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JUSTICIA POR MARIANO FERREYRA

CONDENARON A PEDRAZA Y SU PATOTA

Para absolver al gobierno desarmaron el plan criminal

En un hecho inédito en la historia argentina la patota de la Unión Ferroviaria, incluido su jefe José Pedraza, fueron sentados en el banquillo de los acusados, trascendiendo el castigo a los que “apretaron el gatillo”, lo que no pasó ni con los grupos paraestatales de la Triple A. La necesidad del gobierno K de eximirse de su propia responsabilidad se combinó con el resultado de una larga e histórica lucha de los trabajadores del Roca contra el fraude de las tercerizadas y con la movilización desarrollada, permitiendo tanto la conquista del pase a planta de tres mil ferroviarios como el juicio a la patota y siete policías.

PTS

25 de abril 2013

Para absolver al gobierno desarmaron el plan criminal

En un hecho inédito en la historia argentina la patota de la Unión Ferroviaria, incluido su jefe José Pedraza, fueron sentados en el banquillo de los acusados, trascendiendo el castigo a los que “apretaron el gatillo”, lo que no pasó ni con los grupos paraestatales de la Triple A. La necesidad del gobierno K de eximirse de su propia responsabilidad se combinó con el resultado de una larga e histórica lucha de los trabajadores del Roca contra el fraude de las tercerizadas y con la movilización desarrollada, permitiendo tanto la conquista del pase a planta de tres mil ferroviarios como el juicio a la patota y siete policías. El crimen social de Once potenció el repudio social contra el Gobierno y su Secretaría de Transporte; la patota llegó presa al juicio y entre los trabajadores y la juventud se instaló el reclamo de “perpetua a Pedraza”. Toda pena menor tendría gusto a poco. Por eso la mayoría de los ferroviarios sigue considerando que UGOFE, Tomada, Schiavi, Luna y Aníbal Fernández son responsables. Se golpeó a la burocracia sindical, cuyo método es “la patota”, pero los otros culpables políticos y empresariales de este crimen contra la clase obrera están impunes.

Tras los contundentes alegatos de las querellas, el plan criminal y la participación estatal (tanto en el asesinato como en el negocio de la tercerización) quedaron absolutamente probados. Pero en un verdadero alegato, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal n°21, Horacio Días, durante una hora ensayó una explicación para justificar que se había desarmado el plan criminal para absolver al gobierno. Paradójicamente la “premonición” de algunos imputados acerca de que la sentencia estaría “redactada en Balcarce 50” pareció cumplirse, pero en sentido opuesto. Días ofició groseramente de abogado de funcionarios que no fueron imputados en el juicio, aunque sí socialmente. Como Carlos Tomada, jaqueado por la difusión de su conversación con Pedraza; o Noemí Rial, cuya amigable charla con el burócrata, no casualmente, el juez omitió.
Lejos del pretendido razonamiento del tribunal sobre la valoración de pruebas y conductas de los involucrados, toda la “lógica” del fallo fue negar el evidente plan criminal contra los tercerizados y la izquierda.

¿No fue un plan criminal?

Los jueces llegaron al punto de cambiar la calificación del hecho, llevándolo de “homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas” (como había llegado al juicio oral) a “homicidio simple”. Así, además de bajar las penas (de reclusión perpetua se pasó a penas de hasta 18 años) se tiende a “salvar” a quienes no estuvieron en el lugar de los hechos. Aunque no pudieron dejar afuera a Pedraza y el “Gallego” Fernández, claramente vinculados a los hechos, debiendo entregarlos para no extender la sangría a miembros del gobierno.

Usaron argumentos poco comprobables como que, lejos de favorecer a los perpetradores, todo asesinato político significó el fin del juego para quienes ocupaban el poder, o para sus prácticas, y por ello aquí no se podría haber planeado el crimen. En el país de la Triple A, de la CNU*, de los grupos de tareas, como mínimo esa es una conclusión temeraria. Con ese criterio ningún crimen de militantes populares sería castigado. No hay final de juego porque la tercerización de la represión es una política de Estado inherente a la sociedad de clases (cuya lógica Días parece ignorar).

