¿Qué opinión te merece la sentencia?

No sólo para cualquier luchador, sino para cualquier persona de bien, no podés estar más que contenta con que un verdugo de las características de Menéndez, un torturador y asesino de miles de compañeras y compañeros hoy esté durmiendo en una cárcel común.

Ahora bien. Esto no puede esconder que este juicio fue un escándalo desde su inicio hasta los fundamentos de la condena. Empecemos por decir que Menéndez fue amo y señor durante la dictadura en Córdoba y todo el Noroeste como jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Argentino, estuvo a cargo, entre otros, del campo de extermino La Perla. En éste pasaron cerca de 2.300 detenidos desparecidos. Aunque no se crea sólo se lo juzgó por cuatro -4- casos. El Tribunal está dejando impunes a, podríamos decir, 2.296 casos de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Más allá que no prescriban, con la instrucción, la carátula y los fundamentos del fallo los crímenes de Menéndez quedan como si fueran crímenes comunes y no como parte de un plan sistemático, contrarrevolucionario, para liquidar a una generación de luchadores obreros y estudiantes y militantes de izquierda.

¿Cuáles fueron las condenas?

Sólo 5 de ellos: Menéndez, Díaz, Lardone, Padován y Manzanelli fueron condenados a reclusión perpetua por los 4 delitos que se les imputaba: privación ilegitima de la libertad, privación ilegitima de la libertad agravada, torturas, homicidio agravado. El resto: Acosta, Rodríguez y Vega sólo fueron condenados por los tres primeros delitos citados y no por homicidio. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué quiere decir la justicia con esta resolución respecto de 3 de los represores que actuaron en La Perla, que estos últimos no sabían el destino final de las 4 victimas a las que desaparecieron y torturaron? ¿Quieren decir que Acosta, Vega y Rodríguez no tuvieron nada que ver con el asesinato de los compañeros?

Creemos que estas maniobras del tribunal no son casualidad, es parte de una lógica intencionada, donde se analizan y prueban hechos aisladamente para tapar de alguna manera lo que realmente ocurrió: un genocidio, un plan sistemático articulado por el Estado- en el que todos tuvieron que ver, por eso es nefasto que les imputen delitos distintos. Así, evidentemente, en esta sentencia, no se reconoce lo que logramos en el fallo contra Etchecolatz y el cura Von Wernich en La Plata, que se los condenó a reclusión perpetua “en el marco de un genocidio”. Cuestión no menor, que como planteamos reiteradamente desde el CeProDH. y desde el espacio Justicia Ya!, implica que una institución del Estado -la Justicia- reconoce lo que realmente ocurrió, desterrando de esta manera la nefasta teoría de “la guerra sucia”, la “teoría de los demonios” o que todo fue producto de un grupo de locos hambrientos de sangre.

Lamentablemente, las organizaciones querellantes en este caso, como los compañeros de HIJOS se negaron a levantar la condena por genocidio, porque al no estar contemplado dentro del código penal1, esto violentaba los derechos de los represores. Esta aceptación de la legalidad existente se expresó además en la solicitada que impulsaran, al inicio del juicio, y que fuera firmada por el conjunto de los integrantes del régimen político cordobés, empezando por el ajustador y represor gobernador Schiaretti. En ella se reivindicaba este juicio porque ayudaba a fortalecer a las instituciones de la democracia. Es verdad: este tipo de juicios amañados en los que se esconde el plan sistemático ideado por el empresariado y el imperialismo para acabar con todos aquellos que resistieran su dominio y quisieran cambiar esta miserable sociedad, fortalece a las instituciones de esta “democracia”, la Justicia, los partidos políticos patronales como el PJ y la UCR, entre otros, los que han permitido esta impunidad. No levantar claramente la pelea por encarcelar a Menéndez por genocidio implicaba limitar el universo de responsables y, como se expresó en esta condena, separar a los represores juzgados en dos niveles de culpabilidad. Al mismo tiempo, significa limitar el universo de responsables a los ejecutores materiales de los asesinatos, dejando de lado a sus cómplices civiles y, en particular, a los empresarios que impulsaron el golpe genocida parar frenar el ascenso obrero iniciado en 1969.

¿Por qué creés que te expulsaron de la sala de audiencias?

