logo PTS

Libertades Democráticas

LA BUROCRACIA SINDICAL Y LA DERECHA PERONISTA CREAN UN "MARTIR"

El caso Rucci y la teoría de los dos demonios

La reciente publicación del libro de Ceferino Reato “Operación Traviata” reabre el debate sobre la muerte de José Ignacio Rucci, en septiembre de 1973. La controversia entre quienes lo reivindican, como la burocracia sindical, y quienes no, gira en torno a su relación con Perón; sobre su figura como exponente de la derecha peronista; sus diferencias con el vandorismo, sobre la política de los Montoneros, entre otros aspectos.

Facundo Aguirre

2 de octubre 2008

La reciente publicación del libro de Ceferino Reato “Operación Traviata” reabre el debate sobre la muerte de José Ignacio Rucci, en septiembre de 1973. La controversia entre quienes lo reivindican, como la burocracia sindical, y quienes no, gira en torno a su relación con Perón; sobre su figura como exponente de la derecha peronista; sus diferencias con el vandorismo, sobre la política de los Montoneros, entre otros aspectos. La reapertura del caso Rucci dio a la burocracia sindical moyanista y la derecha peronista la oportunidad de promover una operación política e ideológica para presentarlo como un “mártir”, que se jugó por Perón, defendió a los trabajadores y a la democracia en Argentina.

Lejos de esta construcción poco creíble e interesada, la realidad es que Rucci fue el representante de una burocracia sindical que actuó como fuerza de choque contrarrevolucionaria, ayudó a liquidar las libertades democráticas y conducir a la derrota a la clase trabajadora. Al frente de la CGT y como exponente de la llamada “patria metalúrgica” promovió el disciplinamiento del movimiento obrero a favor de los empresarios vía el Pacto Social, la regimentación de sus organizaciones a través de la Ley de Asociaciones Profesionales, practicó el matonaje contra el activismo y promovió la violencia de ultraderecha como lo demostró en Ezeiza.

El libro “Operación Traviata” responsabiliza del asesinato de Rucci a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que en ese momento estaban fusionándose con la organización Montoneros. Reato afirma que dos de los autores del atentado siguen con vida. Los otros murieron torturados, tanto el jefe político de las FAR Roberto Quieto (secuestrado en 1975), como Julio Roqué, asesinado en la ESMA.

A partir de este dato los hijos de Rucci, Claudia y Aníbal, pidieron que se reabriera la causa, lo que fue peticionado por el fiscal federal Patricio Evers y concedido por el juez federal Ariel Lijo.

¿Crímenes de lesa humanidad?

La CGT, por boca de Hugo Moyano, solicitó que el caso sea considerado como un crimen de lesa humanidad. Es sorprendente que estos dirigentes, que siempre guardaron silencio sobre los desaparecidos y el genocidio, hoy pidan justicia contra los militantes de los ‘70.

El reaccionario diario La Nación viene levantando este reclamo exigiendo que se juzgue a los ex militantes de las organizaciones guerrilleras. Reivindican el pedido del hijo del coronel Argentino Del Valle Larrabure que rechaza la interpretación de la Corte Suprema sobre el concepto de crimen de lesa humanidad, aplicado a los crímenes cometidos con el amparo o aquiescencia del Estado. El fundamento consiste en sostener que las organizaciones guerrilleras de los ‘70 recibieron entrenamiento en Cuba para ejercer la guerra revolucionaria y son por lo tanto un brazo armado auspiciado por un Estado extranjero. Un argumento similar al de los militares genocidas que hablaban de la “subversión apatrida”.

El otro argumento utilizado en estos días es que las organizaciones guerrilleras se levantaron en armas “contra la democracia” para tomar el poder por la violencia. Recordemos que los alegatos de Bussi y Menéndez en sus respectivos juicios tomaron este tópico para decir que ellos cumplían con el mandato de un gobierno democrático y actuaban en defensa de las instituciones.

Teoría de los dos demonios

Lo que se intenta reflotar es la teoría de los dos demonios igualando los crímenes del terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones armadas de los ’70. Igualan la violencia popular a la violencia estatal y paraestatal de los capitalistas, acusando a los luchadores populares por haberse enfrentado al régimen político vigente. La democracia burguesa en los ’70 no fue el paraíso de las libertades democráticas: fue el régimen de la violencia contrarrevolucionaria de las bandas de la burocracia y las Tres A que actuaban con total impunidad y bajo amparo estatal, para salvar el poder de la clase dominante. Los trabajadores y la juventud fueron las principales víctimas de aquella violencia.

Desde el PTS rechazamos este intento de volver a la teoría de los dos demonios y defendemos a los militantes de los ‘70, sin dejar por eso de señalar nuestras diferencias estratégicas y nuestra oposición a la violencia elitista de la guerrilla, separada de la lucha de clases real y que atentaba contra los intereses de la organización y la movilización independiente de los trabajadores.

Una bandera de la burocracia y la derecha

La burocracia y la derecha peronista y pro-militar son las interesadas en usar el caso Rucci como bandera. Buscan golpear contra los movimientos de derechos humanos que impulsan los juicios contra los genocidas y garantizar la impunidad de los militares y civiles colaboradores de la dictadura y la Triple A.

La burocracia moyanista, aliada del gobierno, monta una campaña que los diferencie en algo del kirchnerismo, ante la crisis del proyecto oficial. También la utiliza para contestar las denuncias en su contra por las causas de la Triple A. Recordemos que Hugo Moyano fue denunciado por sus relaciones con la Juventud Sindical Peronista y la Concentración Nacional Universitaria en Mar del Plata, responsables del asesinato de la estudiante Silvia Filler. En este sentido son notables las declaraciones de Pablo Moyano sobre Hebe de Bonafini por sus denuncias contra Rucci y su padre, mandándola al “psiquiátrico y al geriátrico”. (www.infobae.com 30/9/08). Un dato revelador es que los hijos de Rucci son empleados de la CGT. En la causa son patrocinados por Jorge Casanovas, ex ministro de Justicia de Carlos Ruckauf (impulsor del gatillo fácil de la bonaerense) y fiel exponente de la derecha peronista, que a su vez lo utiliza para atacar a las figuras kirchneristas que pertenecieron a las organizaciones de la izquierda peronista y deslegitimar el discurso ideológico del oficialismo.

Ceferino Reato, el autor del libro, es un periodista del opositor y gorila Diario Perfil, muy vinculado a Esteban Caselli y a la cúpula de la Iglesia, partidaria de la “reconciliación” con los genocidas. No extraña entonces que Cecilia Pando y sus fascistas se hayan sumado al coro que pide justicia por Rucci. El caso Rucci muestra a su vez la calaña de los aliados sindicales y pejotistas de los Kirchner con quienes se propone reconstruir el movimiento “nacional y popular”.

Prensa

Virginia Rom 113103-4422

Elizabeth Lallana 113674-7357

Marcela Soler115470-9292

Temas relacionados: