A pocos días de que termine la vigencia de la Ley de Prescindibiliad, el Ministerio de Seguridad bonaerense decidió echar a 124 oficiales y suboficiales e intimar al retiro de otros cuatro jefes. La decisión deriva de una investigación de Asuntos Internos que presume la participación de estos policías en robos, sustracción de autos y connivencia con el juego ilegal.
Desde mayo fueron echados 790 policías. Y esta es la cuarta purga desde que asumió Arslanián. El nuevo listado lo integran 28 oficiales y 96 suboficiales. A los cuatro jefes no se les aplicó la Ley de Prescindibilidad porque, por antigüedad y años de servicio, están en condiciones de jubilarse. Igual, sus sumarios administrativos (uno tiene causa penal) siguen en Asuntos Internos.
El ministro León Carlos Arslanián explicó que "todos son hechos serios". En algunos casos existe presunción de responsabilidad penal también por delitos de corrupción y abuso de autoridad. Uno de los echados es el oficial inspector Jorge Osvaldo Flores, quien fue descubierto mientras intentaba cruzar a un país limítrofe con un vehículo que tenía pedido de secuestro y patentes falsas.
En la nómina está incluido el comisario Eduardo Colman y otros tres efectivos que custodiaban a un juez. Dicen que pasaban información a capitalistas de juego clandestino sobre procedimientos ordenados por el juez.
El comisario Enrique Brizzi integra la lista de prescindidos porque registra una condena a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de apremios ilegales a dos jóvenes detenidos por averiguación de antecedentes. El ministerio adoptó la misma resolución con el oficial inspector Roberto Santillán por pedirle plata a familiares de detenidos.
El sargento primero Juan Carlos Añazco fue despedido por robar al dueño de un automóvil y el cabo Benjamín Bercoff también fue cesanteado por una causa de tenencia ilegal de tarjetas de créditos. Según Asuntos Internos, lo sorprendieron cuando quería sacar dinero de un cajero.
Otro hecho grave —según funcionarios de Seguridad— fue protagonizado por el agente Hernán Vergara, quien tras atacar a balazos a una mujer que esperaba el colectivo (con su hijo en brazos) corrió hasta una casa y desde allí enfrentó a la patrulla que quiso detenerlo. Se entregó cuando intervino el grupo Halcón.
Ningún agente cesanteado podrá pedir su reincorporación, aun cuando a la finalización del sumario interno se demostrara su inocencia o directamente no recibiera citación judicial por procesos en curso. En ese caso, sí podrá reclamar la indemnización correspondiente o la jubilación.
El ministro no descartó la continuidad de las purgas en la fuerza. Para ello, deberá renovar la aprobación parlamentaria de la ley de Prescindibilidad, votada por seis meses. Ese trámite tendrá ingreso a la Legislatura en los próximos días, según explicaron a Clarín en la Gobernación.
La primera purga fue el 15 de mayo cuando declararon prescindibles a 303 efectivos. En la segunda (ocurrida el 3 de junio) fueron 201.
El 27 de julio, se firmó otra resolución declarando prescindibles a 158 oficiales y suboficiales, algunos de ellos vinculados a casos de secuestros extorsivos, homicidios y torturas a presos. Fue horas después del pedido de renuncia al jefe de la Policía, comisario general Ernesto Lamardo, por ineficiencia de sus subordinados en el intento de copamiento de la comisaría de Tres Arroyos, provocado por el homicidio del joven Gonzalo Ferretti.
En esa tanda habían sido prescindidos 12 comisarios, 43 oficiales y 103 suboficiales. Entre los sancionados estaba el comisario José Hernández, quien en su momento estuvo a cargo de la investigación por el secuestro de Diego Peralta (asesinado el 8 de julio de 2002).