Desde el 3/10 se viene desarrollando el juicio oral contra las 14 personas que estuvieron un año y medio presos en Devoto y Ezeiza en una causa armada luego de producidos los incidentes en la Legislatura porteña el 16/7/04. 
Ese día se había convocado a sesión para tratar la reforma al Código Contravencional, que entre otros aspectos reaccionarios limitaba el derecho de reunión y peticionar a las autoridades ya que establecía el pedido de permiso al Gobierno de la ciudad para realizar manifestaciones. También prohibía la venta ambulante en la vía pública, penalizando la posibilidad de sustento de miles de personas que fueron arrojadas de sus puestos de trabajo en los últimos años. Además de darse amplias facultades a la Policía Federal. 
Desde el comienzo de la jornada se montó una verdadera provocación, prohibiendo el ingreso de público a la audiencia (incluso aquellos que estaban acreditados), y se produjeron confusos incidentes donde incluso el ex ministro Gustavo Beliz denunció que se debió a una interna de la SIDE y la Federal. Informes periodísticos mencionaron la intervención de barrabravas de Boca, lo que no sería raro a la luz de lo ocurrido en el Hospital Francés.  
Los 14 presos, en su gran mayoría vendedores ambulantes y mujeres en situación de prostitución, fueron detenidos muchas horas después de producidos los incidentes y alejados del lugar. Estuvieron detenidos en pésimas condiciones, sin ningún elemento de prueba que lo justifique salvo el testimonio de los policías que los detuvieron. 
Luego de casi un mes de audiencias, donde fueron citados mas de 100 testigos, llegamos a los alegatos. En forma escandalosa el Fiscal no acuso por los delitos de coacción agravada y privación de la libertad por los que los mantuvo presos, ya que como reconoció, no consiguió pruebas para ello. Es decir que estuvieron 14 meses en prisión por un delito por el que el Fiscal ni siquiera pudo acusar. 
El fiscal pidió una pena de 3 años de prisión como participes necesarios del delito de daño agravado, lo que implica reconocer que los autores de los daños fueron otros. Pero no se molestó en indicar qué investigación realizó para identificar a los autores, ni qué hecho le imputa a cada uno de los procesados para ser “partícipes”. Expresó que “hubo daños y debe haber pena”, citando a Jakobs, autor de moda por avalar teorías penales que justifican que a una persona se la criminalice por su potencial “peligrosidad” para los intereses del imperialismo, sin importar que haya cometido o no un hecho delictivo. En un reciente comunicado de prensa desde el CeProDH expresamos que: “el representante del Ministerio Público Fiscal, basó su acusación en Jakobs, un teórico citado por toda la derecha mundial, muy utilizado después de los atentados del 11-S, pues avala teorías como que el ‘enemigo’ tiene menos derechos y que se condena a las personas por su peligrosidad”… “debemos repudiar la instauración de teorías neofascistas”. 
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el CeProDH y otros abogados que llevamos la defensa de ocho imputados vamos a solicitar la absolución, en el marco de la pelea contra la criminalización de la protesta social, que en el gobierno de K sigue avanzando a paso redoblado.  
Invitamos a todos los compañeros a la audiencia del día lunes para levantar esta exigencia con nosotros.