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Luego de 9 meses el juez Oyarbide allana Campo de Mayo por espionaje

Tras la denuncia de los querellantes y el rechazo de la Cámara Federal porteña al intento de Oyarbide de deslindarse de parte de la causa, finalmente el juez inspecciona y allana el Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, sede de Gendarmería acusada de espionaje contra el sindicalismo de base y la izquierda

PTS

31 de agosto 2012

Luego de 9 meses el juez Oyarbide allana Campo de Mayo por espionaje

(PTS, 31/08/12) Luego de la denuncia de los querellantes y que la Sala I de la Cámara Federal porteña rechazara el intento del juez Norberto Oyarbide de deslindarse de parte de la causa, hoy finalmente el juez Oyarbide realiza una inspección ocular y allanamiento en el Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo donde funciona la sede de Gendarmería Nacional acusada de realizar espionaje contra el sindicalismo de base y la izquierda.

La denuncia con el pedido de este allanamiento fue presentada hace nueve (9) meses por organismos de Derechos Humanos junto a la Comisión Interna de Kraft, a cuyos miembros se les iniciaron causas penales basadas en informes de inteligencia ilegales de Gendarmería. El juez salió en helicóptero desde los Tribunales de Comodoro Py hacia esa dependencia de Gendarmería sita en Ruta 8, Puerta 4, Campo de Mayo. Durante estos meses el juez no sólo quiso dividir la causa, sino que puso como peritos a agentes de la SIDE dependientes del Poder Ejecutivo y de la propia Gendarmería Nacional, lo que fue impugnado por nosotros.

En el día de ayer fue la Gendarmería al mando del Secretario de Seguridad, Sergio Berni, la que reprimió a un grupo de desocupados y privó de su libertad a 60 de ellos alojándolos en las mismas dependencias de esa fuerza en Campo de Mayo. La violencia contra quienes solicitan un aumento en sus magros haberes contrasta con la impunidad con la que el gobierno nacional sostiene a quienes se infiltran y espían ilegalmente a los trabajadores y estudiantes combativos y a la izquierda.

Entretanto la criminalización de la protesta se profundiza con la revocatoria del sobreseimiento del líder de la comunidad Qom Félix Díaz por orden del gobernador kirchnerista formoseño Gildo Insfrán, dirigente de los pueblos originarios que ahora se encuentra con una causa penal acusado de ser instigador de los delitos de lesiones, atentado a la autoridad y homicidio del policía Eber Falcón. Más de 5.000 referentes sociales se encuentran procesados por luchar con causas armadas en su mayoría por las mismas fuerzas represivas.

Seguiremos bregando por el cese de toda persecución contra los luchadores obreros y populares y por el castigo a quienes ordenaron y efectuaron las infiltraciones y espionaje contra el sindicalismo de base y la izquierda.


Myriam Bregman (011) 15 4170 2398

Agustín Comas (011) 15 4035 8445

(abogados de la querella)

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