Cuando este periódico salga a la calle, los vecinos de 70 organizaciones de distintos barrios de la Capital y provincia de Buenos Aires harán cortes de calle y un “ruidazo”, reclamando el cese de la construcción de edificios en torre. Los vecinos denuncian que la proliferación de este tipo de edificación damnifica las condiciones generales de vida1 y deteriora la calidad en el suministro de servicios por la elevada densidad de población. Los vecinos exigen un control exhaustivo de las torres y los problemas que originarían sobre la infraestructura urbana. Estas acciones provocaron que Jorge Telerman, jefe del gobierno de la Ciudad, suspendiera por 90 días la entrega de nuevos permisos de obra en 6 barrios porteños2. Kirchner se hizo eco de las grandes constructoras e inmobiliarias, quienes señalaron que la determinación generaría “inseguridad jurídica” para invertir, profundizaría el déficit habitacional y pondría en riesgo la fuente de trabajo de miles de obreros. Con el fin de desacreditar las legítimas demandas, estos sectores patronales movilizaron a sus propios obreros, intentando enfrentarlos contra los vecinos.

Las clases medias y las clases bajas
Según datos oficiales, la cantidad de metros cuadrados construidos en los barrios enunciados aumentaron a un ritmo del 2% anual, superando la media histórica que oscila entre 0,5 y 0,6% por año. Un 97% de los nuevos permisos de obra corresponden a edificios. Durante el primer semestre, estos barrios concentraron un 44% del total de autorizaciones otorgadas en toda la ciudad con 487.000 m2. En Caballito se presentaron permisos de obra por 191.000 m2, un 168% superior respecto al mismo período del año pasado. Este tipo de construcción irracional está habilitado por el Código de Planeamiento Urbano, legislación impuesta por la dictadura en 1977 y conservada por los gobiernos constitucionales.
Los medios de comunicación focalizaron sólo los problemas de las clases medias, cuando la vigencia de este código afecta en particular el desarrollo de la vida cotidiana de las barriadas de los sectores más humildes. En la provincia de Buenos Aires, la construcción tipo torre impacta directamente sobre la ya degradada infraestructura instalada en los alrededores, donde no hay suficientes cloacas ni agua corriente, afectando en particular los drenajes contra las inundaciones. Este código legalizó la privatización de espacios públicos, sentó el precedente para desmantelar el FONAVI, terminó con la adjudicación de viviendas subsidiadas por el Estado y entregó el control del mercado inmobiliario a las grandes constructoras, arrojando al azar la suerte de los sectores desposeídos. Para ilustrar, valen dos ejemplos. La contaminación provocada por las 44 empresas del Polo Petroquímico que vierten sus desechos en el Riachuelo perjudica a 5 millones de personas3, de las cuales el 60% vive en condiciones de extrema pobreza sin cloacas. La secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti aseguró que el problema comenzaría a solucionarse …¡en 15 años! En el mismo sentido, las 14 Villas de Emergencia existentes en la Capital están asentadas en zonas de bañados y terrenos rellenos con desechos, que damnifican el funcionamiento de las napas freáticas y los pozos negros, poniendo en riesgo la salud de miles de indigentes. Evidentemente, el Código de Planificación Urbana no sólo degrada la calidad de vida de los sectores medios sino que también condena a la precariedad y a las enfermedades más inciertas a los sectores más pauperizados de la sociedad.
Una salida integral
Mientras en laa bambalinas Telerman negocia con las grandes constructoras el otorgamiento gradual de los permisos de obra, sus funciones pretenden desviar el eje de los reclamos, adjudicando los problemas ambientales a los cartoneros4 y a las personas que arrojan los residuos fuera de horario5. Se hace imperiosa una salida integral para sortear las diversas maniobras patronales que se proponen enemistar a los vecinos con los obreros y los cartoneros, mientras las grandes constructoras hacen pingues negocios. Es necesario luchar para imponer un plan de urbanización, contenido en el marco de un plan nacional de obras públicas controlado por los trabajadores y los vecinos, financiado con fondos que provengan de impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa. Un plan para resolver los problemas pendientes, construyendo viviendas, cloacas, escuelas, hospitales, terraplenes, puentes, poniendo ya mismo a trabajar a la gran masa de desocupados. De la alianza entre los trabajadores y los vecinos podrá encontrarse una solución efectiva acorde a los genuinos intereses de las mayorías populares. 

1 Entre otros aspectos, los vecinos señalan la invasión de la privacidad, la falencia de luz solar, problemas de ventilación, etc. 
2 Los barrios son Caballito, Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo y Villa Pueyrredón. Pocos días antes de la resolución de Telerman, la jueza Alejandra Petrella emitió una medida cautelar similar, cubriendo a 16 manzanas del barrio de Caballito.
3 Gran parte de esta población reside en las proximidades de los 105 basurales desperdigados en la extensión de la Cuenca. 
4 La ley Basura Cero estipula que los cartoneros deben estar inscriptos en el “registro oficial de la actividad”, utilizar los implementos adecuados y contar por lo menos con una camioneta modelo ’95 para efectuar el transporte de desechos. Caso contrario, el cartonero debe ser sancionado.
5 Marcelo Vensentini, ministro de Medio Ambiente de Telerman, propuso modificar el Código de Faltas, con multas entre $50 y $5000 a todo aquel que saque los residuos fuera del horario permitido.
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El código de planificación urbana

-Fue sancionado por la dictadura en 1977 y mantenido por los gobiernos constitucionales. Su base data del Plan Director de Buenos Aires de 1961 y reconoce antecedentes en el Código de Edificación de 1944, habilitando edificaciones en altura en cualquier sitio. Así la actividad inmobiliaria se rige por postulados urbanísticos de hace 62 años.
-Se ocupa de la edificación privada por eso no contempla la vivienda como problema social.
-No interviene sobre las rentas urbanas y el mercado inmobiliario.
-Su interés se orienta sobre los terrenos de grandes superficies, por ende favorece a los grupos inmobiliarios de gran capacidad financiera vinculados a empresas multinacionales.
-Concibe el déficit urbano solucionable mediante la edificación alrededor de los perímetros libres (plazas, parques, lagos, ríos), privilegiando la llamada Torre Country con servicios propios, en desmedro de otro tipo de vivienda como condominios, monoambientes, casas chorizo, PH, etc.
-Estableció la construcción de las autopistas a partir de 15.000 expropiaciones compulsivas.
-Ordenó la realización de los rellenos sanitarios de la CEAMSE, que generaron enfermedades cancerígenas, lupus, púrpura infecciosa, etc.
-Desmanteló el FONAVI como plan de vivienda.