Unos meses antes del inicio del Operativo Independencia, culminaba una de las huelgas más importantes en la historia de Tucumán. Al igual que en 1949, el movimiento obrero azucarero se rebelaba contra un gobierno peronista. Esta vez cuestionando una de las claves del gobierno del propio Perón primero y de Isabel después, el Pacto Social. La huelga, que fue impuesta por las bases a la dirección conciliadora de Atilio Santillán, estaba organizada en base a mas de 300 delegados de ingenios, que tuvieron que enfrentar no solo a la patronal, sino al gobernador Amado Juri que dio rienda suelta a las bandas fascistas y que pidió la intervención del Ejército, Gendarmería y la Policía Federal para enfrentar a los obreros rebeldes. La huelga contó con el apoyo del movimiento estudiantil que desde los tucumanazos había encontrado en la clase obrera un aliado fundamental. La burocracia sindical de conjunto salio a repudiar a los dirigentes azucareros, ya que la huelga contra el plan económico del gobierno sumaba apoyo en sus bases.
La lucha contra el Pacto Social en ese momento no fue exclusiva de Tucumán sino que recorrió todo el país y tuvo su expresión en luchas enormes como el conocido Villazo y el desarrollo del clasismo cordobés. En Jujuy, en el Ingenio Ledesma, luego de recuperar el sindicato habían comenzado movimientos huelguísticos, tras casi 30 años sin que hubiera medidas de fuerza. La provincia de Salta también era protagonista de huelgas contra las políticas salariales del gobierno y la complacencia de la burocracia sindical.
Con el Operativo Independencia se intento por un lado aplacar este posible desarrollo de una vanguardia obrera que abría la posibilidad de que sectores importantes del movimiento obrero rompan con la burocracia y el gobierno peronista; y, por otro lado, impedir que estos procesos se unificaran nacionalmente, dando lugar a una fuerza imparable. El decreto que ordenaba exterminar la guerrilla rural, tuvo la mayor parte de las operaciones en las ciudades y sus víctimas fueron en su mayoría dirigentes sindicales y estudiantiles, incluidos cientos de delegados de la huelga azucarera de fines de 1974 y de la dirigencia del Ingenio Ledesma. Para esto, los genocidas contaron con aliados fundamentales: el imperialismo, empresariado y la Iglesia Católica.

A fin de disponer de fondos para la “campaña antisubersiva”, se creo el Fondo Patriótico Azucarero, al que aportaron los grandes cañeros y los industriales azucareros. No casualmente las mayor parte de los desaparecidos eran obreros azucareros, peladores de caña y jornaleros, entre ellos, casi al totalidad de los delegados organizadores de las huelga de 1974. Apenas iniciado el Operativo independencia fueron destruidos los Sindicatos del Ingenio San José, Santa Lucía, Providencia y Ledesma, y se organizaron centros clandestinos de detención en varios ingenios como el de Famailla, Nueva Baviera y Lules. No es de extrañar que años después, las campañas electorales de Bussi fueran financiadas por los Bulgheroni, Arrieta, Padilla, Sierra Morales, entre otros.

Con el objetivo de lograr base social en la población, durante el Operativo Independencia primero, y a partir del golpe del 24 de Marzo de 1976 después, los genocidas realizaron numerosas obras públicas financiadas por los organismos de crédito internacional, como el FMI y el Banco Mundial. De esta forma se daba lugar a un plan perfecto para los capitalistas. Obras Públicas que le daban millones a empresarios de la construcción que amasaron fortunas. Empresas como Di Bacco, Tensolite, Viluco (Lucci), Loma Negra, Minetti, entre otras, nacieron en este período, crecieron en forma extraordinaria o se instalaron en al zona por los beneficios fiscales. Estas mismas empresas, fueron parte de la patria contratista en los`80, se beneficiaron de la flexibilización laboral en los `90 y hoy son socias del gobierno de Kirchner y Alperovich. La deuda que financio a los genocidas también fue pagada por todos los gobiernos desde el `83 hasta hoy.

Mientras dirigentes de la centroizquierda proponen “investigar” esta deuda externa ilegitima y fraudulenta, nada dicen de investigar a los empresarios que financiaron y/o se enriquecieron con el golpe de Estado. Un ejemplo de esto es el mismísimo hermano de Luciano Benjamin Menéndez, José María Menéndez, quien en 1977 abrió la empresa Litoral Citrus S.A., teniendo una de sus fábricas en Tucumán. Esta fábrica cerro sus puertas en 1994 y reabierta durante el gobierno del genocida Bussi en 1997. Está claro que los militares actuaron para beneficiar al los empresarios y los capitalistas.

