Una vez al año, desde 1996, CORREPI, acompañando su tarea militante diaria, presenta el Archivo de Casos, que se propone mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, responde a una política de Estado. Un Estado dividido en clases, que necesita de la explotación de la amplia mayoría del pueblo por una reducida minoría y que, para poder garantizarla, inevitablemente hace uso de la violencia y la represión. Esta sistematicidad de la represión queda evidenciada cuando vemos que todos los gobiernos, sean de la procedencia que sean, como administradores de este estado de clase, garantizan el disciplinamiento y el orden social con la represión, que puede adquirir, según las circunstancias, distintas modalidades, sin perder por ello su denominador común.

 El gobierno de los Kirchner es paradigmático en este sentido. A su autoproclamación como gobierno “defensor de los DDHH”, se contrapone su efectividad represiva. De 3.093 personas asesinadas por el estado desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010, 1.634 fueron muertas bajo esta administración, 997 en su primera versión y 637 desde diciembre de 2007.
 Desde que iniciamos el conteo, 2001 había sido el año con mayor registro, con 242 casos. Pero en 2009 las fuerzas de seguridad estatales mataron 253 personas; y en los 12 meses transcurridos desde que presentamos el Archivo 2009, registramos 220 casos. Se evidencia así, que la represión de la clase dominante es aún mayor en momentos de cíclicas crisis del capitalismo.

 Este año se evidencia un avance en la represión que llamamos “selectiva”, es decir, la que se descarga contra las organizaciones y militantes populares.
En “democracia”, son 56 los asesinados en movilizaciones populares, cifra que muestra la respuesta de los diferentes gobiernos de turno ante los reclamos del pueblo: Víctor Choque en 1995, Teresa Rodríguez en 1997, Francisco Escobar y Mauro Ojeda en la masacre del puente de Corrientes, en 1999, en Salta Aníbal Verón en 2000, Barrios y Santillán en 2001, los 39 muertos en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el puente Pueyrredón en 2002, Luis Cuéllar en 2003, Carlos Fuentealba en 2007 y Juan Carlos Erazo en 2008. En 2010, cuatro manifestantes fueron asesinados mientras participaban de una movilización: Facundo Vargas (Pacheco), Nicolás Carrasco (Bariloche), Sergio Cárdenas (Bariloche) y Mariano Ferreyra (Ciudad de Buenos Aires). Los tres primeros, en marchas contra el gatillo fácil (caso Villanueva, el primero, y Bonefoi, los dos restantes). Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, cuando acompañaba una medida de fuerza de los trabajadores ferroviarios tercerizados.

 Mucho más ocultas se mantienen las cifras del gatillo fácil y la tortura. Es la represión de tipo “preventivo”, que se aplica con mayor sistematicidad para controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase.

 El 51% del total de casos corresponde a los fusilamientos de gatillo fácil, y el 34% a las muertes en cárceles, comisarías e institutos de menores, buena parte de ellas, resultado de la tortura.

 Si la pertenencia a la clase trabajadora es la regla casi absoluta, al punto que los pocos casos registrados de víctimas de clase media o alta afectan a quienes estaban en el lugar, con la ropa o el aspecto “equivocados”, el análisis etario ratifica que los jóvenes son el blanco favorito de esa política preventiva. Son el sector con mayor potencialidad de rebeldía y, por ende, quienes primero y más profundamente deben ser disciplinados. Más de la mitad del total (53%) corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años.