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EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

Las imposturas de Boudou (o cómo vestir de progresista el ajuste inflacionario)

El ministro de Economía, Amado Boudou ha acompañado la presentación del presupuesto de su procedimiento habitual de sostener, sin sonrojarse, un discurso sobre los lineamientos progresistas de la política económica cuando en los hechos estos son realmente inexistentes.

Esteban Mercatante y Pablo Anino

23 de septiembre 2010

Las imposturas de Boudou (o cómo vestir de progresista el ajuste inflacionario)

El ministro de Economía, Amado Boudou ha acompañado la presentación del presupuesto de su procedimiento habitual de sostener, sin sonrojarse, un discurso sobre los lineamientos progresistas de la política económica cuando en los hechos estos son realmente inexistentes. Según el ministro, se gasta un 6% del PBI en Educación, pero esto en el mejor de los casos es cierto si sumamos el gasto de todos los niveles, desde el municipal al nacional ya que sin contáramos el gasto nacional apenas rondaría el 1,7% del PBI y esto contando todo el presupuesto del Ministerio. Sólo con esta engañifa la comparación con los pagos de intereses de deuda (que para el estado nacional equivale al 2% del PBI) resulta favorable. Si el ministro incluyera todos los pagos de deuda la comparación resultaría aún más desfavorable.

Boudou dixit: si hay crecimiento qué importa la inflación

Con el mismo desparpajo el ministro sostiene respecto a los dibujos que son los números de inflación, que “el Indec mide lo que mide, que es una canasta de bienes consistente con los consumos de los deciles más bajos de la población” como si no hubiera sido en esta canasta donde los precios pegaron en el último año un salto que el índice no refleja, y como si la práctica no fuera cerrarlo con un cálculo a ojo a la medida de las necesidades gubernamentales, para lo cual muchos trabajadores del organismo han sido desplazados de sus tareas y sometidos a la amenaza de una patota. Esto además de que las marcas “populares” incluidas son inencontrables.

Pero el colmo de la impostura lo alcanza cuando el ministro esquiva el bulto del tema inflacionario, señalando que en todo caso no puede achacarse al gobierno sino a los empresarios “que siempre están buscando apropiarse de parte de la renta de la población a través de políticas de precios” porque “les quedan incómodas las políticas que lleva adelante el gobierno”. Seguramente se referirá a los empresarios de la cadena agroalimentaria que reciben 5 mil millones en subsidios a sus ganancias, a cambio de no aumentar los precios que de todos modos suben. O la incomodidad provendrá quizá de algunos de los sectores que disfrutan de los miles de millones de subsidios al gasoil. Los empresarios sin duda están aprovechando la demanda firme para ajustar los precios, pero el gobierno genera el plafond para este accionar trucando los índices, es decir rompiendo el termómetro de los precios. El ministro se inventa una gesta contra sectores que buscan torcerle el brazo al gobierno redistribucionista, pero lo cierto es que hoy el gobierno es socio de los empresarios en la suba de precios, ya que le permite aumentar la recaudación nominal y mostrar que aumenta el gasto público (aunque gasta más pesos que compran menos por la inflación).

Sin embargo, para el ministro, si por un lado “hay que tener en claro que los precios no los suben ni el Indec ni el Gobierno, sino algún empresario o algún comerciante” tampoco es que realmente suben, sino que “hay una instalación mediática del tema”. Concluye, entonces, que “la única verdad es la realidad. Un país no puede crecer cerca del 9 por ciento si hay un proceso en el cual se están erosionando los ingresos de la población”. Su viceministro refuerza esta idea, afirmando, con cara de piedra, que “la realidad es que no percibimos ninguna desaceleración del consumo por impacto de la suba de precios”. Todo lo contrario, los que tienen algún peso ahorrado buscan la manera de gastarlo para evitar que la suba de precios erosione su poder adquisitivo, incluso los que pueden gastan en cuotas apostando a la inflación, y los sectores de ingresos más bajos sin duda no bajaron sus consumos con la suba de precios, sólo que gastar todo su ingreso les permite comprar cada vez menos bienes. Tenemos un consumo acelerado que junto con la demanda China por la soja y la demanda de Brasil motoriza el crecimiento. Pero mientras ministro y vice buscan tapar con estos números la cuestión inflacionaria, los sectores más precarios de la clase trabajadora reciben los peores golpes de la crisis y el resto apenas mantiene sus ingresos con las negociaciones paritarias.

¿Dónde está el “gasto social”?

Por fuera de la seguridad social, los principales rubros del presupuesto son los subsidios a las ganancias (16% de los gastos previstos) y los intereses de la deuda (10%). ¡Entre ambos suman más de un cuarto del total del gasto presupuestado! Recién después aparecen la educación (7%) y la salud (4%), entre otros rubros, y la mayoría se va en sueldos.
Y, en lo que hace al 42% del presupuesto que es para la seguridad social (ahí entra lo que se paga a jubilados y por la asignación universal por hijo) se obtiene centralmente de los aportes directos de los trabajadores, con un mísero 16% de contribuciones patronales (una pequeña deducción de lo que ganan los capitalistas con lo producido por los trabajadores) y otros impuestos que también recaen mayormente sobre los trabajadores como el IVA. Es decir que significa una transferencia sostenida por los propios trabajadores.

