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Editorial

NO AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Que los sindicatos rompan con la mesa de las patronales

El gobierno comenzó un camino de concesiones a sus opositores patronales para tratar de mantener lo esencial del rumbo de lo que hemos llamado el “bonapartismo previsional”, el precario intento de mediar entre las fracciones capitalistas basado en el manejo discrecional de los fondos del ANSES, ahora con Amado Boudou directamente en el Ministerio de Economía. El “maquillaje” del INDEC ya significó, sin solucionar la crisis, una concesión a los bonistas que Moreno decía combatir.

Manolo Romano y Ruth Werner

23 de julio 2009

El gobierno comenzó un camino de concesiones a sus opositores patronales para tratar de mantener lo esencial del rumbo de lo que hemos llamado el “bonapartismo previsional”, el precario intento de mediar entre las fracciones capitalistas basado en el manejo discrecional de los fondos del ANSES, ahora con Amado Boudou directamente en el Ministerio de Economía. El “maquillaje” del INDEC ya significó, sin solucionar la crisis, una concesión a los bonistas que Moreno decía combatir. El solo anuncio de la recompra por parte del Estado de esos títulos en pesos atados al coeficiente derivado del IPC, operación previa al supuesto blanqueo de la inflación, hizo subir su valor un 5% en un solo día. Además del tarifazo pos-electoral a favor de las empresas privatizadoras de los servicios de gas y luz; el ministro Randazzo, como también lo aconseja el economista asesor de Boudou, Mario Blejer, sostiene que inclusive el gobierno está dispuesto a discutir las retenciones” con las patronales agrarias.

Pero la clase capitalista hace sentir su necesidad ante la crisis internacional de descargarla más abiertamente sobre los trabajadores y el pueblo. El planteamiento de los 12 puntos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) marcan hacia donde quiere ir la cúpula de la clase dominante, aunque aún sin fuerza para imponerlo: una fuerte devaluación, baja de las retenciones a la soja, ajuste fiscal, tarifazos en los servicios públicos, vuelta al FMI, postergación de los reclamos salariales, entre otros temas que intentan recoger en un pliego único de reclamos de los diversos sectores patronales.

Si esto fuera un ultimátum al gobierno para aplicar tal programa, sería verdaderamente “destituyente”, porque pondrían a los Kirchner en la disyuntiva de aceptar la capitulación completa, y su liquidación como una alternativa de recambio a futuro, ó la renuncia dejando prematuramente el gobierno e- las débiles manos de Cobos y los radicales. La fragmentación del sistema de partidos que mostraron las elecciones -que una “reforma política” desde arriba no puede reconstituir por decreto- no permite a los ganadores, aunque se reuniera ya el “nuevo Congreso” emergente de las elecciones del 28J, dar una salida concluyente a la crisis nacional abierta con la derrota del kirchnerismo y los reclamos de las corporaciones empresarias.

Tampoco la otra nueva institución del “diálogo”, el Consejo Económico y Social que convoca el gobierno con las centrales patronales y sindicales, pueden resolver la crisis política ya que no termina de conseguir “consenso” entre los sectores capitalistas de la industria y el campo. El gobierno ha logrado acercar a la UIA, cuyo jefe Héctor Méndez salió a aclarar que “no queremos una devaluación” (todavía), mostrándose acorde con la política de seguir con “el dólar administrado” (que incluye la nueva medida regulatoria de la AFIP que intenta parar la sangría de “fuga estructural” de 1500 millones al mes). Pero la Mesa de Enlace agraria apuesta a imponer su agenda mediante los bloques parlamentarios de la oposición con un nuevo proyecto de retenciones por el que sólo tributaría la soja, de manera segmentada, con un tope del 25 por ciento y las bajaría a cero en trigo, maíz y girasol. En tanto, el debilitado gobernador Scioli, siempre en un tono más conciliador al de los Kirchner, convocó a las ruralistas de la provincia con la propuesta de ofrecerles un bono de refinanciamiento de las deudas de los agrarios con el Banco Nación. Pero el vice de Carbap Jorge Srodek, electo diputado provincial por el PRO, respondió que: “Estamos esperando una definición política (del gobernador): si sostiene las políticas de Kirchner o si va a defender los intereses de los habitantes de su Provincia”. Es decir, que Scioli se ponga del lado del reclamo de una rebaja de las retenciones a un nivel que hasta ahora el gobierno nacional no parece dispuesto a otorgar.

La última muestra de debilidad política no sólo se evidencia en la falta de autoridad del gobierno sobre las fracciones patronales, sino que su agente indispensable para todo “pacto social”, la burocracia sindical de la CGT, se acaba de fraccionar. Muchos de los dirigentes de los gremios que movilizaron el pasado 30 de abril en la concentración de la 9 de julio en “apoyo al modelo”, como Oscar Lescano de Luz y Fuerza y Andrés Rodríguez de UPCN se alinearon ahora contra Moyano, junto a Gerardo Martínez de la UOCRA; Armando Cavalieri, de Comercio; Carlos West Ocampo y Héctor Daer de Sanidad; y José Pedraza de la Unión Ferroviaria, un gremio clave del transporte que se supone pertenece a la órbita del líder de la CGT. El propio Antonio Caló de la UOM, que aún mantiene su apoyo al gobierno, se vio obligado a ir al paro de 24 horas contra los industriales que les niegan el aumento del 25%, después que Moyano lo dejó en la estacada “cortándose solo” y acordando por el 17% en el gremio de Camioneros.

