El brutal asesinato del camionero Daniel Capristo desencadenó una nueva vuelta de tuerca de la cruzada reaccionaria contra los pobres, habilitando proyectos de ley para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, impulsados por partidarios de la mano dura y “progresistas” de todos los pelajes. La marcha en Valentín Alsina contó con una particularidad, la participación organizada de un sector de trabajadores de la empresa Andreani, compañeros de labores de Capristo, en un evento que, paradójicamente, conspira contra los intereses generales de la clase trabajadora y los sectores populares.

La marcha exhibió el rosario completo de la mano dura: carteles que decían “pena de muerte”, “basta de derechos humanos para los delincuentes y los piqueteros”, seguido de otra consigna terrorífica que decía “control de natalidad”, la política que otrora fue incentivada por las clases dominantes en Africa y América Latina en pos de la esterilización masiva de mujeres trabajadoras y campesinas pobres para terminar con la pobreza ... suprimiendo físicamente a los pobres. Claro que ningún cartel denunciaba a la policía, los punteros y las mafias capitalistas de los desarmaderos, los que estaban detrás del pibe de 14 años que se proponía robar el auto de Capristo, a cambio de $50 o algunas dosis de paco para morir en poco tiempo. Los analistas más serios señalan que este tipo de delitos presuponen necesariamente el rol de la policía para liberar la zona, asociada a las mafias de los desarmaderos, donde terminan los autos robados.

Que pibes de 14 años cometan semejantes atrocidades revelan la barbarie de un sistema fundado sobre la explotación de las grandes masas, sujetas a brutales condiciones de vida, mientras un puñado de empresarios concentra en sus manos toda la riqueza nacional. Esa descomposición social se expresa en 16,5 millones de pobres, 3,1 millones de menores por debajo de la línea de indigencia que apenas ingieren algún alimento diario, 500.000 jóvenes del conurbano bonaerense entre 15 y 25 años que no trabajan ni estudian, 25 niños que mueren diariamente por causas evitables y una mortalidad infantil en aumento: entre 2007 y 2008 murieron 9.350 y 9.650 bebés, respectivamente. Miles de pibes en los institutos de menores son sometidos a encierros de más de un mes en celdas de 5m. x 5m., con el pasaplatos a la altura de los pies, igual que en los penales de máxima seguridad. ¡Qué perspectiva de vida pueden proyectar estos adolescentes que son parte de la 3° generación de hijos de la clase trabajadora que jamás conocieron el empleo formal!

La clase dominante alimenta esta campaña de mano dura para fortalecer a las instituciones represivas, y así legitimar el poder de fuego del Estado contra la posible emergencia de la clase trabajadora ante la crisis económica internacional. Así difunde esta ideología reaccionaria, haciendo pie centralmente sobre las clases medias, aunque también sobre los trabajadores ocupados para enemistarlos con sus hermanos de clase más expoliados, como chivos expiatorios de todos los males. Tal como ocurrió con el muro de la discriminación de San Isidro, los trabajadores ocupados deben defender a los sectores más pauperizados de la clase, en la perspectiva de unificar a toda la clase trabajadora con los pobres de la ciudad y el campo para enfrentar la crisis que generaron los capitalistas. Los socialistas revolucionarios del PTS no postulamos ninguna “reforma” de la policía y el sistema penitenciario para hacer más eficiente la disciplina del Estado burgués.

Por el contrario, luchamos por la disolución de la policía para sustituirla por milicias basadas en las organizaciones de los trabajadores, con participación en su dirección de organismos de DD.HH. y de víctimas de la represión policial e institucional, para así acabar con una de las principales causas de la inseguridad.

Encerrar a los pobres

La marcha de Valentín Alsina tuvo un contenido derechista inocultable, sintetizado en demanda por la baja de la edad de imputabilidad, una política diseñada para escarmentar a los pobres. Hasta Emilio García Méndez, diputado “progresista de SI, (aliado de Pino Solanas y Claudio Lozano) y promotor de uno de los proyectos de régimen penal juvenil admite que “es lo mejor que puede hacerse cuando la única política social para los pobres es el encierro, al menos así podrán acceder a una defensa y penas distintas” (Página/12, 14/04), o sea “lo mejor” en el marco de la criminalización de la pobreza como política de Estado. Como reconoce la criminóloga María Bohm, el objetivo del nuevo régimen penal juvenil no es “rehabilitar” a los adolescentes sino “encerrar a los pobres” (Clarín, 21/04).

Resulta inadmisible que corrientes de izquierda como el MST apoyen la creación del régimen penal juvenil, así como otras desfiguran el contenido reaccionario de la marcha como una “pueblada” “contra la policía y la justicia”, capitulando ante la presión de las clases medias y su giro a la derecha.

Las organizaciones obreras combativas, los organismos de derechos humanos, el movimiento estudiantil y los partidos de izquierda debemos redoblar todos los esfuerzos posibles para difundir una campaña en defensa de las libertades democráticas, desarrollando la campaña por la aparición con vida de Luciano Arruga, víctima de la inseguridad generada por la policía, amparada por el poder del Estado.