En Argentina los casos de acoso y violencia contra las personas LGTBI (lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales, intersex) siguen siendo moneda corriente. La Policía y la Justicia, estas instituciones que se ponen al hombro las represiones a los trabajadores que luchan por sus derechos, también juegan un rol nefasto para la comunidad LGTBI.
Yhajaira Falcón, una chica trans, hoy enfrenta un juicio por una causa armada por la propia Policía Federal. La misma que la detuvo en un patrullero, la paseó durante una hora, la dejó en una esquina arengando a un grupo de taxistas para que la apedreen y la obligó a desnudarse con la excusa de buscar una tijera con la cual “le habría robado a un taxista”.
Diana Sacayán, activista por los derechos LGTBI y trabajadora del INADI, fue agredida por un hombre en una estación de tren que le propinó una golpiza. No bastó sólo con eso, sino que los gendarmes que se encontraban en el lugar ante sus reclamos le respondieron con bastonazos al grito de “Empezá a correr” y la comisaría en la cual intentó realizar la denuncia se negó a tomarla y la mandó al hospital sin registro del hecho.
En la Argentina de la "dékada ganada" y la precarización laboral, la comunidad LGTBI continúa sufriendo ataques homolesbotransfóbicos. Contra todo discurso reivindicativo del kichnerismo haciendo gala de la diversidad y la inclusión, estos casos son testigos de que la ley no es la vida. No sólo eso, sino que hoy en día tanto el gobierno nacional como los demás partidos patronales se codean con el Papa Francisco, máximo representante de la institución oscurantista encargada de propagar las ideas más retrógradas contra las personas LGTBI y las mujeres, impidiendo un derecho elemental como es decidir sobre su propio cuerpo. Hace ya tres años se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario y más de un año la Ley de Identidad de Género (LIG). Estas conquistas no solucionaron la violencia ejercida por medio de las fuerzas represivas del Estado, como la Policía, la Gendarmería, que cuenta con la complicidad de estamentos del Poder Judicial. Pero estas leyes son un punto de apoyo para organizarnos y pelear por los derechos al tiempo que denunciamos los actos de violencia y discriminación a los que somos sometidos. Porque el derecho se funda en las fuerzas entre las clases y la historia nos enseña que lo vamos conquistando los explotados y los oprimidos no se establecen como victorias duraderas sino hacemos valer esa fuerza en una organización que la defienda, es por eso que desde el PTS en el FIT nos parece imperioso construir un movimiento LGTBI independiente del gobierno nacional y los demás partidos patronales que se movilice en las calles para que no se nos arrebate lo conquistado y que nos permita luchar por nuestros derechos aún vedados, comenzado por denunciar toda clase de violencia y discriminación.
Un movimiento por los derechos LGTBI tiene que comenzar por exigir la separación de la Iglesia del Estado, que hasta hoy subsidia a esta institución con los impuestos corrientes que debe pagar cada trabajador.
¡Basta de violencia contra las personas LGTTBI!