Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
9 de julio de 2020

La Verdad Obrera Nro 257

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JUICIO A LOS REPRESORES DEL PROCESO

El gobierno no los quiere juzgar por genocidio

01 Nov 2007   |   comentarios

El Secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde declaró al diario Hoy de La Plata que “no existe posibilidad de incluir la figura de genocidio dado que no está previsto en el Código Penal y aún con una reforma sería algo muy engorroso de aplicar”. Según precisó, “esto es difícil porque muchos de los represores ya han sido juzgados previamente por crímenes de lesa humanidad, que se rigen, además de por el código, por estatutos internacionales que no establecen la retroactividad” (26/10/07). A través de este calificado vocero, el gobierno de Kirchner hace explícito lo que ya conocían todos los organismos y agrupaciones independientes que impulsan los juicios, como Justicia Ya!, a través de las más diversas maniobras y “chicanas” hechas por los representantes del gobierno para evitar que se juzgue a los genocidas por lo que son. Esto ratifica el verdadero plan del gobierno en la materia: enjuiciar a cuentagotas a un pequeño grupo emblemático de genocidas, preservando a las fuerzas represivas e intentando reconciliarlas con la sociedad tal como si fueran “nuevas” instituciones y no las mismas que perpetraron el sanguinario golpe contrarrevolucionario de 1976. Más allá de sus discursos, este plan está objetivamente a la “derecha” de la Carrió (lo que no es poco, ya que a diferencia del discurso kirchnerista está descarada y abiertamente por la reconciliación), dirigente opositora que pidió que “no se humille al conjunto de las FF.AA. por mil delincuentes”: al paso K jamás se podrán a condenar a mil torturadores y asesinos; en una veintena de años sólo se podrán condenar 20 o 30… si llegan vivos (al cierre de esta edición se publicaba la noticia del fallecimiento de un capitán represor de la ESMA, Jorge Perrén, muerto sin condena).

Por algo será

Las excusas que esgrime el Secretario de DD.HH. para afirmar que no existe la posibilidad de incluir la figura de genocidio son de una formalidad inusitada viniendo de un funcionario de un gobierno que no tuvo empacho en votar superpoderes para el Jefe de Gabinete, que tiene récord de decretos de necesidad y urgencia y que cambió la composición del Consejo de la Magistratura a su piacere.

Por otro lado, utilizar como argumento que los genocidas no pueden ser juzgados por un delito que no fue reglamentado en el derecho interno es un sinsentido. Esto, como la “cosa juzgada” entre otras, son garantías del individuo contra el poder punitivo del Estado, que tiene el monopolio de la fuerza y del juzgamiento. No pueden contraponerse, entonces, esas garantías a los crímenes cometidos desde el mismo Estado terrorista, como es el caso del genocidio (habría que preguntarles a los casi 50 mil presos sin condena que hoy hay en Argentina –en su inmensa mayoría jóvenes pobres– cómo gozan de esas garantías, mientras que torturadores como Febres o Astiz tienen prisiones de lujo y el 95 por ciento de los genocidas puede ver cómodamente desde sus casas programas como “Televisión por la Identidad”).

El tema de fondo, la verdadera razón de la negativa del gobierno, es que si se abriesen las causas por el genocidio perpetrado en la Argentina en los setenta, implicaría que todos los efectivos de las fuerzas armadas, de seguridad y de inteligencia que estuvieron activos desde las órdenes del gobierno de Isabel Perón de “aniquilar el accionar de la subversión” hasta la asunción de Alfonsín, se presumen implicados en la masacre de 30.000 luchadores, hasta que puedan demostrar lo contrario. Y no sólo las fuerzas represivas, sino también la jerarquía de la Iglesia y las decenas de curas y obispos implicados directa o indirectamente en torturas y asesinatos, como se acaba de demostrar en el juicio a Von Wernich. El gran empresariado fogoneó el golpe y fue partícipe de las desapariciones de miles de delegados y activistas obreros y de comisiones internas enteras, como en la Ford, Mercedes Benz, Siderca, Lozadur, Acindar (en cuyo campo funcionaba un centro de exterminio aún antes del 24 de marzo de 1976), etc. ¿cómo hacer para que no queden impunes quienes no dudarán en volver a hacer correr ríos de sangre si ven peligrar sus privilegios de clase explotadora?

En este punto, el gobierno de Kirchner es coherente y consecuente en su defensa de los intereses de la burguesía nacional y en preservar a las instituciones armadas para defenderlos, por eso es enemigo (ahora confeso) de que se abran juicios por genocidio.
De ahí a su negativa de abrir los archivos de la represión, cuestión que además de permitir conocer el nombre de todos los que revistieron los centros de detención y el destino de los desaparecidos, permitiría encontrar a los jóvenes apropiados de bebés en forma mucha más sencilla y expedita que esperar que alguien dude de su identidad y se presente espontáneamente. De ahí, también, su negativa a expulsar e investigar a los 9.000 efectivos de la Bonaerense que recibieron órdenes de Camps y Etchecolatz y que hoy siguen patrullando las calles de la provincia.

50 casos en cuatro años. Tres condenas

En los juicios orales que se realizaron en cuatro años desde la anulación de las leyes de impunidad se juzgaron solo a tres (3) genocidas por los crímenes cometidos en unos cincuenta casos. Si tenemos en cuenta que hay alrededor de 30 mil detenidos desaparecidos, a este ritmo harían falta unos 2.400 años para que todos sus casos sean llevados a juicio.
Aún juzgando por centro clandestino, como afirma el mismo E.L. Duhalde, siguiendo este ritmo se tardarían unos cientos de años para acabar, si se tiene en cuenta que ya hay más de 500 centros de exterminio conocidos.

Exijamos al gobierno que entregue las listas de todos los que estuvieron en los 500 centros clandestinos de detención y en todos los organismos de inteligencia estatales, muchos de los cuales hoy siguen activos. La lucha por la disolución de la SIDE y todos los organismos de inteligencia del Estado y de la Bonaerense, antro de represores y grandes delincuentes, se convierte en un objetivo ineludible para todo demócrata consecuente.

La masiva movilización para que se juzgue por genocidio a los verdugos de uniforme, sotana y civiles de los trabajadores y los luchadores, es una vía para acabar con la impunidad que, como dijo nuestra compañera Myriam Bregman, bajo el gobierno del matrimonio K se sigue construyendo día a día.

Esta demanda elemental de Verdad y Justicia inevitablemente llevará a un enfrentamiento con el aparato estatal que monopoliza la violencia a favor de una minoría de explotadores, cuestión que nos intentan presentar falsamente como parte de la “naturaleza”. El PTS, que tuvo y tiene una participación activa en los juicios contra los genocidas junto a organismos independientes del gobierno, tiene un planteo y una estrategia para enfrentar y derrotarlo, para lo cual la lucha y la autoorganización independiente de la clase trabajadora y los luchadores contra la impunidad, se torna en una condición imperiosa e indispensable.

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