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Notas de tapa

Defendamos a los luchadores perseguidos

Luego de las primarias y la victoria del gobierno se está asistiendo a un hecho de vital importancia para los sectores militantes de la clase trabajadora que es ocultado en gran medida por todos los medios de comunicación, opositores u oficialistas.

1ro de septiembre 2011

Luego de las primarias y la victoria del gobierno se está asistiendo a un hecho de vital importancia para los sectores militantes de la clase trabajadora que es ocultado en gran medida por todos los medios de comunicación, opositores u oficialistas. Cuando aparece en algún periódico es porque la campaña que llevan adelante los trabajadores agredidos los obliga a dar cuenta de los hechos y entonces, sólo así, los casos que vamos a enumerar toman notoriedad pública. Este miércoles 31 se realizó un corte a las 7 de la mañana frente al Obelisco contra el desafuero de Víctor Ottoboni, delegado de base de FATE, propiedad de la familia Madanes, empresarios a los que los kirchneristas reivindican como “la burguesía aliada del Proyecto Nacional”. El mismo día, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del reaccionario Mauricio Macri debió enfrentar un paro y movilización de ATE Capital contra los despidos de 8 compañeros del Teatro Colón: 7 delegados de la Junta Interna de ATE y un compañero paritario que no tiene fueros gremiales. Macri notificó los despidos y luego envió el pedido de desafuero a la justicia. También se movilizaron los telefónicos contratistas de FOETRA exigiendo la reincorporación del delegado Villega y otros activistas despedidos. En Santa Cruz, provincia K por excelencia, continúan detenidos los luchadores petroleros Oñate y Acosta, y en estos días la Gendarmería desalojó un piquete frente a la planta deshidratadora de YPF. Ni hablar de Jujuy, donde también gobiernan los K, al servicio de otra patronal “nacional”, la de los Blaquier, donde están presos los compañeros Tapia y Claros de la CCC y venimos de los asesinatos a mansalva en la pueblada de Ledesma. Son sólo algunos ejemplos, pero no los únicos. En Córdoba, Hernán Puddu, delegado de IVECO, fue expulsado como delegado del SMATA, a lo que la empresa le sumó un juicio de desafuero y luego fue despedido. Hasta el gobierno “socialista” de Santa Fe persigue a los luchadores, como es el caso del delegado auxiliar no docente de la oposición clasista de ATE, Jorge “Pomelo” Romero, cesanteado por un decreto de Binner donde se sostiene que ejerció “excesivamente” su rol de delegado sindical, por pegar carteles que pedían justicia por Pocho Lepratti, asesinado en diciembre de 2001 por la policía santafesina.

Los delegados de base que la patronal, el gobierno y la oposición pretenden desaforar son parte de esa tendencia activa que encarna el llamado “sindicalismo de base”, que enfrenta la dictadura de la patronal y el patoterismo sindical en los centros de producción, en las empresas y establecimientos, que enfrenta la precarización y la tercerización laboral, que lucha por romper los techos salariales de la burocracia como hicieron en 2009 los compañeros de Kraft y PepsiCo en el gremio de la alimentación. Tanto el oficialismo como sus opositores de derecha o “progresistas” avalan o impulsan los desafueros, para cumplir con el mandato de los empresarios que quieren liquidar la acción directa y a los dirigentes combativos para permitir que frente al fantasma de la crisis económica los trabajadores acepten cualquier salida capitalista.

La defensa de los delegados de base es una bandera de lucha contra el régimen y la patronal que, derrotados en su intento de proscribir políticamente a la izquierda obrera y socialista, busca silenciarla como voz de la protesta obrera contra la explotación capitalista. Las listas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores están repletas de estos compañeros y compañeras y desde el PTS somos los primeros en estar a la cabeza de la campaña contra la persecución a los luchadores perseguidos.