La trampa de una conciliación imposible

En el momento que más claramente empieza a estar planteado que la clase trabajadora presente en forma independiente sus propias demandas ante la crisis de los de arriba, las direcciones sindicales profundizan su colaboración. Del lado de la CGT, la fracción de los “Gordos” se pelea con Moyano para ver quien ocupa más lugares en el Consejo Económico y Social junto a las patronales; mientras la dirección de la CTA se dispone a hacerlo “en el camino de distribuir la riqueza”.

La idea de que se pueden conciliar los intereses entre obreros y patrones, presente en todo pacto social (ideología por excelencia del peronismo) es una trampa porque, sencillamente, los empresarios viven de explotar a los trabajadores, de apropiarse de una parte de su trabajo. La competencia los empuja a buscar explotar más y más, porque si no pierden frente a los capitalistas más poderosos (los patrones “buenos” no existen en el capitalismo), competencia que se exacerba en momentos de crisis como la actual. Por esto, los intereses de los empresarios y los trabajadores son antagónicos, irreconciliables, todo lo que ganen unos, lo pierden otros. En la mesa del Consejo Económico y Social, y menos aún en el marco de un ciclo descendente de la economía, los trabajadores no podrán ganar nada, sólo lo harán los empresarios concertando nuestras pérdidas con los dirigentes sindicales burocráticos. Con la promesa de “mantener el empleo” van a condicionar los aumentos de salarios por debajo de la inflación más aún de lo que ya lo están haciendo, y seguirán valiéndose de la vigencia de las leyes de precarización laboral y del trabajo en negro para seguir despidiendo contratados. El slogan patronal de “cuidar la rentabilidad empresaria” redunda así en brutales aumentos de los ritmos de explotación. Ya lo están haciendo grandes empresas multinacionales como Terrabusi donde menos trabajadores, después del despido de cientos de contratados, siguen produciendo lo mismo, es decir, aumentando “la productividad” como reclaman los capitalistas.

Los distintos ensayos de “pactos sociales” en la historia del país fueron siempre intentos de conciliación de clases finalmente fallidos, cuestionados tanto “por derecha” como “por izquierda”; por la crisis capitalista y mayores ataques patronales, de un lado, y por la lucha de la clase obrera, del otro.

Los Congresos de la Productividad durante el gobierno de Perón en los ‘50, fracasaron por la resistencia de las comisiones internas y las llamadas “huelgas salvajes”: terminaron siendo descartados como instrumentos de la clase dominante que apostó luego al golpe militar del ‘55. El Pacto Social del ’73 bajo el último gobierno de Perón; trató de imponer el congelamiento salarial, incluso con la represión a la vanguardia obrera, las huelgas y tomas de fábricas que lo desbordaban. La crisis capitalista internacional llevó luego a las patronales a romperlo “por derecha” y al peronismo en el poder a impulsar en el ’75 el Plan Rodrigo y el ataque frontal al nivel de vida. Siempre, a la vera de los “pactos sociales” -que se utilizaron para engañar y maniatar las fuerzas de los trabajadores- se fueron preparando las salidas aún más a la derecha. Estas tendencias ya se ven en el continente con el golpe de Honduras, o hasta en la propia preparación del derechista Macri ubicando al frente de su policía al represor Fino Palacios.

Un programa de acción

Desde los lugares de trabajo, las oposiciones antiburocráticas en los gremios y los sectores que están luchando, debemos exigir que los sindicatos no convaliden el Consejo Económico y Social con el gobierno, que rompan su subordinación a la patronales y se pongan al servicio de la única vía para empezar defender el salario y el empleo: un plan de lucha nacional, con paros y movilizaciones, que ponga en el centro de la escena política el conjunto de las reivindicaciones de la clase trabajadora y el pueblo. En esta perspectiva de impulsar la intervención de masas en la crisis, está planteado agrupar y coordinar a todas las organizaciones combativas, nuevos delegados y activistas con un programa de acción para que la crisis la paguen los capitalistas. Prohibición de despidos y suspensiones. Reparto de las horas de trabajo sin tocar el salario. Apertura de las paritarias: que las asambleas fijen el reclamo de aumento acorde a nuestra canasta familiar, y se elijan delegados en la base, como en el Subte, para ser reconocidos en las negociaciones. Pase a planta permanente de los contratados, pasantes y trabajadores en negro y derogación de todas las leyes y decretos de flexibilización laboral. 82% móvil para los jubilados. Por la administración de los trabajadores y jubilados de los fondos jubilatorios. Eliminación del IVA de la canasta familiar. Subsidio universal a todos los desocupados de $2.000 por mes. Por la nacionalización bajo control y administración obrera de toda empresa que cierre o despida masivamente.

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