Los principales “contribuyentes”: los trabajadores

La forma en que el gobierno busca garantizar los negocios capitalistas también se hace más que evidente en las fuentes de la recaudación. Más de la mitad de la recaudación presupuestada para el 2011 será por IVA (que afecta principalmente a los consumos populares) y por contribuciones a la seguridad social (que se apoya principalmente en una reducción al salario). Muy lejos de esto, los impuestos a las ganancias de los capitalistas solo aportarán el 18% y los derechos de exportación (en gran medida retenciones a la soja) un mísero 11% del total de la recaudación que estima el presupuesto.

La falsa inflación encubre la miseria presupuestaria

Aunque la inflación sigue en alza los K sólo presupuestan un 8,9% de inflación para el año próximo, de esta forma siguen mostrando una referencia falsa, no sólo para tirar para abajo los salarios que se negocien en paritarias, sino también para mostrar un supuesto crecimiento de partidas presupuestarias. Si se contabilizara la verdadera inflación (alrededor del 25% en la actualidad) se mostraría que en el “país real” la suba del 18% del gasto público que se presupuesta para 2011 implica un ajuste en muchas partidas. Por ejemplo, el presupuesto prevé un aumento de sólo el 14% en las remuneraciones a los trabajadores estatales, muy por detrás de la verdadera inflación. Lo mismo ocurriría con los pagos a jubilados que se incrementarían un 22%, también por debajo de la suba de precios.

Alimentando a los especuladores

El 10% presupuestado para pagos de intereses no es todo lo que se desembolsará por pago de deuda. Es que además se paga capital que se imputa aparte. Aunque los pagos de capital son reducidos el próximo año serán uno de los motivos para recurrir a otros u$s 7,5 mil millones de reservas para el Fondo de Desendeudamiento. Pero con estos fondos los K podrían también anticipar el pago de capital de deuda como base para su eterno intento de volver a los “mercados” y relanzar el endeudamiento.
Tal es el dulce que el gobierno ofrece a los especuladores que para ˜ámbito Financiero (20/09/2010) “Septiembre apunta a ser otro mes inolvidable para los ahorristas”. Además se les asegura a los especuladores comprar hoy deuda barata y sostenerla hasta el año próximo con la previsibilidad no solo de cobrarla, sino también de poder comprar los dólares casi al precio actual, y no a uno mucho más elevado. Es que el presupuesto del año que viene fija que el dólar llegará a un máximo de $ 4,15. De esta forma los especuladores tienen la garantía que podrán vender los bonos, comprar los dólares a un precio razonable y fugar las ganancias al exterior.

A pesar del Fondo de Desendeudamiento la deuda subió durante el último año de u$s 140 mil millones a u$s 156 mil millones, un crecimiento del 11%, a causa del canje, entre otros motivos. Un probable arregló con el Club de París ubicaría en la deuda en un nivel aún más elevado. Aunque la mitad de la deuda está en manos del propio sector público esto significa que se bloquean recursos que podrían usarse para otros fines, en financiar al estado para que siga sosteniendo los pagos de deuda, un círculo vicioso que sólo sirve a los bonistas.

La disputa política por la aprobación del presupuesto

La oposición se prepara para el rechazo al presupuesto, o imponer numerosos cambios. Entre otros, Proyecto Sur, ha salido a denunciar que el proyecto es un dibujo (por la estimación del nivel de inflación, crecimiento, gastos, etc.), para permitir que el gobierno cuente con recursos a discreción. Proyecto Sur no logra trascender los cuestionamientos formales. Con un Congreso con mayor peso opositor, se preanuncia una fuerte disputa con resultado difícil de predecir. Sin embargo la disputa en ese ámbito tiene escasa significación para los trabajadores y los sectores populares.

Nadie pone en cuestión la deuda pública, salvo Proyecto Sur que plantea, no rechazar el pago de la deuda en su integridad, sino la ridiculez de llamar a que sea este Congreso dominado por el PJ, los radicales y partidos derechistas el que estudie su legitimidad cuando históricamente han sido (y lo siguen siendo) los principales garantes de esa estafa.
Nadie opone al planteo de la derecha de eliminar los subsidios y aumentar las tarifas, la nacionalización del conjunto de las empresas de servicios públicos bajo gestión de sus propios trabajadores para brindar servicios públicos gratuitos para todo el pueblo trabajador y realizar las inversiones en la infraestructura necesaria.

Mediante el no pago de la deuda y la eliminación de los subsidios a los capitalistas podría llevarse adelante un masivo plan de obras públicas para crear millones de puestos de trabajo que acaben con la desocupación y dar respuesta definitiva a los problemas de las escuelas, hospitales y universidades. Es necesario eliminar el IVA para todos los consumos populares y mediante fuertes cargas patronales garantizar el 82% móvil para los jubilados y un fuerte incremento a la asignación por hijo que permita a toda familia tener un ingreso de mínima igual al valor de la canasta familiar. La única fuerza social para conseguir todo esto está en la alianza entre trabajadores ocupados y desocupados junto con los estudiantes que luchan mediante la movilización y coordinación de las reivindicaciones como vimos las últimas semanas con Kraft, Paraná Metal y PepsiCo. Sólo con la intervención política independiente de la clase trabajadora podrá imponerse este camino.

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