Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
15 de julio de 2020

La Verdad Obrera N° 526

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Reforma judicial y elecciones

13 Jun 2013   |   comentarios

Esta semana, el Poder Judicial volvió a mostrar que sólo le importa defender sus intereses corporativos. Parte de la reforma judicial que el kirchnerismo aprobó en el Congreso, fue declarada inconstitucional por la jueza María Servini de Cubría. Pero lejos de decir que esta reforma es retrógrada y no democratiza nada, la Jueza frena la elección por el voto de algunos de los miembros del Consejo de la Magistratura establecida por la reciente Ley 26.855 y deja sin efecto la convocatoria a elecciones al respecto; lo hace con el argumento de que “la política” no debe meterse en la Justicia, sosteniendo la falacia de que es un poder independiente e imparcial.

Además del efecto inmediato de dejar igual la composición y número del Consejo, la medida puede truncar el objetivo oficial de nacionalizar las elecciones legislativas. Recordemos que el gobierno, al ver que puede perder en importantes distritos, busca forzar un plebiscito nacional proponiendo elegir, junto a diputados y senadores, en una boleta igual en todo el país, a miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Ahora Cristina Fernández ruega que una resolución favorable de la Corte Suprema llegue antes de que venzan los plazos electorales.

Casta social

Lo que queda claro es que los fallos de Servini de Cubría (así como algunas cautelares dictadas por otros jueces en estos días), sólo buscan resguardar los intereses de una casta social llena de privilegios, que ocupa cargos vitalicios sin rendir cuentas a nadie y cobran miles de pesos por mes sin siquiera pagar el impuesto a las ganancias, ése que están obligados a pagar hasta los trabajadores.

Desde un principio denunciamos el proyecto de reforma judicial, pero con argumentos opuestos a los de la corporación judicial, demostrando que justamente no tenía nada de democrática. Esta reforma es parte de la lista de leyes retrógradas impulsadas en la década kirchnerista. Como la “Ley Blumberg”, usada para criminalizar la pobreza. O la llamada “Ley Antiterrorista”, una de las legislaciones más represivas de la historia nacional, que duplica penas en causas aplicables a luchadores sociales y elimina la posibilidad de excarcelación. O la “Ley de Riesgos del Trabajo”, que elimina los principios básicos del derecho laboral llevando la salud del trabajador al fuero civil.

Más allá de los discursos, la reforma judicial aprobada, no toca ninguno de los privilegios de los muchos que gozan los jueces y fiscales. Más bien es una combinación de medidas efectistas junto a algunas transformaciones verdaderamente antidemocráticas. La oposición patronal centró su crítica en que, con esta reforma, el gobierno buscaba impunidad para sus funcionarios. No lo descartamos. Pero lo más importante, y de lo que no hablan esos opositores, es quiénes serán los verdaderos afectados por estas normas. Es que el radicalismo, el PRO, Carrió y el resto de la oposición parlamentaria está de acuerdo con mantener esos privilegios.

En nuestro último Boletín del CeProDH detallamos nuestras críticas a la reforma judicial, tanto en lo referente al Consejo de la Magistratura como a las nuevas Cámaras de Casación y al régimen de cautelares. Todas reformas que dejan abiertas las puertas para que la clase trabajadora y el pueblo pobre, sobre todo quienes salen a luchar por sus derechos y demandas legítimas, vean cada vez más lejana la tan mentada Justicia.

No pueden democratizar nada

Democratizar en serio la Justicia implica mucho más que medidas cosméticas. No es el kirchnerismo, precisamente, quien pueda encabezar un proceso semejante cuando está interesado en mantener todo lo que han conseguido es esta década ellos y sus empresarios amigos, además de tener pendientes decenas de causas por las catástrofes ocurridas como en la tragedia de Once o las inundaciones en La Plata.

Una verdadera democratización debería arrancar por medidas como el cese en sus funciones de todos los jueces y fiscales que fueron cómplices de la dictadura o nombrados por espurios acuerdos; la elección popular de jueces sin excepción; que ningún funcionario judicial gane más que un docente; que sean revocables; y que los veredictos de los juicios sean dictados por jurados populares. Sólo así engendros institucionales como el Consejo de la Magistratura dejarían de tener razón de ser.

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