El Viernes 22 de marzo en la ciudad de San Lorenzo, del cordón industrial Norte del Gran Rosario, comenzará el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, juicio que debería estar unificado justo a las demás víctimas ya que se trató de un plan organizado por el empresariado contra la clase obrera que tuvo como resultado 19 víctimas, delegados de base, activistas y dirigentes gremiales.

Este juicio cobra gran importancia al ser uno de los primeros por delitos contra la clase obrera.

Se trata del Juicio oral y público que lleva como imputados al teniente coronel Rubén Cervera, al capitán Horacio Maderna, jefe y sub jefe del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltran en 1976 y a Pedro “el Pili” Rodríguez, abogado ex asesor del municipio de San Lorenzo durante la intervención militar, por el secuestro y tortura del dirigente sindical de los municipales, Manuel Casado, donde habrá 40 testigos.

Ramón Genaro Díaz Bessone comandante del II Cuerpo del Ejercito durante este periodo, quien también estaba imputado, fue declarado inhábil en este juicio por razones de salud.

El juicio que debía comenzar en diciembre del año pasado se pasó para este año, luego de que se pidiera el apartamiento de la causa a la jueza Laura Ines Cosidoy, conocida por ser amiga de nada más y nada menos que de Leopoldo Fortunato Galtieri.
 
Impunidad empresarial de ayer y de hoy

Es esta misma Justicia para ricos, la que garantizó la impunidad para los asesinos de Silvia Suppo, negando el crimen político y la denuncia que Silvia venía realizando contra la policía participe y cómplice de su secuestro y desaparición, la misma policía que hoy se encuentra en funciones en la Narcopolicía S.A, es esta misma justicia la que hoy divide esta causa para beneficiar a los represores y cómplices civiles.

Una práctica que venimos viendo en numerosos juicios del país, esta vez con el argumento de acelerar la condena al Pili Rodriguez y siempre exponiendo a los testigos frente a cada juicio. Por eso es importante la unificación de la causa como piden los testigos.

En aquel cordón industrial conocido como la serpiente roja del Paraná, los mismo empresarios que ayer llamaron al golpe, hoy son beneficiados tanto por el gobierno provincial (FAP) como el nacional de los Kirchner, beneficiando a las principales agroexportadoras del país, con subsidios, exenciones impositivas, manteniendo el trabajo precario con cientos de tercerizados y donde los salarios son de miseria, la inflación se encarga de licuar lo poco que cobramos o quitándonos una parte de nuestro salario.
 
Desde el PTS llamamos a movilizarnos en las calles, no solo para rodear de solidaridad a estos testigos si no también, para denunciar que la estructura de espionaje a los luchadores obreros y populares se mantiene como en la dictadura militar y este 24 de marzo tenemos que ser miles en las calles, por eso te invitamos a participar junto al bloque opositor, para denunciar esta “Santa alianza” entre las Fuerzas Armadas, el empresariado y la Iglesia para perpetuar el genocidio en la Argentina y para denunciar que hoy el Gobierno kirchnerista espía y persigue a los luchadores obreros y populares, criminalizando la protesta social.
 
Llamamos a la más amplia movilización para exigir:
 
Unificación de la causas del cordón.

Castigo a los responsables militares, civiles y eclesiásticos del golpe genocida.

Que se aplique la figura de genocidio y el reconocimiento del Batallón como un Centro clandestino de detención. 

Basta de espionaje y persecución. Desprocesamiento de los 5000 compañeros por luchar.

Desmantelamiento del Proyecto X y todos los centros de inteligencia de las FF.AA. y la Policía.

Disolución de la SIDE y el aparato represivo del Estado.

Justicia por Silvia Suppo.