El apoyo de la Iglesia Católica no se limitó a su acción como fuerza ideológica de justificación del genocidio, sino que fueron parte integrante de los secuestros, torturas y desaparición de personas. Es conocida la presencia en las salas de tortura de los sacerdotes Vecce y Mijalchik y el General Vilas, a cargo del Operativo Independencia, reconoció el apoyo recibido del Arzobispo Contero y del Obispo de Concepción Juan Carlos Ferro. Ni siquiera el Vaticano quedo al margen del genocidio, su enviado especial, Monseñor Pio Laghi recomendó al General Bussi “respetar el derecho hasta donde se pueda”. Bussi, en el presente juicio en su contra, volvió a recalcar el apoyo activo de la cúpula eclesiástica al accionar militar. Fósbery, fundador de FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomas de Aquino) y en ese entonces rector de la UNSTA, era parte de la Comunidad de Servicios de Inteligencia en las cuales se elaboraba las listas de personas a ser secuestradas. Hoy FASTA, que aporto voluntarios para las bandas fascistas, es quien dicta los curso de formación a la policía en todo el país.

A 27 años de l vuelta a la democracia, más del 95% de los genocidas caminan libres por la Argentina y la amplia mayoría de los condenados, cumplen arresto domiciliario. De esta forma un genocida como Bussi, que tuvo injerencia directa en la organización del aparato estatal para la desaparición de más de 3.000 personas en la provincia, hoy cumple condena en un Country de lujo. Esto solo puede ser así, por la permanencia en todas las estructuras del Estado de funcionarios de la dictadura, que fueron mantenidos y/o promovidos desde el gobierno de Alfonsín en adelante. En Tucumán, Mario René Goane, actual vocal de la Corte Suprema de Justicia, fue Fiscal de Estado durante el gobierno del General Merlo. Sassi Colombres, quien sucedió a Goane en el cargo hasta finalizar la dictadura militar, y socio del estudio jurídico que defendió oportunamente a Bussi, fue promovido por Alperovich como miembro de la Corte Suprema. Luego de fracasar en dicho intento el gobernador lo designo como interventor de la Caja Popular de Ahorros. Además la Casa de Gobierno está repleta de asesores que cumplieron funciones en la ultima dictadura o que provienen de Fuerza Republicana, partido fundado por Bussi.

No podemos dejar de mencionar la continuidad de la impunidad en las filas policiales. Formados durante la represión, gran parte de la actual cúpula policial es especialista en violación a los derechos humanos. Quienes no fueron parte de las fuerzas policiales durante la última dictadura, fueron formados por los represores, como el Malevo Ferreyra quien no solamente fue un torturador y asesino, sino que también uno de los primeros organizadores de la mafia policíal. Esta misma policía, hoy controla la prostitución (y por ende la trata de personas), el juego, las drogas y sigue siendo la encargada de reprimir a los trabajadores, como se mostró al año pasado en el desalojo a los autoconvocados de los hospitales.

Lamentablemente las principales fuerzas que tuvieron influencia en el movimiento obrero tucumano y argentino tuvieron una política que planteaba la conciliación de intereses entre la clase obrera y las patronales, expresada en el apoyo al gobierno peronista. Esta influencia es la que impidió enfrentar con éxito el avance fascista que comenzó con la creación de la Triple A y siguió con el golpe al gobierno provincial de Córdoba en 1974, el Operativo Independencia y que finalizó con el golpe de estado de 1976. La clase obrera dio lo que podía dar. Utilizó todos los métodos de lucha y se organizó democráticamente tratando de desembarazarse de la burocracia sindical. Buscó alianza en el resto de los trabajadores y en el movimiento estudiantil. Sin embargo, al igual que se demostraría en el resto de país, la ausencia de una dirección revolucionaria anclada en la clase obrera y con cuadros formados en las etapas previas, hizo que semejante fuerza social se mantenga en las marcos de lucha sindical, mientras el conjunto de los capitalistas buscaban una salida política y de fuerza a la crisis política y económica que se gestaba en el país.

A 35 años del inicio del Operativo Independencia, comienza a desarrollarse en Argentina nuevamente un sindicalismo de base que cuestiona a la burocracia sindical y las políticas de precarización y bajos salarios de las patronales y el gobierno. Quienes, como Morales Solá, la burocracia sindical y los gerentes de las grandes empresas, apoyaron y defienden a los genocidas, ven con espanto como la clase obrera comienza a intervenir organizada desde las bases, tanto en Kraft, en los Subtes de Buenos Aires, como en los autoconvocados de la salud de Tucumán. Quienes reivindicamos las gestas obreras de los `70 como los Villazos, el clasismo cordobés, la gran huelga azucarera del ´74 o las coordinadoras interfabriles, apostamos al triunfo de todas las luchas obreras y por la cárcel común, perpetua y efectiva de todos los genocidas civiles militares y eclesiásticos, nos planteamos hoy más que nunca recuperar críticamente las mejores tradiciones de la clase obrera, para que esta vez, la crisis la paguen los capitalistas.