Temeraria. Así calificaron numerosos organismos de DD.HH. a esta ley que condena de 5 a 20 años de prisión a todo aquel que “tomare parte de asociación ilícita” que se proponga “aterrorizar a la población, u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Obviamente podría penalizar una movilización que impida la sanción de una ley que lesione los intereses de un sector social o un corte de calle. Así de aberrante es otro de sus artículos que condena con reclusión de 5 a 15 años “al que recolectare o proveyere bienes o dinero… para financiar a una asociación ilícita terrorista… para la comisión de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento”. Es decir que los estudiantes que promueven un fondo de huelga o colaboran con una simple rifa serían punibles, se cometiere o no un delito. Hay más. Basta estar organizado en “redes operativas internacionales”, como lo hace la gran mayoría de las organizaciones sociales y política, y propagar “el odio étnico, religioso o político” para estar encuadrado como “asociación ilícita terrorista”. Parecería que las personas de la comunidad árabe no tienen ningún tipo de derecho a manifestar contra la política criminal del Estado de Israel que somete brutalmente al pueblo palestino mediante innumerables vejámenes.

Evidentemente, la ambigüedad y amplitud que comprenden las definiciones de esta ley sirven para operarlas de modo arbitrario en función de las necesidades de las clases dominantes. Hasta el kirchnerista Horacio Verbitsky reconoció una analogía con las “imprecisiones” de la “estrategia antiterrorista” del Comando Sur de EE.UU. (fuerzas armadas norteamericanas destinadas al cono sur de Latinoamérica), pronosticando que “cuando algún futuro gobierno decida aplicarla, la llamará ley Kirchner y será tarde para lágrimas” (Página/12, 9/03/08). Mientras más de 5.000 luchadores obreros y populares permanecen procesados, los Kirchner añaden una nueva vuelta de tuerca.

Cabe señalar que mediante una ley antiterrorista similar, la ley 18.314 impuesta por la dictadura de Pinochet, el gobierno de Bachelet encarceló y torturó a varios dirigentes mapuches que reclamaban la restitución de sus tierras usurpadas. Haciendo lugar a las acusaciones de la transnacional española Endesa, el Estado chileno proceso por “incendio terrorista” al dirigente mapuche Víctor Ancalef, y lo condenó a 5 años de prisión.
Esta ley tiene como antecedentes la figura de la asociación ilícita instaurada por el gobierno de Yrigoyen en 1921 para reprimir las luchas obreras, como narró el escritor Osvaldo Bayer en su obra “Los vengadores de la Patagonia trágica”. En 1974 el gobierno de Perón introdujo la figura de coacción agravada, a raíz del “accionar subversivo”, e inmediatamente reprimió a los trabajadores de Matarazzo que habían tomado la fábrica por demandas reivindicativas.

Una ley a la medida del imperialismo

Los Kirchner promovieron esta ley por exigencia del gobierno de Bush y las organizaciones sionistas promotoras de la “cruzada antiterrorista” para demonizar a Iran, señalando su responsabilidad en el atentado a la AMIA de 1994, intentando contrarrestar su crisis de hegemonía tras la debacle en Irak, y legitimar la acción terrorista del Estado de Israel contra los pueblos oprimidos de Medio Oriente. Simultáneamente, los Kirchner obtuvieron una espada de Damocles sobre las luchas de los trabajadores y el pueblo. Como bien denunciaron los compañeros de APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) esta ley de ningún modo se propone avanzar el esclarecimiento del atentado sino que tiene como finalidad “un ataque indisimulado a las libertades públicas y al derecho de la población a agruparse libremente en organizaciones sociales y políticas” (http.//apemiacomunicados.blogspot.com/. 28/02/07).

Emparentado con el FMI, el Banco Mundial e INTERPOL, el GAFI es la principal institución que presionó para la sanción de la ley antiterrorista, a partir de una serie de “recomendaciones” que sirvieron de matriz (ver claves). A partir de las instrucciones del GAFI, la ley antiterrorista incorporó a la “Unidad de Información Financiera”, dependiente del Ministerio de Justicia, como un departamento de inteligencia estatal cuyo objetivo es “el análisis, el tratamiento y la transmisión de la información financiera” de cualquier organización, sea un club social o un partido político. Ante la menor “sospecha”, aun sin prueba alguna, de “lavado de activos o de financiación del terrorismo”, dicho departamento puede intervenir la organización, suspender cualquier operación o acto y hasta confiscar sus fondos para desarticular su desarrollo. Mientras hace la vista gorda al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y del contrabando de armas que realizan los grandes grupos económicos, esta ley constituye una agresión al libre derecho de asociación y a la organización independiente del Estado.

El alineamiento del gobierno de los Kirchner con los sectores imperialistas más rapaces condujo a una modificación más regresiva del Código Penal, incorporando la figura de la “asociación ilícita terrorista”, en aras de blindar el Estado con herramientas más represivas, concediendo atribuciones extraordinarias a las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia para espiar e intervenir con informantes y provocadores en todo tipo de organizaciones (sean sindicales, políticas, barriales estudiantiles, etc). La anulación de la leyes antiterroristas es una demanda democrática elemental que debe ser tomada por todas las organizaciones obreras y populares para enfrentar la política represiva de los Kirchner y el imperialismo.

CLAVES

• El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) fue creado en 1990 por la Cumbre del G-7 que agrupaba a los países imperialistas mas poderosos. Su función supuestamente reside en la lucha contra el lavado de dinero del terrorismo y el narcotráfico, recopilando la información financiera de la economía internacional. Paradójicamente, esta facultad le permite intervenir en las instituciones estatales para facilitar los mecanismos de lavado de dinero utilizados por los grandes monopolios a partir de los múltiples negocios ilegales.

• La ley antiterrorista está basada en 40 recomendaciones elaboradas por el GAFI, destacando, entre otros elementos, “que se deniegue el refugio político”, “procedimientos para la extradición” de acuerdo a los tribunales imperialistas, “disposiciones y procedimientos para garantizar que las reivindicaciones políticas no se reconozcan como causa para denegar las solicitudes de extradición” y el control de las “organizaciones sin fines de lucro” a fin de que “no puedan ser utilizadas para la financiación del terrorismo” (www.redeco.com.ar/opinion/terrorismo.html).

• El gobierno de Kirchner ratificó todas las convenciones antiterroristas de la OEA con la ley 26.023 (Convención Interamericana contra el Terrorismo, 3/6/02), aprobada en tiempo récord por presión del Secretario de Estado norteamericano Colin Powell, de igual modo que las convenciones de la ONU mediante la ley 26.024 (Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, 15/04/05). La sanción de la ley antiterrorista 26.268 consagra la intervención del GAFI en los asuntos internos del Estado nacional.

• Otras leyes antiterroristas adoptadas son la 25.241 y 25.246.