Tras la audiencia del pasado martes 21, María del Carmen Verdú, abogada querellante en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra e integrante de la CORREPI, nos cuenta las últimas novedades de la causa.

¿Qué dijeron los defensores de los siete imputados y procesados que integraron la patota sindical?

En la audiencia del martes 21 los abogados defensores de Díaz y González plantearon que la resolución de procesamiento era prematura y arbitraria. El defensor de Sánchez dijo que era arbitraria y tendenciosa. La defensora oficial que asiste a Pipito habló de insuficiencia de pruebas. El defensor de Favale nuevamente dijo que había arbitrariedad y una instrucción defectuosa. Lo mismo dijeron los defensores de Pérez y Uño, cuestionando centralmente los testimonios de quienes no solamente vieron a los que dispararon sino que también aportaron detalles puntuales, como por ejemplo el pasamanos de las armas para sacarlas del lugar, el comentario que uno de los imputados le hizo a otro diciéndole “pusimos a uno”, a lo que el primero le contestó “hablalo con Pablo”, refiriéndose a Pablo Díaz, quien dirigía la patota de la Unión Ferroviaria.

Desde las querellas respondimos que estos planteos que hicieron las defensas de cada uno de los imputados se proponían segmentar y parcializar el conjunto de los hechos con el objetivo de disimular la existencia de este plan común con un aporte previo en el marco de una división de tareas de todos los procesados a partir de un dominio común del hecho. Es decir, lo que lleva a que la jueza haya procesado y dictado la prisión preventiva para los siete, no por lo que concretamente cada uno aportó sino por el objetivo común que produjo como resultado los cuatro homicidios, uno consumado y tres en carácter de tentativa y los tres hechos de coacción agravada. Para decirlo gráficamente, fue como el cuento del elefante que encierran en un cuarto oscuro, dejando entrar a varias personas que no habían visto un elefante en su vida para que lo toquen y respondan cómo es un elefante: el que tocó la trompa dice que es como una manguera; el que tocó las patas dice que es como el tronco de un árbol; el que tocó la panza dice que es como un tonel. En realidad ninguno de ellos presenta la imagen del elefante en su conjunto. Desde las querellas intentamos mostrar el elefante en su conjunto, que es ese plan criminal, del cual no solo participaron estos siete individuos que están procesados y detenidos sino que es lo que remarcamos que falta en esta causa. Falta avanzar en la cadena de mandos, en el ámbito de la Unión Ferroviaria al igual que en el de la empresa y del aparato de seguridad estatal, tanto Bonaerense como Federal.

La Cámara decidió tomar los cinco días reglamentarios para resolver. Así que ni siquiera es seguro que tengamos confirmación de los procesamientos o su modificación antes de fin de año.

¿En qué quedó el llamado a indagatoria de José Pedraza y de Juan Carlos “Gallego” Fernández?

En nada. No ha sido ordenada aún. A través de la información que se conoció en los medios, la fiscal pidió esas indagatorias. Yo personalmente no lo vi en el expediente, porque seguimos teniendo dificultades para poder acceder a los últimos cuerpos. Puede que esté en alguna actuación reservada o en algún cuerpo que todavía no hayamos visto porque hay desgloses de materiales que no hemos podido ver las partes. Lo que sabemos fehacientemente es que no está ordenado porque estuvimos en la última audiencia, y uno de los camaristas, cuando yo mencioné a Pedraza, dijo que en este momento su situación procesal era la de un simple testigo.

En este tipo de investigaciones aparecen personajes vinculados al poder porque se trata de situaciones represivas masivas, donde intervienen importantes personajes de la burocracia sindical, donde hay intervención del aparato policial, donde está involucrada una empresa mimada por el gobierno como la UGOFE, que además tiene participación estatal. Es obvio que más allá de la individualización de los siete procesados, que en este caso fue imposible evitar, había más de setenta compañeros que estaban allí movilizados, que han declarado como testigos, entre ellos militantes de las distintas organizaciones, incluso simples vecinos que se animaron a testificar e identificar a Favale, a Sánchez, a Díaz o cualquiera de los otros.

Lo cierto en este tipo de procedimiento habitual es que no se haga un enorme esfuerzo del aparato judicial para avanzar más allá de eso. Pensemos en la causa por el asesinato en el puente de Corrientes a pocos días de asumir el gobierno de la Alianza, la causa por asesinatos del 20 de diciembre, etc.