(Santa Rosa, 24/03/08) Después de 32 años del golpe, siguen en la impunidad el 95% de los “terroristas de Estado” implicados en el genocidio. Sólo en la Policía Bonaerense hay 9.000 agentes que revistieron en la fuerza de Camps y Etchecolatz, y es allí donde están los secuestradores de Julio López.
Cristina dijo que, como máximo, serán juzgados 900 militares. Es decir que para los Kirchner sólo había 1 ó 2 milicos en cada uno de los 651 centros clandestinos de detención donde desaparecieron 30 mil personas.
El nuevo “punto final” que quieren imponer intenta, además, que los juicios no se extiendan a los cómplices civiles, desde intendentes y políticos hasta la propia cúpula empresaria, instigadora principal del golpe de Videla.
Represores de la dictadura como Miguel ˜ángel Egea o el ex agente de la SIDE Héctor Cruz, están ahora entrelazados con las mafias capitalistas del juego como la de Cristóbal López, el empresario amigo del gobierno que despidió cientos de trabajadores en el Casino Flotante y es el dueño del Casino de Santa Rosa. El mismísimo Antonio Cafiero, ministro de Economía de Isabel Perón cuando la Triple A alentada desde el gobierno le abría paso al golpe, dirige el Congreso del “nuevo” PJ que Kirchner arma desde Puerto Madero y aquí en Santa Rosa asume la presidencia del Partido Peronista, Carlos Aragonés, quien, como dice La Arena del domingo 23, está “acusado de delator de víctimas de la represión […] intervenir la Facultad Tecnológica […] participar en 1975 en la universidad en la filas de la derecha peronista encolumnada en esos tiempos en nada menos que con la Triple”.
Aragonés, este nefasto personaje, en aquellos tiempos (y aún hoy en día lo debe seguir haciendo) llamaba “zurdos”, trapos rojos”, subversivos” a toda una camada de luchadores populares en La Pampa. Hoy sus discípulos como Marín, Verna y Tierno, piensan lo mismo, solo que el único que hasta ahora se atrevió a decirlo en público fue Tierno, quien también está sospechado de haber integrado la Confederación Nacional Universitaria, el brazo universitario de la Triple A, de donde aprendió como torturar a las personas.
Y como si todo esto fuera poco, la Embajada de EE.UU. impuso en Argentina las llamadas “leyes antiterroristas” que Kirchner envió al Congreso y el PJ y la UCR aprobaron. Por La Pampa la aprobaron Osorio, Kroneberger, Baladrón y Ferrigno, quien irónicamente es hoy el director del INADI. La última de ellas (Ley 26.268) afirma que es un “terrorista” el que forme parte de una organización que “intente mediante la comisión de delitos” (por ejemplo ocupar el lugar de trabajo) “obligar a un gobierno u organismo internacional (...) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Un juez podría culpar de “asociación ilícita terrorista” a quienes exigieran la renuncia de un gobierno que haya asesinado a un maestro o a quienes por propia voluntad se movilizaran frente a los atropellos autoritarios de un intendente que pretende imponer la mano dura.
Frente al intento de la política oficial de reconciliarnos con las fuerzas armadas e imponer un nuevo “pacto social”, nosotros decimos juicio y castigo a todos los milicos, empresarios, curas y políticos que ejecutaron y promovieron el genocidio en la Argentina.
Por la anulación de las leyes “antiterroristas”
Alto a la represión y las patotas contra los que luchan, enviadas por el gobierno, las patronales y la burocracia sindical.
Por la aparición con vida de Jorge Julio López.
Apertura de los archivos de la dictadura para que se conozca la verdad de una vez por todas.
Basta de políticos colaboracionistas (Aragonés, Marín, Verna, Tierno).
Por una política independiente de los trabajadores y el pueblo de Santa Rosa.
Prensa
