La decision del juez federal de Mendoza Raúl Acosta de pedir la ubicación de domicilio real de María Estela Martínez de Perón y sus ministros, Antonio Cafiero (Economía) y Carlos Ruckauf (Trabajo), por la desaparición de Héctor Aldo Fagetti Gallego, ocurrida en febrero de 1976, volvió a instalar el debate sobre el papel jugado por el gobierno de Luder1 e Isabel Martínez con respecto al terrorismo de Estado.
La discusión surge precisamente porque ellos y varios otros ex funcionarios quedaron imputados por haber firmado en octubre de 1975 los decretos 2770/71/72. El último decreto, el 2772 decía en su artículo primero: “las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”2 . El significado del término “aniquilar” es aún hoy motivo de largas disquisiciones. Los militares justifican el genocidio amparándose en esta formulación, que surge de la consciente decisión de un gobierno constitucional de dar mano libre a las Fuerzas Armadas para desarrollar una represión masiva. A modo de ejemplo, en el reciente juicio a Etchecolatz, la defensa puso como única prueba a favor del genocida los testimonios de Italo Luder.Por otra parte, también existe otro discurso, que busca salvar a la “democracia” y que plantea que no existe ninguna relación entre aquellos métodos represivos y los aplicados a partir de marzo de 1976. 

Antecedentes del genocidio
Los decretos mencionados son una cobertura legal que los militares obtienen del gobierno peronista para consumar una intervención criminal que en realidad ya se estaba perpetrando en el país, por lo menos desde un año atrás con el llamado Operativo Independencia3 y desde fines de 19734 con el accionar de la Triple A. Medidas terroristas amparadas desde el Estado ya estaban siendo practicadas con la anuencia, primero del propio Perón y luego de Isabel. A casi seis meses del golpe, los militares habían conseguido las más amplias prerrogativas dadas por el gobierno constitucional para perseguir a todos los luchadores y militantes que fueran rotulados de “subversivos”. Las fuerzas armadas aprovecharon esa política del gobierno para crecer como alternativa represiva para la aplicación del proyecto económico de los sectores más concentrados del capital. Con el operativo Independencia en Tucumán, gracias a la “libertad de acción” que el gobierno peronista les daba, aprovecharon para hacer un verdadero laboratorio de lo que más tarde iba a constituir el genocidio. En ese sentido, podemos decir que el accionar de la Triple A primero, la actuación desarrollada por el Ejército en Tucumán, el operativo “Serpiente roja del Paraná” contra los metalúrgicos de Villa Constitución y paralelamente la ofensiva contra la lucha del Ingenio Ledesma, constituyen el preludio del genocidio posterior. Pero fue a partir de la dictadura que la represión tomará otra dimensión, donde el Estado llevará adelante un plan sistemático de exterminio de lo que jurídicamente se denomina un “grupo nacional”, para cambiar el conjunto de las relaciones sociales a fin de beneficiar a la gran patronal. Ese “grupo nacional” estaba constituido por la vanguardia obrera y la militancia de izquierda que en las calles y la lucha de clases cuestionaba al sistema capitalista.

Terrorismo de Estado: una respuesta a la lucha de clases
En 1969, con el Cordobazo y la seguidilla de semiinsurrecciones obreras y populares en Rosario, Tucumán, nuevamente en Córdoba y Mendoza, los aires revolucionarios habían llegado al país para quedarse. Una amplia vanguardia obrera y popular se desarrollaba y se planteaba como alternativa anticapitalista y antiimperialista en las fábricas, escuelas y universidades. Con el retorno del peronismo al poder en 1973, la clase dominante logró contener al movimiento de masas y aislar a la vanguardia. Pero a partir de la muerte de Perón se puso término al relativo desvío de la lucha de clases logrado durante su gobierno. Con Isabel, el enfrentamiento entre las profundas tendencias a la revolución y la respuesta contrarrevolucionaria de las clases dominantes volverá a ocupar el centro de la escena. Isabel otorgará un poder extraordinario a la camarilla lopezrreguista -una facción semifascista-, lo que implicará una profundización de las tendencias derechistas del gobierno y del régimen político.
Bajo este gobierno la clase obrera enfrentará una aceleración y acentuación general de la política represiva, pero también ofrecerá uno de sus mayores despliegues de fuerza, durante la huelga general de junio-julio de 1975 y la creación de las Coordinadoras interfabriles de Gran Buenos Aires y la Capital Federal que lograron echar del gobierno al Brujo López Rega y dejar al gobierno de Isabel pendiendo de un hilo.
Desde entonces, la necesidad de poner fin a la insurgencia obrera y a la militancia radicalizada ante un gobierno completamente quebrado, terminaron de decidir a la clase dominante y a las Fuerzas Armadas a dar el golpe genocida en marzo de 1976. En otras palabras, ya no alcanzaba con que hubiera terrorismo amparado desde el Estado sino que la burguesía necesitaba todo un Estado dedicado a la tarea de exterminar a los enemigos del orden.
La movilización obrera y popular debe apuntar no sólo hoy a lograr la aparición con vida de Jorge Julio López y el juicio y castigo a todos los genocidas, sino también a los responsables civiles de la política represiva criminal del gobierno peronista, como Isabel, Ruckauf y Cafiero y a todos los cómplices civiles de la dictadura y el terrorismo paraestatal que aún se mantienen impunes.

1 En octubre de 1975, estando la presidente Isabel Perón en un retiro en Córdoba, asume la presidencia interina del país Italo Argentino Luder.
2 El decreto 2770 creó el Consejo de Seguridad Interna, presidido por el jefe de Estado e integrado por todos los ministros y los tres comandantes generales, con amplias facultades para “planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales en la lucha contra la subversión”. El decreto 2771 autorizó al nuevo Consejo a suscribir convenios con los gobiernos provinciales para colocar bajo su control a las respectivas policías y servicios penitenciarios.
3 A principios de 1975 se pone en marcha el “Operativo Independencia”. En una pequeña provincia donde había 140 guerrilleros las FF.AA establecieron unos 5.000 efectivos. Durante meses orientaron sus esfuerzos a cercar a la guerrilla atacando los centros urbanos de San Miguel de Tucumán y Concepción, donde asesinaron a trabajadores de la FOTIA y al turbulento estudiantado de la Universidad Nacional de Tucumán. Durante este operativo se inauguró el centro de detención, “La Escuelita” de Famaillá.
4 La Alianza Anticomunista Argentina, creada a fines de 1973 durante el gobierno de Perón, tuvo como objetivo criminal exterminar a la vanguardia obrera, popular y estudiantil, a la militancia de izquierda y al ala radicalizada del peronismo, constituida fundamentalmente por Montoneros. La Triple A era una organización paraestatal. La misma fue comandada desde el Ministerio de Bienestar Social, por el entonces hombre de confianza de Perón, José López Rega, posteriormente, figura clave del gobierno de Isabel. Es de público conocimiento la “colaboración” de las FF.AA con esta organización. Al respecto el represor H.R. Abete dice que “los cuadros medios de las FF.AA (...) noche tras noche, sin mediar órdenes, salían a combatir a la guerrilla en sus guaridas”. Según él “se combatía a la guerrilla sin órdenes, sin conducción y sin cobertura legal” (H.R. Abete, La Nueva Provincia, 5/1/2001). La bibliografía indica que la Triple A asesinó entre 1.500 y 2.000 personas.