Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
6 de junio de 2020

La Verdad Obrera N° 358

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La sangría de la deuda

21 Jan 2010   |   comentarios

La crisis generada por el Fondo del Bicentenario puso de nuevo en primer plano la cuestión de la deuda. Han resurgido propuestas de auditarla para distinguir deuda legítima e ilegítima, y aunque la presidenta desairó este planteo diciendo que ya pasó la oportunidad de cuestionar su legitimidad, fuerzas como Proyecto Sur exigen la discusión en el Congreso. Como si toda la deuda pudiera atribuirse a una herencia de la dictadura, y por lo tanto fuera ilegítima, o como si el problema fuera alguna porción de la deuda emitida en condiciones fraudulentas. Sin duda una investigación expondrá las maniobras de funcionarios como Cavallo, Redrado, Daniel Marx (eminencia gris que pasó por distintos cargos en el BCRA y Economía), o muchos otros que nunca escatimaron concesiones a los acreedores. Pero el problema es la deuda de conjunto, que no para de crecer.

La historia de la deuda

En la crisis que atravesó el mundo capitalista desde fines de los ‘60, que en Argentina golpeó severamente en 1974, se encuentra en el origen del endeudamiento que se remonta hasta hoy. Los “petrodólares”, acumulados por los países exportadores de petróleo gracias a sus altos precios, se depositaron en bancos internacionales y permitieron incentivar al endeudamiento barato en los países “periféricos”. Para 1976, el ministro de la dictadura Martínez de Hoz logró créditos en dólares a bajas tasas, lo que permitió endeudarse para mantener sobrevaluada la moneda local. Los empresarios también pudieron obtener créditos baratos, y por las altas tasas de interés en la plaza financiera argentina, los usaron para generar la “bicicleta financiera”: comprar dólar barato (por la moneda local sobrevaluada) para invertir en plazos fijos en el mercado local, y sacar las ganancias al exterior. Por esta vía se amasaron y fugaron miles de millones de dólares, sostenidos por un endeudamiento privado que alcanzó los u$s 17.000 millones en 1981.

A comienzos de los ‘80, la abundancia de dólares baratos se transformó en sequía, ya que la Reserva Federal (el Banco Central norteamericano) combatía la inflación con una suba de tasas de interés, atrayendo capitales de todo el mundo. La política económica de la dictadura (peso fuerte) se derrumbó, y sobrevino una fuerte devaluación. Pero -no fuera cosa que los empresarios pagaran por su rapacidad- el Banco Central, comandado por Cavallo, otorgó “seguros de cambio” a las deudas privadas. El Estado solventó los costos de la devaluación para los empresarios. Se estatizaron u$s 8.600 millones, es decir, el 55% de la deuda privada. La deuda pública, que en 1976 era de 8 mil millones, para 1982 rondaba los u$s 45 mil millones.

Aunque Alfonsín coqueteó con una renegociación dura de la deuda de la mano de su primer ministro de Economía, Grinspun, terminó reconociéndola íntegramente. Gracias a ello y al déficit fiscal agravado por el incremento de transferencias y subsidios a los capitalistas a lo largo de la década de los ‘80, sumado a un deterioro de la balanza comercial (por estancamiento de las exportaciones y aumento de las importaciones), la deuda registró un marcado incremento. Para fines del período era de u$s 64 mil millones. El déficit fiscal que trajo aparejado dicha deuda fue un factor clave en la estampida hiperinflacionaria. A fines de 1988 se suspendieron los pagos de deuda.

Durante los gobiernos de Menem la deuda se incrementó en un 123%. En 1993, el Plan Brady reemplazó las acreencias que estaban en manos de bancos privados por bonos. El plan prometía terminar con el problema de la deuda, pero fue la vía para un nuevo ciclo de endeudamiento, aprovechando la oferta internacional de capitales. En paralelo, se impusieron medidas como la liberalización de regulaciones y aranceles, privatizaciones y reformas laborales. Como si esto fuera poco, se permitió a los que compraron empresas públicas que pagaran con títulos de deuda, que por el quebranto del Estado estaban a precios de remate. Estos títulos se aceptaron como pago no al bajo valor de mercado, sino a precio nominal, es decir, por mucho más de lo que valían. Los empresarios se hicieron de las empresas públicas pagando casi nada (y en muchos casos ni siquiera cumplieron con estas irrisorias obligaciones).

