Blaquier no se presentó a declarar, adujo que problemas cardíacos lo llevaron a emprender un viaje con destino a Europa -Inglaterra y Francia- para tratar esta supuesta afección. Y Lemos presentó sólo un escrito para evitar todo tipo de interpelación judicial, y sobre todo para evitar cruzarse con las movilizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes universitarios, de los organismos de DDHH, organizaciones de pueblos originarios y la militancia de izquierda que ganamos las calles los días 17 y 18 de Mayo.

La justicia patronal: el juez devenido en abogado del genocida

La estrecha relación entre el poder económico y el poder judicial es tan evidente que se “cae de maduro”. Veamos: la defensa del empresario y del ex administrador es Horacio Aguilar, un ex juez federal que estuvo a cargo de juzgar los crímenes de la Dictadura. Fue el que antecedió a Olivera Pastor en la función de dilatar las causas contra el longevo genocida y sus bandas de represores.
El empresario golpista, sobre el que ya pesaba un pedido de declaración indagatoria solicitado por el fiscal Vatule al juez, gozó de total impunidad para ausentarse del país desde el 15 de abril, justo unos días antes de que asuma el juez Poviña, para cubrir el lugar que dejó Olivera Pastor luego de una importante movilización que le exigió la citación a Blaquier y su renuncia. Este último fue un juez adicto al empresario genocida, que por más de un lustro cajoneó las causas contra los genocidas y permitió que el gobierno provincial (entregándole el centro clandestino de detención Campo Guerrero a U.P.C.N. y otros gremios oficialistas para que realicen obras de construcción) avance en eliminar parte de las evidencias de la detención, tortura y desaparición que llevaron adelante durante la última dictadura.

El gobierno de los abogados de Blaquier

Por su parte Fellner, por primera vez, se pronunció sobre el tema cuando atraviesa su tercera gestión como gobernador de la provincia. Sorprendió a “propios y extraños” cuando solicitó “una pronta resolución de las causas vinculadas con los juicios por los derechos humanos en la provincia”, lo que no fue más que una muestra de total cinismo. El mismo gobernador formó parte de un estudio de abogados que en su momento brindó sus servicios a Blaquier, el estudio Mallagray-Fellner. Las palabras del gobernador kirchnerista expresan una total caradurez, ya que mantiene en los máximos cargos del Superior Tribunal de Justicia a Sergio Jenefes y Clara Falcone, funcionarios del gobierno de facto del brigadier Urdapilleta. Pero eso no es todo. Tuvo durante años como Jefe de Policía al genocida Carrizo Salvadore y tiene como ministro de Turismo y Cultura al ex abogado de Ledesma S.A.A.I. Jorge Noceti, el mismo que censuró el libro de economía e historia del dirigente regional del PCR, Carlos Aramayo, en la pasada Feria del Libro. La impunidad que reina al interior del gobierno explica por qué personajes como Juan de la Cruz Kairuz, director técnico del Club Atlético Ledesma que de noche dirigía un grupo de tareas que ejecutó las detenciones en las Noches de los Apagones, o “El Gaucho” Martín, parte de un grupo de tareas en San Salvador, estén libres, el primero hasta hace unos años dirigiendo el plantel de Talleres de Perico y el segundo organizando espectáculos folklóricos.
No nos llama la atención la actitud de Fellner porque el Kirchnerismo es “pura pose”. Por eso ahora se proponen ubicar como “progres” a gobiernos provinciales que tiene en su haber represión y muerte, ya que dirigen la policía brava que asesinó a los jóvenes desocupados Cuellar e Ibáñez en 2003 en Libertador General San Martin y en 2011 reincidió reprimiendo a miles y asesinando a tres jóvenes trabajadores que apoyaban la lucha por la vivienda en el mismo pueblo.
Este intento gubernamental de hacerse parte de la lucha contra la impunidad, que a cada paso “hace agua” (como ya demostramos con la denuncia que hacemos de la total subordinación del poder político y judicial al gran capital de Ledesma), en realidad no hace más que poner en evidencia que esta democracia “para ricos”, hecha a la medida de los Blaquier, no es más que “la mejor envoltura de la dictadura del capital”, como bien la definió el revolucionario ruso Lenin.

