Si tras el operativo de mistificación de Néstor Kirchner el gobierno se propone capitalizar la emergencia de las nuevas generaciones militantes, un nuevo caso de gatillo fácil desnuda las supuestas virtudes del “proyecto nacional y popular”.

El 15 de agosto, el cuerpo de Fabián Gorosito fue hallado en el zanjón de un descampado de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, junto a las vías de la ex línea Belgrano. Según la Policía Bonaerense, el joven de 22 años era un “delincuente” que tenía “antecedentes por robo y violación” y había muerto “intoxicado” porque “estaba drogado”. Ni la familia ni los vecinos creyeron una palabra. Fabián trabajaba muy duro en un frigorífico levantando reses para carnear y era un eximio deportista. Esa noche salió a comprar cigarrillos al kiosco, cuando fue secuestrado por un auto particular y dos motos policiales, ante las narices de más de 20 testigos.
La comisaría 6° negó todo conocimiento ante la solicitud desesperada de los padres, pues no había sido registrado en el libro de ingreso, la mecánica usual empleada con los jóvenes pobres de los barrios más humildes.

Tres meses más tarde, la UFI 3 de Morón a cargo de la fiscal Valeria Courtade afirmó que el resultado de las pericias revelaba que Fabián fue brutalmente golpeado y torturado hasta su muerte.

El escándalo obligó al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, a relevar a todo el personal de la comisaría 6°, donde fueron detenidos un subcomisario, cuatro oficiales principales y dos agentes, acusados de tormentos seguidos de muerte.

Cabe recordar que en la misma comisaría fue fusilado por la espalda el joven Ulises Inostroza, a instancias de un oficial que luego resultó reincorporado con plena impunidad, gracias a los oficios del intendente Raúl Othacehé, un fanático de la mano dura como el gobernador Scioli.
Ante la gravedad de los hechos, Scioli y Casal dieron parte a la oficina de Asuntos Internos, la que ya había informado que más del 25% de los 54.000 efectivos de la Bonaerense están afectados por sumarios internos con acusaciones que van desde asesinato hasta simples robos. Qué otra cosa podría esperarse de esa institución represiva que mantiene 9.026 efectivos de la dictadura militar, educados en el espíritu genocida de Camps y Etchecolatz. El mismo Casal prestó tareas como guardiacárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense bajo la tutela del coronel del Ejército Aníbal Guillén, un genocida de probada data en secuestros y desapariciones, que incluso lo premió durante la dictadura, como señaló el kirchnerista Horacio Verbitsky (Página12, 14/11).

Difícilmente los jóvenes con ideas progresivas puedan converger con un gobierno asociado a intendentes derechistas y una mafia policial que ataca con saña a los jóvenes plebeyos de los barrios obreros y populares, tal como sucedió con Luciano Arruga, quien permanece desaparecido desde enero de 2009. Más de 3.000 jóvenes fueron asesinados por gatillo fácil y tortura policial durante los sucesivos gobiernos constitucionales, como informa la CORREPI. 23 años es la edad promedio de más de 30.000 detenidos en las cárceles bonaerenses (el 75% sin condena), toda una “orientación” hacia la juventud.

Lejos del kirchnerismo, Rodolfo Walsh decía que la Bonaerense era la “secta del gatillo alegre y la picana”, una corporación mafiosa irreformable que administra la industria del delito y constituye la mayor fuente de inseguridad de la población civil. La disolución de esta banda de criminales hace a la necesidad de autopreservación de las grandes mayorías populares, en particular los jóvenes trabajadores y estudiantes como Mariano Ferreyra que luchan para superar esta sociedad basada en la explotación del hombre por el hombre.