La Ciudad de Buenos Aires recibió más de 600 herencias vacantes en los últimos años, desde que adquirió este derecho que antes le correspondía a la Nación, de la mano de la autonomía. En esa masa hay unos 250 inmuebles que fueron o serán rematados y solamente dos que la Secretaría de Educación porteña, que es el área a la que legalmente le corresponden los bienes, decidió quedarse porque los consideró aptos para usar en sus actividades.
Las herencias quedan vacantes cuando muere una persona que no tiene parientes cercanos (que son herederos forzosos, según el Código Civil) ni hizo un testamento. La ley 52 de la Ciudad, dictada por la Legislatura en 1998, regula esta cuestión y le otorga una recompensa del 10 por ciento del valor de los bienes —descontados las deudas y los gastos— a la persona que denuncia la existencia de la herencia vacante.
Sin embargo, el Procurador General Adjunto de la Ciudad, Miguel Freixa, advirtió a Clarín que la enorme mayoría de los porteños no conoce esta ley y que eso es un problema para el Estado porteño, que se termina enterando de la existencia de la mayoría de las herencias vacantes por vías alternativas y demasiado tarde.
"Queremos incentivar a la gente a que haga la denuncia cuando sabe de una persona que muere sin herederos y deja bienes. De esa manera se evitarían un montón de actos ilícitos, como por ejemplo que las casas y los departamentos sean ocupados ilegalmente", dijo Freixa.
Cuando una persona muere en un espacio público y ningún familiar reclama el cuerpo, la Ciudad hace un procedimiento que se llama "aseguramiento de bienes". Consiste en averiguar en los distintos registros si el fallecido tenía bienes a su nombre, con la finalidad —en caso de que los haya— de iniciar la sucesión en beneficio del Estado. El mismo procedimiento se realiza cuando muere un insano sin herederos, ya que el juez a cargo de la insania le avisa a la Ciudad.
Por supuesto, entre los bienes puede haber no sólo inmuebles, sino también otras cosas, como depósitos bancarios, autos, alhajas. El problema es que, en los casos comunes y corrientes, el Estado porteño no tiene posibilidad de enterarse de la existencia vacante sin la colaboración de los vecinos.
"Yo diría —dijo Freixa— que aproximadamente en la mitad de los casos nos enteramos cuando los consorcios empiezan juicios para cobrar las expensas de los departamentos de la persona que murió y no dejó herederos. Muchas veces son deudas acumuladas durante cuatro o cinco años y se consumen una parte muy importante del valor del departamento".
En muchos casos, explican en la Procuración porteña, los administradores esperan unos cuantos años antes de iniciar los juicios de expensas, de modo tal que el consorcio pueda quedarse con el departamento.
El funcionario explicó que, después de los juicios de ejecución de expensas, la segunda vía por la cual suele llegar al Estado porteño la noticia de que hay una herencia vacante son los juicios de usurpación. Estos son los trámites judiciales que inicia una persona que lleva 20 años ocupando un inmueble, para que se le reconozca la propiedad de él, tal como lo indica la ley.
Sólo en tercer lugar, por número, se ubican las denuncias. "No recibimos más de 20 denuncias por año de herencias vacantes", dijo Freixa.
En la Secretaría de Educación de la Ciudad existe desde hace un par de años una Comisión de Herencias Vacantes, que está a cargo de la subsecretaria Delia Bisutti. La funcionaria dijo a Clarín que hoy se está rastreando y ordenando la información, ya que existen herencias aún no resueltas que vienen del Ministerio de Educación de la Nación, que recibía las herencias vacantes de la Capital hasta la autonomía porteña.
"A la Secretaría de Educación ingresaron algo más de un mi llón de pesos por herencias vacantes desde 1998. Además hay 41 inmuebles que fueron rematados entre 2002 y 2003, pero todavía no podemos disponer de ese dinero porque se están resolviendo distintas situaciones".
Sucede que los inmuebles que hereda el Estado en general vienen con problemas. Casi siempre con deudas muy altas de expensas y de servicios públicos, que únicamente se resuelven rápido en el caso de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) porque el acreedor y el nuevo dueño es el mismo, el Estado porteño. Y el otro tema es que aproximadamente un 80% de los inmuebles —según la estimación de las autoridades— está ocupado y se deben iniciar juicios de desalojo.