Un día después del asesinato por parte de la Policía Federal (en operación conjunta con la Metropolitana de Macri) del joven paraguayo Bernardo Salgueiro y la joven boliviana Rosemary Chura Puña, en la represión a los ocupantes del Parque Indoamericano, hizo su aparición por cadena nacional Cristina Kirchner para poner en la agenda política el tema de la represión. El autoproclamado “gobierno de los derechos humanos”, en lugar de crear un Ministerio de Vivienda para realizar un plan de obras públicas que otorgue techo a quienes no tienen dónde cobijarse (ni hablemos de llevar a cabo una “reforma urbana” que afecte los intereses de los pulpos inmobiliarios), opta por crear un Ministerio de Seguridad al mando de Nilda Garré. En el nuevo discurso K, la ocupación del espacio público, los bloqueos y los cortes de rutas, las tomas de tierras, son equiparados al delito.

El gobierno kirchnerista acaba de ponerle fin al discurso de la “no represión” de la “protesta social”, y reemplazarlo por una nueva doctrina estatal, en que la fuerza pública es orientada a poner fin a la acción directa. El debate que el gobierno tiene con la oposición de derecha gira en torno a las formas que debe adquirir esa represión.

La orden de la ministra Garré de prohibir el uso de armas de fuego en el control y represión de las manifestaciones sociales fue presentado por el progresismo K como una muestra de “voluntad democrática” para limitar a las fuerzas represivas. Para esto usan como contracara el discurso xenófobo de Mauricio Macri (que además de su racismo acaba de advertir que los ocupantes de tierras “vienen por nuestras casas”) y la aparición, candidatura incluida, de Eduardo Duhalde pidiendo mano dura (el ex presidente viene arengando con que "se vive en un estado de anarquía" y exhorta a "reimplantar el orden"). Una mera justificación, por parte de los intelectuales del kirchnerismo, del marcado giro a la derecha de un gobierno que busca con estas medidas fortalecer las instituciones represivas del Estado. De lo que se trata es de lavarle la cara a la corrupta Policía Federal para hacerla más útil, creíble y efectiva para el control social.

Vayamos por partes:

– El primer punto del programa presentado por Garré para iniciar una reforma de la Federal consiste en superar lo que llaman su “autogobierno” mediante una dirección política de contralor civil, cuya función será garantizar el cumplimiento de las funciones represivas de la fuerza bajo el manto de la legalidad. (Dicho sea de paso, y aunque exceda el objetivo de este artículo, esta política promete ser una fuente de seguros conflictos, para lo cual el mando civil va a tener que lidiar o pactar, como venía sucediendo, con las mafias policiales para evitar, como se dice en la jerga, que la policía actúe por la suya, “tirándole algún muerto” al gobierno).

– El “desarme” policial en las manifestaciones populares ni siquiera es tal ya que existe lo que se denomina un “back up”, la cuarta línea de fuego como último recurso por si todo se descontrola.

– El nombramiento del comisario Enrique Capdevila es todo un símbolo del cambio que se busca imponer: el nuevo jefe de los azules era el director de Orden Urbano y Federal y como tal tenía bajo su mando a la Montada y a la Guardia de Infantería, es decir, las fuerzas de choque contra las manifestaciones políticas y sociales. De esta área de la Federal depende también el GEOF, grupo entrenado para el combate antiterrorista, ligado al FBI, de quien recibe entrenamiento y capacitación.

– Los contornos que rigen la nueva doctrina de seguridad fueron enunciados por la Presidenta durante el lanzamiento del Operativo Centinelas que consiste en el envío de 6.000 gendarmes a la provincia de Buenos Aires, que se sumarán a los 3.000 que ya patrullan el conurbano y a los 50 mil agentes de la policía Bonaerense. Un verdadero ejército de ocupación… para militarizar la pobreza. “Las fuerzas de seguridad se ven desanimadas cuando tardan días de investigación para aprehender a alguien que cometió un delito y, por uno u otro motivo, los jueces lo dejan en libertad. Esto no es ser garantista ni mano dura, es ser criterioso y lógico, nada más que eso”, dijo Cristina, y agregó: “Aspiramos a que cada uno cumpla su función: las fuerzas de seguridad, dar seguridad, y la Justicia, hacer justicia, que significa castigar a los que delinquen con las penas que establecen los códigos y, cuando la peligrosidad es tal, no permitir su libertad“.

El gobierno “nacional y popular” acaba de cambiar aquel viejo lema: “Donde hay una necesidad… ya no hay un derecho” parece decir ahora, más allá de los discursos sobre la “inclusión social”. A la “necesidad” se le responde con carros hidrantes, palos y gas pimienta, para restaurar el orden público, tratando de no tener que pagar los costos políticos de nuevos luchadores muertos. Por el contrario, este giro gubernamental para “caer bien” en los sectores medios ganados para la prédica de derecha, habilitará a las policías y a las fuerzas de seguridad de 23 provincias a nuevos crímenes contra el pueblo pobre.

La utopía reaccionaria de una “seguridad democrática”

La creación del Ministerio de Seguridad tiene entre uno de sus principales fogoneros a Horacio Verbitsky del CELS e impulsor del llamado Acuerdo para una Seguridad Democrática [1]. Su programa se reduce a una reforma de las fuerzas policiales para que se subordinen al apego a la ley a fin de cumplir su funcionamiento como institución de control del orden público, combate del crimen y defensa de la propiedad privada.

De Lamare, autor del famoso Tratado de la policía de 1705, afirmaba ya en ese entonces que la policía es un cuerpo de vigilancia que tiene que velar por la propiedad privada y quienes carecen de ella son considerados una amenaza potencial. Recordemos que el Estado capitalista descansa en última instancia sobre sus fuerzas represivas. El revolucionario bolchevique Lenin sostenía frente a los que se ilusionaban con un Estado que renunciara a sus facultades represivas que "No hay Estado, incluso el más democrático, cuya Constitución no ofrezca algún escape o reserva que permita a la burguesía lanzar las tropas contra los obreros, declarar el estado de guerra, etc. ’en caso de alteración del orden’ -en realidad, en caso de que la clase explotada "altere" su situación de esclava e intente hacer algo que no sea propio de esclavos-" (Lenin, La Revolución proletaria y el renegado Kautsky).

Lo que está en cuestión con la nueva doctrina de seguridad es el derecho de los más explotados, de la clase obrera, de la juventud y del pueblo pobre a ejercer libremente su protesta. Para los socialistas revolucionarios se trata de defender las libertades democráticas y las luchas populares contra cualquier intento de limitarlas y reprimirlas.

La llamada “seguridad democrática” se ofrece hoy como el guante de terciopelo para el puño represivo del Estado burgués. Lejos de pretender la reforma de este Estado y sus instituciones de represión que tienen por finalidad seguir manteniendo la dominación de un puñado de parásitos que viven de la explotación de la clase trabajadora, lejos de pretender perfeccionar este “orden” para los ricos, luchamos por un nuevo orden, un Estado de los trabajadores, en el que las policías y los aparatos especiales de represión de este Estado de los capitalistas sean disueltos y reemplazados por milicias basadas en las organizaciones obreras.