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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

La Córdoba DelaSotista

“Modelo” de tortura, represión y criminalización

La provincia de Córdoba que De la Sota promociona nacionalmente, incluye represión y criminalización de la protesta social. Hace pocos días se conoció la noticia de que en la cárcel de Barrio San Marín se encontraron camastros de metal y 17 cadenas de 70 centímetros que se utilizaban para torturar a los presos que reclamaban contra las pésimas condiciones de detención.

Leticia Celli

16 de mayo 2013

La provincia de Córdoba que De la Sota promociona nacionalmente, incluye represión y criminalización de la protesta social. Hace pocos días se conoció la noticia de que en la cárcel de Barrio San Marín se encontraron camastros de metal y 17 cadenas de 70 centímetros que se utilizaban para torturar a los presos que reclamaban contra las pésimas condiciones de detención. Al igual que en el resto del país, quienes pueblan las cárceles pertenecen a sectores del pueblo trabajador. Mientras, los funcionarios públicos y los empresarios gozan de impunidad. Con decir que no existe un solo empresario procesado por las decenas de muertes obreras en la construcción que hubo en la provincia en los últimos años, alcanza para hacer un diagnóstico. 

Ésto se suma a la política represiva que el gobierno provincial viene llevando adelante contra los últimos reclamos. Los choferes de la UTA que reclamaban contra la privatización de la TAMSE fueron reprimidos, causando incluso un herido de bala de plomo (ver LVO 520) y en los últimas dos semanas se reprimió duramente a decenas de familias que ocupaban tierras en la localidad de Cuesta Blanca y el paraje de Piedra Blanca, llegando a encarcelar a los abogados que asesoran a estas familias. Como si fuera poco, ahora el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Daniel Passerini, denunció penalmente a esos abogados que integran al Encuentro de Organizaciones, agrupamiento que viene colaborando con las familias que ocupan tierras. En la Córdoba del “boom inmobiliario”, los grandes empresarios ganan millones a costa de la vida de los trabajadores mientras miles de familias no tienen lugar para vivir. La solución para esa demanda de De la Sota es la represión y la criminalización de la protesta social. Esta es la misma Córdoba donde la policía persigue y encarcela a la juventud de los barrio pobres utilizando indiscriminadamente el Código de Faltas.

El gobernador De La Sota es quien, junto a Moyano, quiere presentarse como una alternativa política frente a un kirchnerismo que cada vez genera más descontento en millones de trabajadores. Evidentemente, una “alternativa” que nada tiene de beneficiosa para el pueblo trabajador.

Rechazamos y repudiamos cualquier intento del gobierno provincial de criminalizar la protesta social, persiguiendo a abogados y organizaciones que luchamos junto a los trabajadores y el pueblo. Exigimos la anulación del Código de Faltas y llamamos a la más amplia movilización de los organismos de Derechos Humanos, los centros de estudiantes, sectores sindicales combativos y de las organizaciones políticas y sociales para frenar el accionar represivo del gobierno provincial. 
 

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