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Libertades Democráticas

YA TENIAMOS LA DE LOS KIRCHNER...

La ley antiterrorista del Grupo A

Diversos legisladores del Grupo A acaban de presentar un proyecto de ley antiterrorista, como si no fuera suficiente la ley antiterrorista votada en junio de 2007 a instancias de los Kirchner para auspiciar la “calidad institucional” de Cristina.

Miguel Raider

19 de agosto 2010

Diversos legisladores del Grupo A acaban de presentar un proyecto de ley antiterrorista, como si no fuera suficiente la ley antiterrorista votada en junio de 2007 a instancias de los Kirchner para auspiciar la “calidad institucional” de Cristina.

El nuevo proyecto de ley fue suscripto, entre otros, por Federico Pinedo del PRO, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra y Oscar Aguad de la UCR, el “socialista” Roy Cortina, Elisa Carrió de la Coalición Cívica y Margarita Stolbizer del GEN, ambas cortejadas por Pino Solanas y Proyecto Sur para “conformar una gran unidad de fuerzas con una base programática común” hacia las elecciones de 2011.

Este proyecto reaccionario fue el corolario del 4° Encuentro de Lucha contra el Terrorismo realizado en Buenos Aires bajo el impulso del Congreso Judío Latinoamericano, que congregó legisladores latinoamericanos y figuras públicas, como el fiscal Nisman y el ex juez Garzón. Nisman, un hombre del riñón del ex juez Galeano (uno de los principales encubridores de la causa AMIA), fue el responsable de librar la orden de captura contra los funcionarios los iraníes acusados de perpetrar el atentado a la AMIA en 1994 a partir de un dictamen trucho elaborado con declaraciones de la CIA, el FBI y el Mosad. Garzón, conocido por su enfrentamiento con los franquistas, es menos conocido por sus persecuciones a la izquierda nacionalista vasca, ilegalizando a Batasuna, clausurando el periódico Egín, deteniendo activistas políticos y coartando el derecho de reunión. El Encuentro se propuso “instalar una legislación antiterrorista común a toda la región” demonizando “los vínculos con Irán” a partir de la manipulación de la causa AMIA, como bien denuncian los compañeros de APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA). Como los Kirchner, los opositores también se oponen a la apertura de los archivos secretos de la SIDE para dar a conocer toda la información secreta del brutal atentado, burlando las legítimas demandas de verdad y justicia de los familiares y amigos de las víctimas.

Evidentemente, el proyecto de ley antiterrorista confeccionado por los legisladores de la oposición rinde pleitesía al imperialismo norteamericano y su gendarme, el Estado de Israel, así como otrora los Kirchner se subordinaron a Bush, los neoconservadores y el Congreso Judío Mundial con una ley que incorporó el control del GAFI, Grupo de Acción Financiera, organismo vinculado al FMI y el Banco Mundial.

La iniciativa de los opositores del Grupo A criminaliza a las organizaciones obreras y populares como “terroristas” cuando estas “obligaran a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo”, una definición suficientemente amplia y ambigua para penalizar hasta a un corte de ruta, un piquete o una huelga con ocupación del establecimiento, condenando así los métodos de lucha clásicos de la clase trabajadora para pelear por sus demandas.
Llama la atención este artículo 2° que extiende la figura de terrorista a aquel orientado a “tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político”, una figura calcada de la que obliga a purgar prisión a Roberto Martino, dirigente del Movimiento Teresa Rodriguez, condenado por denunciar la política criminal del Estado de Israel en la operación Plomo Fundido en 2009, cuando las tropas sionistas asaltaron a sangre y fuego la franja de Gaza y asesinaron a más de 1400 palestinos, recurriendo así a la burda maniobra de confundir antisionismo con antisemitismo, distorsionando premeditadamente la lucha contra un Estado colonialista y racista en discriminación étnica contra los judíos.

Indudablemente, kirchneristas y opositores también reflejan las necesidades de las clases dominantes en pos de blindar al Estado capitalista con nueva legislación punitiva ante las seguras consecuencias de la crisis económica internacional en la perspectiva de que el pueblo trabajador pague los platos rotos de la crisis. Las organizaciones de trabajadores y estudiantes combativos, los organismos de derechos humanos, los partidos de izquierda y todos aquellos que se reivindiquen democráticos tenemos la obligación de levantar una gran campaña democrática para que no pase este proyecto de ley así como para derogar toda la legislación represiva que atenta contra las más elementales libertades democráticas.

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