 
El Consejo del Salario y la subordinación de la burocracia

La reunión del Consejo del Salario Mínimo terminó con un revés para los dirigentes sindicales. En el encuentro donde participaron Hugo Moyano de la CGT y Hugo Yasky de la CTA, los dirigentes aceptaron disciplinadamente el aumento ofrecido por el gobierno, un 25%, muy lejos de la inflación, e incluso de las exigencias, de un 41,3%, que hacían los propios gremialistas. En ese ámbito el trabajo en negro ni siquiera estuvo en el debate, ni hablar de la Asignación Universal que permanece en $220 o el 82% móvil para los jubilados. El Salario Mínimo incide sólo sobre un millón de trabajadores. Los que trabajan en negro, tercerizados o precarizados no les corresponde, tampoco a los estatales o a quienes están bajo convenio, cuyos salarios pactados en paritarias, superan en general el Salario Mínimo. Unicamente incide para los trabajadores que están por la Ley de Contrato de Trabajo, que no tienen convenios y están en blanco.

Las demandas de un salario equivalente al costo de la canasta familiar, la abolición del trabajo en negro y de la precarización laboral no serán logradas con dirigentes que negocian subordinados al gobierno y como soldados del “modelo”. El resultado del Consejo del Salario muestra que la docilidad de la burocracia sindical ha sido y es una condición indispensable para la sustentabilidad de un “modelo” basado en el status quo flexibilizador de los ‘90 que ha permitido ganancias extraordinarias para los empresarios y acuerdos salariales donde sólo una parte de los sectores en blanco de la clase obrera logró una leve mejora de su salario real respecto de los niveles de 2001, pero esto ha sido sólo hasta 2007, cuando comienza una situación de estancamiento y luego de caída. Gran parte de la clase obrera está condenada al empleo precario. El papel de los Moyano, Yasky y cía, más allá de los roces con el Ejecutivo, muestra cómo van a actuar cuando los patrones busquen descargar su crisis sobre las espaldas de los trabajadores, cuando ésta afecte directamente a nuestro país. Ni hablar de los jóvenes de “La Cámpora” que hoy ocupan cargos directivos en empresas como la estatal Aerolíneas que tiene trabajadores tercerizados en empresas contratistas en condiciones de precarización laboral.

 
Izquierda y lucha de clases

Mientras el kirchnerismo se entusiasma con llegar a las elecciones de octubre haciendo la “plancha”, capitalizando el derrumbe de la oposición, los grandes derrotados, Alfonsín, Duhalde y Carrió están imposibilitados de remontar la cuesta de cara a las presidenciales. La figura emergente de Hermes Binner intenta postularse, promovido por el Grupo Clarín, como una oposición progresista. Sin embargo, es un claro representante de los intereses sojeros, para quienes exige el fin de las retenciones, y también de las patronales devaluacionistas, para quienes pide que se deje de frenar el precio del dólar, como declaró la semana pasada en el Coloquio de IDEA. El progresismo de Binner poco puede entusiasmar a quien busque revertir el régimen privatizador de los ‘90 y defender el medio ambiente. En el “socialismo” que reina en Santa Fe, no sólo se gobierna junto a la UCR, sino que se mantiene privatizados todos los puertos y se permite la depredación ambiental por las empresas de cordón industrial de San Lorenzo.

El Frente de Izquierda tiene el desafío de intervenir en la campaña electoral para dialogar con amplios sectores de los trabajadores y la juventud, para desnudar que el discurso de armonía entre las clases que presenta el kirchnerismo, esconde que en estos años de crecimiento los que han ganado fortunas son los empresarios. Para denunciar a la UCR y al duhaldismo, ubicados a la derecha del arco político pero también y -en particular- al falso progresismo de Binner.

La agitación electoral del Frente de Izquierda tiene como objetivo mantener e incluso ampliar la base de 527.237 votos obtenidos según el escrutinio definitivo de las primarias y conquistar, de ser posible, bancas obreras y socialistas para denunciar a las patronales y a los políticos que actúan en su provecho e impulsar la movilización extraparlamentaria de los trabajadores y el pueblo pobre, promoviendo los combates cotidianos contra la explotación patronal y los ataques del Estado, como la campaña que impulsamos en defensa de los luchadores perseguidos. En otras palabras, oponer a los discursos de conciliación de clases que suele hacer el gobierno y la centroizquierda la idea de que hay que desarrollar una lucha de clases intransigente por las demandas obreras y populares y la independencia política de los trabajadores.

Vamos a realizar una gran campaña militante para lograr estos objetivos del Frente de Izquierda, junto a los compañeros del periódico obrero Nuestra Lucha y también desde la juventud del PTS que en estos días se propone organizar un movimiento de solidaridad con los estudiantes chilenos que se la están jugando en las calles por la educación gratuita.

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