Desde el primer día del juicio se demostró que los genocidas disfrutan de privilegios: protegidos por un blindex, sin esposarlos en ningún momento, mientras ya en aquella primera audiencia del 27/5 se expulsó de la Sala a una familiar de desaparecidos que también gritó ¡asesinos!. En la última audiencia se les permitió a los represores utilizar su “derecho de descargo”. Menéndez habló cerca de 30 minutos, reivindicando el accionar de las FF.AA., reconociendo la complicidad civil y de los partidos políticos patronales en la dictadura (pero sin nombrar a nadie). Obviamente, esta situación nos causó una gran repulsión y rechazo, razón por la que comencé a gritar que hicieran callar a ese genocida. Así fue que quienes “osamos” interrumpir esta vergonzosa reivindicación del genocidio, fuimos expulsadas de los tribunales federales por el juez Díaz Gavier. De este modo, el Tribunal dejó de manifiesto su verdadera intención, no permitir que se diga la verdad de lo que realmente ocurrió, y en cambio sí permitirle a los genocidas hacer apología de un delito (figura penal establecida en el Art. 213 del Código Penal, a la que –aclaro– nos oponemos que exista, que pune a quien reivindique o alabe la comisión de hechos delictivos públicamente pero que a los genocidas evidentemente no se les aplica, mientras… a León Gieco lo imputaron a través de ella, ¡por defender a Romina Tejerina en una canción!).

¿Cómo se analiza este fallo en el marco de los juicios a los represores nacionalmente?

Con la condena a estos 8 represores, son aproximadamente 22 los condenados, luego de 5 años de anuladas las leyes de obediencia debida y punto final. Datos que muestran, como venimos denunciando desde el CeProDH, que la “política de DD.HH. de los K” es terminar con estos juicios juzgando sólo a algunos represores, para dejar el resto absolutamente impune (incluido el empresariado nacional que impulsó el golpe y que sigue haciendo negocios hoy con el gobierno K) y lograr la tan ansiada “reconciliación” con las instituciones represivas. La ministra Garré ya afirmó que quieren terminar con todos los juicios para el “Bicentenario”, esto es en 22 meses. A esa altura, con suerte, se juzgará a una treintena más, y por delitos individuales, que es lo que deja asentado el Tribunal acá en Córdoba.

Recordemos que el Secretario de DD.HH. de la Nación Eduardo L. Duhalde, cuando vino a Córdoba a atestiguar durante el juicio a estos represores, reconoció públicamente que en el Proceso Militar participaron más de 200.000 personas. Claro que se ‘olvidó’ de decir que no llegan a 400 los imputados. Mientras, muchos siguen en funciones, como los 9.000 efectivos de la Bonaerense, o incluso como uno de los mismísimos jueces del Tribunal que condenó en esta causa: Otero Alvarez, que fue designado por los mismos militares del Proceso.
Sino, ¿Cómo se entiende la desaparición del compañero Jorge J. López (que pasados casi dos años no se sepa absolutamente nada), la muerte del prefecto Febrés, o la reciente “fuga” del “Laucha” Corres en una comisaría en Bahía Blanca?

Esta política de hacer creer que se venían juicios en masa a los genocidas en su momento fue para represtigiar a las instituciones absolutamente cuestionadas luego de los levantamientos del 2001, para maquillar, para lavar caras. Así, resultó repugnante ver al gobernador Schiaretti llorando en las cámaras de TV -en la sala de audiencias y mientras se leía la sentencia-, cuando durante los 9 años de gobierno de De La Sota, de quien fuera primero Ministro de Industria y luego vicegobernador, no hizo nada para encarcelar a los genocidas (es más, no dijo una palabra cuando De La Sota argumentó que los desaparecidos eran consecuencia de que las madres “no habían cuidado bien a sus hijos”). El mismo gobierno que apoyó decididamente la protesta de la golpista Sociedad Rural, ahora usa los derechos humanos para mejorar su imagen.

Además, lamentablemente con este fallo se intenta lavar la imagen de la Justicia, que amparó a todos estos asesinos durante tres décadas, y que incluso en Córdoba tiene entre sus miembros, entre otros, al nombrado Otero Alvarez (que fue Secretario en la Justicia Federal durante la dictadura), o la misma jueza del Tribunal N° 3, Vidal Lascano, quien no sólo viene de esa época, además, en democracia, estuvo en actos públicos junto a Menéndez.

Desde el CeProDH, junto a todos los organismos independientes como los que nos nucleamos en Justicia Ya!, seguiremos luchando por imponer los juicios a todos los implicados por genocidio, es decir por haber sido partícipes de un plan contrarrevolucionario sistemático aplicado por el aparato de este Estado para liquidar a una generación de luchadores, intelectuales y militantes de izquierda. Este implicaría que todos, incluyendo los partícipes civiles como los empresarios impulsores del golpe que entregaban a los activistas de sus fábricas y empresas, serían castigados por todos los crímenes cometidos. Por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.