Si al comienzo del gobierno de De la Rúa la deuda era de 146 mil millones, al momento de su caída superaba los 180 mil millones. Sostener la convertibilidad 1 a 1 con el dólar se fue haciendo cada vez más costoso luego de las sucesivas crisis que se registraron desde 1994, que cortaron la oferta de capital barato para los “países emergentes”. Persistir en éste intento, como hicieron los gobiernos de Menem y de De la Rúa, significaba seguir endeudándose no sólo para pagar la deuda, sino para sostener el creciente déficit comercial.

Con la devaluación de 2002, la “pesificación asimétrica” actuó nuevamente como un seguro de cambio para los capitalistas, que antes de la mega devaluación habían fugado decenas de miles de millones de dólares. Estuvo acompañada de medidas de salvataje a bancos y empresas. La deuda aumentó u$s 38.000 millones en 2002.

Luego del canje de 2005 con quita, Kirchner afrontaba una deuda regularizada de 126 mil millones (y otros 27 mil entre los bonistas que no ingresaron al canje y la deuda con los países reunidos en el Club de París). A pesar de la quita, la deuda se mantuvo elevada, y desde entonces aumentó 21 mil millones (un 17%) porque, generosos con los bonistas, en el canje se entregaron bonos que pagaban más por cada punto de crecimiento de la economía y de inflación. Además se fue tomando nueva deuda para pagar la anterior y para aumentar los subsidios a los capitalistas. Hoy, la relación deuda/PBI ronda el 60%. Los principales tenedores de la deuda son fondos de inversión creados por bancos locales y extranjeros. Es cierto que una parte importante de la deuda está en manos del sector público (AFIP, ANSES, etc.), pero la mayoría está en manos de bancos y fondos de inversión, detrás de los cuales se mueven los llamados fondos buitres.

Una vía de saqueo imperialista

La deuda actúa como mecanismo de expoliación imperialista: gracias a ésta, se alimentan los mercados financieros internacionales y a los bonistas locales, por pagos de capital e intereses con montos que rondan los 6 ó 7 puntos porcentuales de la producción anual del país. Formidable fuga de riqueza, que podría utilizarse para obras de infraestructura que den trabajo a todos los desocupados. La debilidad de la economía nacional, cuyas consecuencias recaen especialmente sobre los trabajadores y el pueblo pobre mientras el Estado sostiene las ganancias empresarias, se profundiza con esta sangría.

Pero además, la deuda permite presionar para orientar la política económica en función de los intereses imperialistas. Desde 1985, toda reprogramación de la deuda se asoció a la necesidad de realizar “reformas estructurales” (como las privatizaciones) o bajar la “demanda agregada”, es decir, atacar el ingreso de los trabajadores y sectores populares.

El fondo del Bicentenario

El gobierno presenta el Fondo del Bicentenario como un uso de las reservas para deshacerse de la carga de la deuda, pero esta impostura no se sostiene: éste apenas representa un 4% de la deuda total, y sólo por intereses el año próximo la deuda crecerá en un monto mayor a dicho fondo. Pero además, el kirchnerismo intenta con esto volver a los mercados y mantener la capacidad de gasto fiscal hasta 2011, dejando que otro gobierno patronal haga un ajuste drástico en contra de los trabajadores. Si no lo hace, no es porque no esté preparando las condiciones para ello, sino porque espera que le toque a otro el trabajo sucio.

¿Auditar o repudiar la deuda?

Cómo hemos visto, no se puede diferenciar una deuda legítima de una ilegítima. La deuda es un mecanismo clave de expoliación, permite a los principales grupos capitalistas socializar sus quebrantos, y a la vez actúa como herramienta para imponer la disciplina del ajuste. Discutir la legitimidad de la deuda es meterse en una trampa, ya que la mayoría de la deuda actual ha sido tomada por los gobiernos “democráticos” -a espaldas del pueblo-, y es por lo tanto legítima en la estrecha concepción del progresismo. Por eso, cualquier auditoría de la deuda por parte del actual Congreso -como varios amagan con aceptar- no será más que una maniobra para relegitimar la entrega.

La deuda ha sido pagada varias veces. Su crecimiento significa deuda nueva, que no guarda relación directa con la anterior. Aunque una parte del mismo se deba a la carga de la deuda de la dictadura sobre el presupuesto, la relación es indirecta. Además, en la generación de la deuda actúan otros factores como la inserción subordinada del país en la economía mundial.

Por todo esto, la deuda pública sólo puede repudiarse en bloque, declarando el no pago de su totalidad. Esta medida no puede separarse de la nacionalización de toda la banca bajo control de los trabajadores, el control de cambio de divisas y la nacionalización del comercio exterior para enfrentar la fuga de capitales y el drenaje de reservas.

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