A propósito del Informe Especial publicado el día 8 de Abril de 2010 en el Diario Río Negro, vino a mi memoria el libro del Juez Rozanski, en el que demuestra, que en los casos de denuncias por delitos contra la integridad sexual, sucede algo parecido a las causas por violaciones a los derechos humanos: se utiliza el mecanismo perverso de dudar de la palabra de la víctima, y beneficiar al victimario por haber cometido el delito en la clandestinidad.

No es nuevo, que en relación a la dictadura militar, se intente poner en duda la palabra de las víctimas, eso lo idearon los mismos represores: imponer la duda del otro. El primer manto de “duda” lo tendieron sobre los desaparecidos: “¿estarán desparecidos o se habrán ido a Europa?” decían. “Está segura señora que su hijo está desparecido? Seguramente se fue a comer un asado con sus amigos” le dijeron a Inés Ragni cuando fue a reclamar por la desaparición forzada de Oscar Alfredo Ragni, quien permanece desaparecido al día de hoy.

“¿Julio López desparecido? Se debe haber ido a la casa de su tía”, fue lo que dijo el Ministro Aníbal Fernández a los Organismos de DDHH. Ya van más de tres años y medio de su segunda desaparición forzada.

“Esa víctima miente, cómo íbamos a torturar en la Comisaría que estaba rodeada de otros edificios?” dicen los verdugos. ¿Que dirían entonces de centros clandestinos de tortura que funcionaron en fábricas, en el Hospital Posadas o en las céntricas Comisarías Bonaerenses como la 1ª de Quilmes, 4ª de Avellaneda, 1ª y 2ª de Lanus, 1ª, 2ª, 5ª y 8ª, esparcidas por el centro de la ciudad de La Plata , y que fueron parte del circuito de tortura conocido como “Circuito Camps”? Circuito que dirigía Etchecolatz.

Por nombrar sólo algunos centros de tortura que funcionaron en lugares céntricos y e inimaginables, sólo imaginable en la mente de quienes llevaron adelante la desaparición, la tortura y la muerte, para imponer el plan económico que vivimos hoy y destruir la organización y ascenso obrero que se gestaba.

Ese “informe especial” no es inocente, es más bien una “defensa especial” de la Policía de Río Negro como institución; y tiene el claro contenido de cerrar los juicios, de aportar a la impunidad de una fuerza represiva que (como otras) cumplió un importante rol en el genocidio.

Quedo demostrado en el juicio oral llevado adelante en el 2008 (como en el conjunto de la causa), que en nuestra zona no funcionó sólo el Centro clandestino de Detención “ La Escuelita ”, sino que existió un verdadero circuito represivo, del que formaban parte todas las fuerzas represivas, con un rol importante de la policía de Río Negro, la de Neuquén, el Ejercito, el Servicio Penitenciario y la Policía Federa. Las policías provinciales, al igual que los miembros del Destacamento 182 de Inteligencia, eran los encargados de realizar las detenciones ilegales, primera acción del plan y no menor, asimismo liberaban zonas, y fueron centros de tortura. Es inimaginable otro accionar en el plan genocida que no sea en unidad de acción de todas las fuerzas, muestra de ello es que en algunos casos las personas secuestradas eran mantenidos en las Comisarías, en otros eran trasladados a “ La Escuelita ”, al sótano de la Policía Federal , a la Unidad Nueve , a Bahía Blanca, a la Unidad 6 de Rawson, entre varios de los lugares de este circuito de tortura y desaparición.

Para tratar de negar lo que ya está demostrado en la causa, es decir, que en nuestra zona existió un verdadero circuito represivo del cual formaban parte conciente y voluntaria todas las fuerzas represivas de la zona, incluida la policía de Río Negro, se vuelve a utilizar este mecanismo para poner en duda la palabra de las víctimas que en sus cuerpos llevan la marca de la tortura como principal prueba de los horrores sufridos.

Ello vuelve a ser consecuencia de la forma de juzgar estos casos: de manera aislada y no como lo que fue: un plan genocida.

Al tratarlos como casos aislados y, ante la no apertura de los archivos de la dictadura, ante el pacto de impunidad de las fuerzas represivas, se invierte la carga de la prueba y son las víctimas una vez más las que tienen que aportar la prueba para condenar a los genocidas. Son las víctimas como Julio López y Silvia Suppo, los que deben cargar con la tarea de dar testimonio para que se condene a los genocidas, contra los mismos que siguen actuando amparados por la misma impunidad del aparato represivo.

Impunidad que se perpetúa cuando la palabra de los sobrevivientes no es palabra. Impunidad que se perpetúa cuando lo que vale es la palabra de los verdugos.

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