Mágica omisión de hechos y motivaciones

Mientras Días le atribuía a la querella de PO/CORREPI querer imputar al gobierno por obra de magia, cometía un disparate tras otro. Dijo que en la acción criminal sólo hubo “dolo eventual”, es decir avanzar en su cometido (agredir) pese a que la muerte se presenta como posibilidad concreta. Para tranquilizar dijo que la condena es la misma que si mediara dolo directo. Pero esa falta de objetivo directo, “matar”, corta la cadena de culpas con la pata política. Mágicamente el juez escondió diálogos citados por testigos, como el de Pablo Díaz y Favale. “¡Te dije que trajeras los fierros, pelotudo!”, dice el primero; “los traje, ¿no viste como le agujereé la panza a ese gil?”, responde el otro… ¿Dolo eventual?

Hay decenas de llamadas entre Pablo Díaz y Alcorcel con Favale, a cuyo grupo esperaban para el ataque, demostrando la premeditación. ¿Díaz no es instigador del homicidio? ¿Y el “Gallego” Fernández, que hablaba con Díaz antes de cada movimiento?

Cuando el presidente del tribunal se acercaba a la probanza del plan criminal, enseguida señaló que la convocatoria en los Talleres de Escalada buscó “hacer bulto” y disimular en él a los tiradores de Barracas.
Con los policías sucedió otro tanto. Garay, de la Comisaría 30, tenía a cargo los patrulleros que cortaban la calle. Ariel Pintos, baleado en la pierna, afirmó que éstos se abrieron para que pasen los patoteros y se cerraron cuando él y otros compañeros los siguieron tras el ataque. Pero para los jueces Garay no tuvo responsabilidad. Otros policías apenas “incumplieron deberes”, y recibieron penas con las que ni pisarán la prisión, incluyendo a David Villalba, quien filmaba a los “peligrosos” manifestantes pero apagó la cámara justo en el momento del ataque. Y tampoco irá a la cárcel el comisario mayor Lompizano, a cargo el operativo, quien dos meses después también comandaría la represión en Parque Indoamericano, matando a tres inmigrantes que pedían vivienda.

Insistimos, ¿no hubo plan criminal?

El día previo al crimen la UF avisó al secretario de Transporte Schiavi y a la policía del corte de vías. UGOFE dio día libre y la policía secundó a la patota. ¿No hubo un plan? ¿El Estado y sus empresarios amigos no actuaron a través de la patota, que hizo “lo que no hacen los jueces ni la policía” -como públicamente amenazaba La Verde semanas antes-? ¿Qué es eso sino tercerizar la represión?

La sociedad empresaria entre la UF y UGOFE tuvo su correlato en el crimen de Mariano. Héctor Messineo y Pablo O. Díaz (gerentes de recursos humanos) junto a Vitali y Hourcade (de Seguridad) sólo fueron citados como testigos y mintieron a favor de los imputados más que los abogados. Deberían condenarlos por partícipes necesarios del homicidio calificado.

Señaló el Tribunal, correctamente, que la tercerizada Unión del Mercosur (propiedad de la UF) lejos de ser una cooperativa tenía claros fines económicos, lo que explicaría el apoyo moral y objetivo que la conducción del gremio brindó a la fuerza de choque contra el reclamo de los tercerizados, incluyendo el conseguirle un abogado a Favale. Sin dudas una acusación que también les cabe a los empresarios y funcionarios. Pero los jueces decidieron cortar la cadena en Pedraza.

Desde el CeProDH y el PTS estamos orgullosos de haber sido parte de la pelea por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra, militante del PO, así como también desde un principio por el pase a planta de los tercerizados del Roca, lucha que continuó tras el crimen y abarcó otros ferrocarriles.

La pelea continúa y una vez más queda claro que no debemos depositar expectativas en esta Justicia. La bronca generada tras el fallo debe traducirse en organización para conseguir las perpetuas, avanzar en las responsabilidades gubernamentales y recuperar los sindicatos de manos de la burocracia sindical. Todo nuestro compromiso con esa pelea.

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