Producto de la fuga masiva de votos desde el Frente para la Victoria hacia el Frente Renovador del ex kirchnerista Sergio Massa, el gobierno de Cristina Fernández se propuso recuperar terreno respondiendo a los reclamos de “seguridad” que vienen realizando parte de las clases medias y son tema central en los grandes medios.

Hace dos semanas se lanzó el “Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad”, por el cual el gobierno nacional provee personal (policía, Gendarmería y Prefectura), móviles y tecnología a provincias y municipios para fortalecer la presencia del aparato represivo estatal en los barrios. 5.000 gendarmes, varios centenares de prefectos, 350 patrulleros, 50 móviles “inteligentes”, 350 motos y sofisticados sistemas de inteligencia federal ya desembarcaron en el Conurbano y grandes ciudades bonaerenses como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. En principio el megaoperativo se fijó por 45 días, con un claro tufillo electoral. Pero es muy posible que se prorrogue mucho más allá de octubre.

A la capital de la provincia ya llegaron 200 gendarmes, 10 móviles y sistemas de vigilancia y control que pasarán a prestar servicio permanente en las zonas fijadas por la Comuna de acuerdo a su “mapa del delito”. El intendente Pablo Bruera los recibió exultante afirmando que este es“un importante paso adelante con el refuerzo de recursos humanos y tecnológicos, y también en la necesaria coordinación entre el Municipio, la Provincia y la Nación”. En el caso de las ciudades portuarias se envió a efectivos de Prefectura Naval, en un número inicial de 200 (MdP) y 160 (B.B.), acompañados también por decenas de móviles y tecnología de última generación. A este despliegue (200 efectivos promedio por municipio) se suma la redistribución de 600 agentes bonaerenses, dispuesta por Scioli para “cubrir” zonas “calientes” del conurbano y otras regiones. Como Bruera, no hubo intendente que no haya recibido con beneplácito a los uniformados. "Los prefectos están altamente preparados”, dijo el secretario de Gobierno bahiense Fabian Literas, y por eso serán “distribuidos de manera estratégica”. Y el intendente marplatense Gustavo Pulti confirmó que para este nuevo operativo “la prioridad son los barrios de Mar del Plata y Batán”, donde a través de esta saturación de efectivos y móviles “se busca retomar una tranquilidad y una normalidad”.

Saturación criminal

Las políticas estatales de saturación policial de las barriadas populares aumentaron exponencialmente en los últimos años, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país. Sin embargo, lejos de descender en sus índices más relevantes, los delitos organizados como el narcotráfico, la trata de personas, el robo de automotores, el juego clandestino y otros negocios ilegales siguen en aumento. Y por si fuera poco, permanentemente asistimos a casos de la llamada “inseguridad” protagonizados por comisarios y otros agentes del poder estatal, tanto policial como político y judicial.

En este sentido la acción “conjunta” de bonaerenses, gendarmes y prefectos no hará más que mejorar la coordinación del gran delito y la profundización de la impunidad para sus verdaderos beneficiarios, los capitalistas que se enriquecen manejando multimillonarios negocios ilegales, al tiempo que aumentará el control militar sobre las barriadas populares y la juventud trabajadora y pobre.

A este hiperdesarrollo del aparato represivo estatal debemos sumar la proliferación de verdaderas “fuerzas de choque” urbanas organizas por punteros políticos y financiadas por los intendentes. Por caso, en La Plata las “Patrullas de Seguridad Municipal”, lanzadas a la calle a horas de la trágica inundación del 2 de abril, se dedican a hostigar y atacar a vecinos y organizaciones sociales y políticas que denuncian y luchan contra los atropellos del Estado. Durante la campaña por las PASO se los vio persiguiendo y golpeando a militantes de las fuerzas que denuncian la responsabilidad de Alak, Bruera, Scioli y los k en ese “crimen social” del 2 de abril que dejó decenas de muertos y enormes pérdidas para el pueblo trabajador.

Espionaje y persecusión

El desembarco de gendarmes y prefectos a patrullar los barrios no puede menos que alarmar a los trabajadores y el pueblo pobre. Son las mismas fuerzas que protagonizan desde hace años el espionaje y la persecución con los que se procesa a cientos de luchadores sociales y políticos en todo el país. La denuncia del Proyecto X, hecha por trabajadores y organismos de derechos humanos de la zona Norte del Gran Buenos Aires, destapó el nefasto rol que la Gendarmería desempeña, bajo las órdenes del gobierno nacional, en la criminalización de la protesta social. Al día de hoy son más de 5.000 los procesados por luchar, amenazados con juicios que en algunos casos pueden acaban en varios años de cárcel. No se puede esperar otra cosa de estas fuerzas armadas que llevan décadas participando, con un papel destacado, en cuanto contrabando se realiza en las fronteras y los ríos. Quienes además, por su control territorial y administrativo, son garantes fundamentales del perverso negocio de la trata de personas para prostitución y esclavitud laboral.
Por eso resulta de primer orden repudiar el desembarco en los barrios populares de Gendarmería y Prefectura, fuerzas supuestamente menos “descompuestas” que policías como la Bonaerense u otras provinciales. Pero no debemos perder de vista que estas fuerzas integran un aparato represivo nacional repleto de delincuentes, asesinos y criminales, miles de ellos en funciones desde la última dictadura. Los casos de Julio López, Luciano Arruga, Sandra Ayala Gamboa, cientos de asesinatos por gatillo fácil policial, torturas en comisarías y cárceles e innumerables apremios y ultrajes en instituciones municipales y provinciales configuran un verdadero “mapa del delito” estatal donde reina la impunidad.

Desde el CeProDH y el PTS en el Frente de Izquierda repudiamos la militarización de los barrios populares enmarcada en el “Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad” y otros similares, concientes de que no es persiguiendo y reprimiendo a la clase trabajadora y el pueblo pobre como se acabará con el delito organizado que se extiende en las ciudades y el interior del país. Exigimos el cese del espionaje a los luchadores, que se disuelvan todos los sistemas de inteligencia utilizados para tal fin y se hagan públicas las bases de datos del Proyecto X y otros programas similares, entregando toda la información a quienes fueron espiados. Basta de infiltración a las organizaciones populares. Cese de la persecución y anulación de las causas judiciales contra los más de cinco mil luchadores obreros y populares.

Luchamos contra el gatillo fácil en nuestros barrios y contra todo tipo de criminalización de la pobreza.

Exigimos un plan nacional de viviendas populares, urbanización de villas e impuestos progresivos a las viviendas ociosas de los especuladores inmobiliarios. No a la criminalización de los ocupantes de tierras y asentamientos. Por salud y educación gratuitas y de calidad para todos.