Un informe del Ministerio de Trabajo pone en evidencia los resultados de la política económica kirchnerista luego de 7 años. Este informe muestra que el costo laboral se mantiene planchado, a pesar de la recomposición del salario real registrada por los trabajadores en blanco desde 2005.

El costo laboral considera la evolución del salario pagado por los empresarios, pero relacionándolo con la productividad del trabajo y los precios que reciben los empresarios por las mercancías producidas. O sea, lo que le rinde a un empresario el salario que paga. Si aumenta la productividad y el salario se mantiene igual, cae el costo laboral. Lo mismo pasa si aumentan los precios a los que los empresarios venden sus productos, si el salario no aumenta o aumenta menos.

Para 2009, el costo laboral estaba 18% por debajo del nivel de 2001, y descendería bastante más considerando el tipo de cambio multilateral (gracias a la caída del dólar y la apreciación del real). Esto es el fruto de que en las negociaciones salariales de los últimos años, los empresarios aceptaron aumentos salariales pero a cambio de fuertes aumentos de productividad. Lo mismo sucede con la participación salarial en el ingreso generado: se ha recuperado en relación a los peores momentos de la crisis, pero no en relación al promedio de participación salarial en el ingreso de toda la década previa. Los capitalistas tienen un piso más favorable para sus ganancias, que la recomposición salarial de estos años no ha anulado ni mucho menos.

¿Una cuestión aún no resuelta del modelo redistributivo? ¿Una tarea pendiente? Para nada, el kirchnerismo ha sido un protagonista de primer orden para lograr que a pesar de años de crecimiento récord y aumento del empleo, el salario apenas perforara el techo que tenía al momento de la crisis de 2001.

No se trata de un error o de una falencia a superar por el “modelo K”. Es algo inherente a las condiciones que garantizaron el aumento de las ganancias que motorizó el crecimiento todos estos años. Las negociaciones salariales en las paritarias entre los empresarios y las conducciones sindicales, que el gobierno presenta como modelo para la mejora en la distribución del ingreso, condujeron a este resultado. Por empezar, porque como ya dijimos, en la mayoría de los casos estas negociaciones estuvieron atadas a compromisos de productividad. Incluso más allá de lo negociado, la presión por aumentar el rendimiento del salario ha sido permanente; esto se ve también si consideramos que el crecimiento económico, sobre todo a partir de 2007, se dio sin muchas inversiones para cambiar la estructura productiva. Se aprovechó la capacidad instalada y se cargó la exigencia de mayores rendimientos sobre los trabajadores ya contratados, aumentando los puestos de trabajo de forma cada vez más reducida.

Frente a la inflación de los últimos años las conducciones sindicales impusieron un pacto social de hecho, poniendo un límite a la recomposición salarial en línea con los números de inflación. De esta forma, el salario real no crece desde el año 2007 (salvo que creamos en los números del Indec) mientras que la productividad sí ha aumentado. Sólo este año, gracias a la iniciativa de las comisiones internas de Kraft y otras fábricas de la alimentación (contra la resistencia de la burocracia de Daer) se perforó los techos impulsados por la burocracia.

Pero sobre todo, el efecto limitado que tienen estas negociaciones está ligado a la estructura del empleo: sólo un tercio de la clase trabajadora se beneficia de los resultados de las negociaciones paritarias. Para el resto lo negociado por las burocracias sindicales tiene escasas consecuencias. El kirchnerismo mantuvo celosamente esta fragmentación de la clase trabajadora. Los proyectos del diputado Recalde, como la participación de los trabajadores en las ganancias, de dudosos beneficios si consideramos el ejemplo de Fate (donde los trabajadores participaron de las pérdidas pero escasamente de los beneficios), tienen nula repercusión sobre los sectores precarizados de la clase trabajadora. El kirchnerismo ha articulado políticas hacia los sectores sindicalizados, y paralelamente ha impulsado distintas iniciativas hacia los sectores más pobres como la extensión de la asignación por hijo y los planes Argentina Trabaja. Pero ha mantenido intacta la fragmentación de la clase trabajadora entre efectivos, precarizados y desocupados, y ha atacado con toda la fuerza del Estado y la burocracia a los sectores que intentaron superar esta fragmentación.

La intervención estatal es presentada como virtuosa por el progresismo oficialista, pero lo cierto es que esta se ha movido en dos vías: conteniendo las mejoras salariales y garantizando la fragmentación para mantener el margen de ganancias récord, y mitigando los efectos de esto con políticas hacia los pobres.

Y sin embargo, como el margen de rentabilidad ha retrocedido en relación con los mejores años de esta década, el gobierno impulsó una montaña de subsidios para aportar a la ganancia empresaria. Mal que les pese a los progres K, y aunque muchas asociaciones patronales saquen comunicados críticos de la política estatal, los que vienen ganando con la intervención estatal K son los empresarios.

El kirchnerismo y los burócratas sindicales, en el mejor de los casos pueden prometer a un sector minoritario de la clase trabajadora mantener sus condiciones de vida frente a la inflación.

Una respuesta para el conjunto de los trabajadores sólo puede surgir de que más sectores tomen el ejemplo del sindicalismo de base, con Kraft a la cabeza, y coordinando las luchas entre ocupados -efectivos y contratados- y desocupados para imponer para todos un salario acorde a la canasta familiar y el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles.