Hace diez años el gobierno del PJ ejecutó una de las peores represiones de la historia reciente. La masacre de Avellaneda contó con la venia de las patronales, de las fuerzas políticas tradicionales y de los grandes medios de comunicación. El kirchnerismo avaló en todos estos años la impunidad para los ideólogos de la masacre, dejando que sólo se juzgara a quienes apretaron el gatillo. Todos los responsables políticos se reciclaron y hoy ocupan cargos ejecutivos y legislativos, en el oficialismo y en la oposición, e incluso en el Poder Judicial. Y por si fuera poco ahora la Justicia “premia” a los policías asesinos con beneficios cercanos a la libertad. Entrevistamos a Alberto Santillán, padre de Darío, y a Stella Cabral, obrera de Kraft, que estuvo aquella mañana en el puente y cayó presa junto a decenas de manifestantes.