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Derechos Humanos

LA PROCURADORÍ NACIONAL DICTAMINÓ EL INGRESO DE PATTI AL CONGRESO

No dan puntada sin hilo

El pasado 13 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre el caso Bussi, y si bien declaró abstracta la cuestión (al genocida se le había vencido el mandato), dejó sentado que Bussi hubiera tenido derecho a asumir.

2 de agosto 2007

El pasado 13 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre el caso Bussi, y si bien declaró abstracta la cuestión (al genocida se le había vencido el mandato), dejó sentado que Bussi hubiera tenido derecho a asumir.

Consecuencia de este pronunciamiento es el dictamen que con fecha 31 de julio de 2007, dictó el procurador general adjunto González Warcalde, quien se expidió sobre la causa Patti, manifestando que “de acuerdo a la doctrina novísima de la Corte Suprema, la Cámara de Diputados de la Nación, al juzgar el diploma de Luis Abelardo Patti, ha excedido su potestad constitucional”. Este dictamen deja la puerta abierta para que la Corte falle a favor de Patti, quien, a diferencia de Bussi, todavía tiene por delante poco más de 2 años de mandato.

Luis Abelardo Patti se encuentra procesado en al menos 4 causas vinculadas con la violación de derechos humanos durante la dictadura: 1) El “fusilamiento” de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi; 2) el secuestro de Juan José Fernández, Ricardo Gabriel Jiménez, el periodista Tilo Werner y el diputado Diego Muñiz Barreto; 3) el secuestro y tortura de Valerio Salvador Ubiedo y Luis ˜ángel Geréz; 4) la intrusión ilegal en el domicilio de Isabel Chorobick de Mariani; 5) las amenazas contra Enrique Tomanelli y además, en el 2003, a Jorge Horacio Granada, quien estaba prófugo y con pedido de captura por violación a los derechos humanos, causa ésta que ha sido elevada a juicio.

Es para tener en cuenta que la Corte no tenía necesidad de pronunciarse sobre el fondo en el caso Bussi; el único sentido de ese pronunciamiento fue allanarle el camino a Patti, tal y como lo señala el propio procurador general adjunto: “Sin embargo, y puesto que V. E. superó el interés subjetivo del demandante y pronunció una declaratoria general sobre el punto, ante ‘la posibilidad de repeticiones del acto, lo que justifica una decisión esclarecedora’, invocando ‘el resguardo de la soberanía del pueblo y la expresión de su voluntad, que está claramente comprometida en el caso’, así como su ‘deber en la hora actual de garantizar, de modo indubitable, la vigencia plena y efectiva del estado de derecho para quienes habitan esta Nación y para las generaciones futuras’, considero entonces que la tarea de este dictamen se restringe a verificar si la solución del precedente Bussi ampara a Luis Patti”.

De esta manera el procurador adjunto contradice el dictamen de su jefe, Esteban Righi, quien se había expedido a favor del Congreso en el caso del genocida Bussi.

Por otra parte, como decíamos en el número anterior de La Verdad Obrera, se desconoce que los genocidas no pudieron ser juzgados “sencillamente porque la democracia argentina durante 17 años prohibió con sus leyes (Punto Final y Obediencia Debida) que hubiera juicios contra los responsables del terrorismo estatal”.

Además, en el caso de Patti, la cámara de diputados rechazó su ingreso luego de una investigación donde se le dio a este genocida el derecho a defensa (que ejerció), algo que sus víctimas no tuvieron. De esta manera el fallo de la corte y ahora el dictamen de la Procuración, son un paso adelante en la impunidad.

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