¿Qué opinás del proyecto de ley antiterrorista elaborado por el gobierno?
Desde APEMIA repudiamos y rechazamos este proyecto de ley propuesto por el propio Kirchner que nada tiene que ver con el esclarecimiento de la masacre de la AMIA, sino con la manipulación de este crimen para implementar una legislación dirigida a reprimir las libertades públicas y el derecho de organización. A principios de 2004 nuestra organización recibió un paquete de iniciativas del gobierno que incluía un borrador de ley antiterrorista elaborado desde el Ministerio de Justicia por Beliz y Lanusse, y un decreto que proponía la intervención de las FF.AA. en problemas de seguridad interior. Más tarde el senador del PJ Pichetto presentó otro proyecto. Estos textos fueron una base para el proyecto de Kirchner, con una diferencia: el gobierno todavía no podía definir la figura del terrorista, aunque proponía algunas modificaciones al Código Penal. El proyecto de Kirchner avanza sobre el tema del terrorismo con una definición tan amplia que hasta afecta el espíritu del Código Penal, que es específico en cuáles son los delitos y qué penas reciben. Terrorista puede ser aquel que se organiza en redes internacionales o aquel que comete delitos, aunque el proyecto no define qué clase de delitos, que puede tener la intención de modificar la política de organismos internacionales o del propio gobierno. Es una definición tan amplia y ambigua que puede entrar cualquiera que se organice y salga a la calle para defender sus derechos, para hacer reclamos al gobierno o para forzarlo a que modifique su política. También prevé sanciones para el que financie a una organización terrorista, independientemente que dicha organización cometa o no un delito. Es un proyecto reñido con las demandas que hacen a la desaparición de López, el secuestro de Gerez, el castigo a los genocidas de la dictadura, los crímenes de la Triple A, el gatillo fácil, etc.

¿Qué relación encuentran entre el proyecto de ley antiterrorista y la llamada "Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear".
En la reciente visita de Burns, Shannon y González, funcionarios de alto rango del gobierno de Bush, ellos invitaron a Kirchner a formar parte de esta Iniciativa de los países del G8, orientada a luchar contra el supuesto terrorismo nuclear iraní. Los compromisos asumidos por Kirchner alineándose con las políticas de Bush, el Estado de Israel y los dirigentes de la comunidad judía regional finalmente dieron este resultado, ubicando a la Argentina junto a EE.UU. en función de sus intereses en Medio Oriente. D’Elía tiene un problema grave para defender a Irán sin denunciar el rol del gobierno de Kirchner. Hay una contradicción entre la defensa de Irán respecto de la agresión norteamericana y la defensa del gobierno de Kirchner que promueve políticas en ese sentido. Para integrar esta Iniciativa Bush exige la sanción de la ley antiterrorista. A diferencia del pasado, el gobierno cuenta con apoyos muy fuertes para sancionar esta ley: todos los partidos del orden parlamentario, organismos de derechos humanos como el CELS y las Madres, los dirigentes de la DAIA y la AMIA y las autoridades de la Iglesia católica. Kirchner asumió el compromiso de producir legislación al servicio de EE.UU. y la guerra en Medio Oriente, y al mismo tiempo afectar las libertades democráticas de los sectores populares. En este sentido también vale destacar las futuras modificaciones a la ley de inteligencia nacional en el marco de la solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dichas modificaciones están muy por detrás de la actual ley vigente del gobierno de De La Rúa, ya que faculta al gobierno a hacer uso y abuso de los secretos de Estado, tanto que ni siquiera los jueces tendrían acceso a ellos. Son modificaciones en la legislación que van en un único sentido: reforzar los secretos de Estado para seguir cometiendo crímenes contra la población.

¿En qué medida estas políticas contribuyen a esclarecer el atentado a la AMIA?
En realidad el Estado argentino quiere sacarse de encima el tema AMIA y entregarlo al servicio de la guerra en Medio Oriente, como lo denunciamos el 18 de julio pasado. La causa AMIA es utilizada como excusa para sancionar el proyecto de ley antiterrorista al igual que la modificación de la ley de inteligencia nacional. El gobierno se esmera blindando el secreto de Estado, creando nueva legislación, para contar con más herramientas y así bloquear más el acceso a la información secreta que maneja. Desde ya que esta política excede la causa AMIA. Tanto el alineamiento con el imperialismo como la producción de nueva legislación atentan contra cualquier posibilidad de esclarecer el crimen y nada aportan para castigar a los culpables. Los mismos países que hoy aprietan al gobierno de Kirchner con sus Iniciativas contra el Terrorismo Nuclear son los que inmediatamente después del atentado en 1994 pusieron sus servicios secretos a investigar. Son los países que encubren las responsabilidades criminales del Estado argentino y orientan a Kirchner en la proyección de políticas comunes a futuro. Esta relación ha sido determinante para el lugar que ocupa la Argentina en el contexto de las naciones. Aunque parezca maniqueo, EE.UU., que de hecho maneja el Consejo de Seguridad de la ONU, necesita que otro país haga la acusación de terrorismo, entonces delega en Argentina esta función, como el pedido del fiscal Nisman contra los funcionarios iraníes, para así arrogarse el papel de defensores de la justicia.

¿Qué propuestas levantan para frenar el proyecto de ley antiterrorista y avanzar en el esclarecimiento de la masacre de la AMIA?
La única posibilidad para esclarecer el atentado a la AMIA es abrir todos los archivos secretos y hacer pública la documentación que el Estado oculta, poniéndola en manos de una comisión investigadora independiente. Sólo de esta forma será posible saber quiénes fueron los responsables y que haya castigo a los culpables. Esto es lo que Cafiero y D’Elía evitan plantear. El Estado argentino está implicado en el encubrimiento y en la criminalidad. Todos los países que hoy acompañan a la Argentina son socios en el encubrimiento del crimen.
Y para frenar el proyecto de ley antiterrorista debe haber un fuerte compromiso de todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, mediante un pronunciamiento conjunto que denuncie esta política oficial. Es imprescindible alertar a la población porque el Estado va a disponer de un instrumento para reprimir y limitar las libertades democráticas en nombre del ataque a la AMIA. Para frenarlo, hace falta una respuesta contundente con la movilización popular.