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Libertades Democráticas

La apropiación de bebés y los jueces de la dictadura

Cuando denunciamos la impunidad con la que cuentan los genocidas decimos que entre ellos hay 400 jueces de la dictadura aún en funciones.
Los mecanismos para juzgar a los responsables del genocidio que nos dejó 30.000 desaparecidos y a 500 hijos apropiados, resultan tan perversos que a 34 años hay 75 imputados -68 condenados y 7 absueltos. Y como si fuera poco en escasos tres años y medio la impunidad dejó la desaparición y el asesinato de dos testigos claves en causa contra genocidas.

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8 de abril 2010

por Maria Victoria Moyano

Cuando denunciamos la impunidad con la que cuentan los genocidas decimos que entre ellos hay 400 jueces de la dictadura aún en funciones.
Los mecanismos para juzgar a los responsables del genocidio que nos dejó 30.000 desaparecidos y a 500 hijos apropiados, resultan tan perversos que a 34 años hay 75 imputados -68 condenados y 7 absueltos. Y como si fuera poco en escasos tres años y medio la impunidad dejó la desaparición y el asesinato de dos testigos claves en causa contra genocidas.

Que el 29 de marzo haya aparecido asesinada Silvia Suppo, la testigo clave de la causa contra el ex Juez Federal Brusa, no es una casualidad. Como ocurrió con el testigo Jorge Julio López, desde los poderes ejecutivo, judicial y las fuerzas de seguridad, se intenta despistar para que siga el manto de impunidad. Esto es una realidad.

Pero cómo no va a ser así, si en la actualidad existen magistrados que deben juzgar hechos en los que participaron.

Los jueces de la dictadura Wagner Gustavo MITCHELL, actual miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal se desempeñó como Juez a cargo del Juzgado Nacional de Instrucción Nro. 6; José Domingo ALLEVATO, abogado, se desempeñó como titular de la Secretaria tutelar del mismo juzgado y Jorge MARTINEZ SOBRINO, actual Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 de la Capital Federal, que se desempeñó como titular de la Secretaria de Actuación también del mismo Juzgado.

Éste último se encuentra a cargo del juicio que debe examinar la causa conocida como “Plan sistemático de robo de bebes”. En esta causa se juzga a los genocidas Videla, Nicolaides, Bignone, Riveros, Acosta y otros, por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores a sus familias; privación de la identidad de los niños llevada a cabo por el Estado, es decir concretamente la participación de las fuerzas de seguridad, de los funcionarios y magistrados del Poder judicial.

Los tres han actuado en el secuestro y la apropiación del joven Simón Riquelo,

El 13 de julio de 1976 cuando Sara Méndez (su mamá) fue secuestradas de su domicilio, el bebé fue sacado de los brazos de su madre y trasladado al Sanatorio “Norte” donde con intervención de la Comisaría 33 de la P.F.A. habría tomado intervención Osvaldo Parodi; el Subcomisario que en pocas horas y por la actividad de Mitchell, Martínez Sobrino y Alevatto obtendría primero la tenencia y luego la adopción definitiva, es decir que han participado de los hechos.

Estos jueces ocultan información, falsean documentación y actúan en complicidad con las fuerzas represivas, con los grupos económicos como en el caso de Ernestina Herrera de Noble que cuenta además con gran poder político por lo cual mantienen la impunidad. Estos jueces no sólo no han sido juzgados y condenados, si no, incluso, fueron ascendidos a las más altas magistraturas del Poder Judicial. En la denuncia que hicimos desde el CeProDh ante la Procuración General de la Nación, pedimos en primer lugar que se investigue y se aparte de los juicios a dichos magistrados.

La presidenta en su discurso del 24 de marzo planteó la necesidad de “dar vuelta la página de la historia con verdad y justicia”, mensaje que transmitió al conjunto de la sociedad mirando a las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. A 34 años del golpe genocida, cuando no sabemos el destino de los 30.000 y de nuestros 400 hermanos, más que discurso conmovedores, lo que tiene que hacer este Gobierno es abrir en forma plena los archivos de la dictadura con fotos y datos, así permitiría saber quienes son todos los genocidas, el destino de los desaparecidos y de los jóvenes apropiados y saber también los que aun siguen infiltrados en las organizaciones sociales, políticas y DDHH.
Esta es la única forma de llegar a la verdad.

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