todo este escándalo, corrupción, compra de votos, maniobras, represión a los que se oponían a la sanción de la ley, etc, demuestran que no sólo el PJ delasotista está dispuesto a gobernar abiertamente para las grandes empresas, sino que los que se postulan como opositores no quedan fuera de estos negocios (Aguas Cordobesas fue parte de las empresas que financiaron la campaña de Juez como candidato a intendente). Los sindicatos de las dos CGTs no movieron un dedo para enfrentar esta nueva entrega. Y el día que se votó la ley, la “juventud del Frente Nuevo” (Patria Libre) se movilizó para hacerle de circo a los diputados juecistas y radicales que se retiraban de la votación o votaban en contra. Así, gracias al silencio cómplice de las conducciones de los sindicatos, el enfrentamiento a la ley quedó limitado a un pequeño grupo de militantes de algunos partidos de izquierda y organizaciones sociales que se movilizaron e intentaron “impedir” la votación. Pero esta movilización fue impotente para lograr parar este nuevo negociado. Luis Bazán, histórico dirigente de SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias), quien tiene una responsabilidad en que no sean cientos o miles los trabajadores que estén en la calle (ya que permitió el vaciamiento del gremio), estaba a la cabeza de este grupo. El gobierno respondió con represión y detenidos, como ya hizo en la lucha de Cargo-Renault, Neumáticos de Avanzada y otros conflictos. Repudiamos esta nueva represión desatada sobre los trabajadores. La ley finalmente se terminó votando.
Solo un movimiento amplio de los trabajadores, empezando por los que trabajan en Aguas Cordobesas y usuarios, que sea independiente no sólo del gobierno sino también de la oposición juecista y le imponga a los burócratas sindicales un plan de lucha serio, puede terminar con este acuerdo entreguista.
Solamente la reestatización del agua y de todos los servicios públicos y su gestión por parte de los trabajadores y usuarios puede comenzar a garantizar no sólo un servicio de calidad y de bajo costo, que llegue a todos los barrios, sino que termine también con los riesgos para la salud de enormes sectores de la población que hoy sufren las “políticas” de Aguas Cordobesas tomando agua con alto contenido de arsénico u otros minerales nocivos o con cortes y falta de aprovisionamiento como viene ocurriendo.