Ninguna indulgencia. Que al empresario golpista se lo juzgue por
genocidio

El juez Poviña, que citó a Blaquier y al ex administrador del monopolio azucarero Lemos sólo prevé juzgarlos por privación ilegal de la libertad, sin tener en cuenta la responsabilidad del jefe del directorio de Ledesma S.A.A.I. en la detención de 400 trabajadores y jóvenes, en su tortura y en la desaparición de 36 de ellos. Hechos que se encuadran claramente en los delitos de genocidio por los que ya se ha juzgado, por ejemplo, al ex jefe de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolazt.
La patronal puso todo para esas detenciones. Las planificó junto a los milicos, cortó el suministro de luz, aportó las listas negras, los vehículos, personal de seguridad y galpones. A los estudiantes y obreros detenidos de los vendaron los ojos, se los golpeó y una vez llevados a Campo Guerrero fueron víctimas de tortura y todo tipo de vejaciones, como lo relatan todos los compañeros ex detenidos.
Esto constata que el plan represivo tuvo como objetivo eliminar la lucha y resistencia obrera en la región. Desde las detenciones del dirigente del sindicato azucarero Jorge Weizt y del abogado Carlos Patrignani en 1974, pasando por la detención del dirigente Melitón Vázquez -liberado por la movilización obrera y popular- y la intervención del sindicato en 1975 hasta las Noches de los Apagones en julio de 1976; la patronal, junto a los gobiernos constitucionales y militares, se entregó por completo a esa tarea contrarrevolucionaria.
Hay que exigir al juez de turno ninguna indulgencia. Que a Blaquier, Lemos y todos los represores, civiles y militares que restan juzgar, se lo juzgue por delitos de genocidio.

Acción directa, unidad e independencia política para garantizar la cárcel y el castigo a Blaquier

Al contrario del postulado de la espera pasiva para que "actúe la Justicia" esgrimido por algunas organizaciones de DDHH, entendemos que hay que soldar la más amplia unidad en las calles. Seguir movilizando y realizar todo tipo de acciones como radios abiertas y escraches, donde juegue un gran rol la juventud, cortes y huelgas de los obreros azucareros y los estatales, que difundan y fortalezcan la adhesión popular a la lucha contra la impunidad del empresario genocida y de todos los represores.
A la par de la movilización y las acciones directas es indispensable nuestra independencia política respecto de Fellner y Cristina, cabezas de gobiernos pro patronales que, apoyando las medidas judiciales, buscan limpiarse las manos manchadas con sangre obrera y apropiarse de nuestra lucha. Sólo delimitándonos, denunciándolos y exigiéndoles justicia vamos a lograr que se haga concreto el pedido de captura internacional del empresario genocida Blaquier, que se lo juzgue y se lo condene por sus crímenes contra la clase obrera de ayer y hoy.
Está también a la orden del día la exigencia al juez para que se abran todos los archivos de Ledesma S.A.A.I., de la Brigada de Investigaciones de la Policía y de la Gendarmería. No se puede perder más tiempo, tenemos que levantar con todas nuestras fuerzas esta consigna. Porque así como se encontró en el allanamiento de las oficinas de la patronal una lista negra de la Marcha del Apagón de 2005 y legajos de Weizt, Garnica y otros dirigentes, sabemos que la empresa cuenta con todo un aparato de espionaje privado y estatal que concentra con decenas de lista negras actualizadas de dirigentes y legajos de obreros combativos que forman parte del proceso de despertar obrero que transitan los ingenios de la región, Ledesma y La Esperanza.
Así como no se puede tolerar el espionaje a los que luchamos tampoco se puede aguantar la militarización de un pueblo. Por eso también tenemos que decir “fuera gendarmería del pueblo de Libertador, fuera el grupo de seguridad privada Prosegur del Barrio Ledesma”.