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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

A Luciano Arruga lo mató la maldita Policía

No hubo negligencia ni falta de voluntad para investigar como dicen algunos medios; hubo voluntad de ocultar, de desaparecer: cuerpo, datos, libros de registro. Durante tres años la causa estuvo caratulada como averiguación de paradero. La familia presentó un hábeas corpus a los cinco días de desaparecido y se lo rechazaron.

Alejandrina Barry

23 de octubre 2014

A Luciano Arruga lo mató la maldita Policía

No hubo negligencia, ni falta de voluntad para investigar como dicen algunos medios; hubo voluntad de ocultar, de desaparecer: cuerpo, datos, libros de registro. Durante tres años la causa estuvo caratulada como averiguación de paradero. La familia presentó un hábeas corpus a los cinco días de desaparecido y se lo rechazaron.
 La aparición del cuerpo de Luciano en el cementerio de Chacarita, casi seis años después de su desaparición y luego de las innumerables denuncias de su familia, de la APDH, el CELS y de todos los organismos que estuvimos acompañando el reclamo de aparición con vida de Luciano, vuelve a mostrar las brutales consecuencias del la complicidad del Estado y la Justicia con la Policía. Cuando la Policía está implicada, el encubrimiento se vuelve norma.

JÓVENES BONAERENSES

» 15% de los jóvenes de la Prov. De Bs. As. ni estudia ni trabaja (566.000).

» Hay en Argentina casi 10 millones de jóvenes, el 40% está en la prov. De Bs. As.

» En 2012 la desocupación entre la juventud de la prov. de Bs. As. era del 18%, duplicando la de los adultos 7%.

» 23% de los jóvenes trabajan más que las horas legalmente permitidas (48 hs semanales).

» El 34% de los jóvenes trabajan con contratos eventuales.

» El 25% de los jóvenes cobra menos que el salario mínimo, vital y móvil.

» Durante la última década el 52% de los jóvenes bonaerenses trabajó en negro y por ende no cuenta con obra social.

Fuente: Documentos de Política Públicas. ˜área de Desarrollo Social del CIPPEC. Agosto 2014

Desde el CeProDH y el PTS nos ponemos a disposición de su familia para conseguir el juicio y castigo a los culpables del asesinato de Luciano y a los responsables políticos y judiciales cómplices. Así lo hicimos desde el primer momento, convencidos de que a Luciano lo desapareció y asesinó la Policía Bonaerense.
Como dijo su hermana Vanesa, “hay quienes pueden informar que fue un accidente o hay quienes pueden decir la verdad”, que está comprobado que la Policía de la Matanza lo detuvo ilegalmente ese día, que los peritajes dieron positivo demostrando que estuvo en el destacamento que pertenece a la Comisaría 8va de Lomas del Mirador -que funcionó como centro clandestino en la dictadura- y en los patrulleros de esa comisaría.
 Ninguna manipulación política puede borrar la pelea de su familia, acompañados por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas movilizándonos concientes de que era la única manera de enfrentar a las instituciones estatales y judiciales cómplices, que defienden incondicionalmente a sus fuerzas represivas.
Luciano sufrió persecución y torturas de la Policía porque se negó a robar para ellos.
Fue la propia investigación de su familia, junto con la movilización la que logró que esta desaparición no quedara oculta. 
Miles de jóvenes en la Matanza y en todo el país pelearon por la aparición de Luciano y el juicio y castigo a los culpables, porque Luciano representaba a miles de jóvenes pobres, a los que esta década “ganada” no les ha dado nada, ni trabajo, ni salud, ni educación. El gobierno sólo les dio vivir con sus barrios militarizados, estigmatizándolos, mostrándolos en el imaginario social como enemigos culpables de la inseguridad.
El gobierno nacional, el gobierno provincial de Daniel Scioli y el intendente de La Matanza son responsables. Por el silencio, encubrimiento e impunidad en estos seis años.
El caso de Luciano cuestiona que la solución al problema de la llamada inseguridad sea saturar los barrios de policías y distintas fuerzas represivas. Porque son ellas las que manejan el gran delito, el narcotráfico, las redes de trata y el reclutamiento de jóvenes de las barriadas para utilizarlos como mano de obra descartable. Porque son ellas las que asesinaron a más de 3.000 jóvenes con su llamado gatillo fácil, 1.500 solamente durante el gobierno kichnerista.
Exigimos el juicio y castigo a los culpables, empezando por los policías del destacamento de Lomas del Mirador que siguen en funciones, y siguiendo hasta el último responsable material y político de su desaparición y su muerte. Para lograrlo se necesita la movilización de miles de jóvenes, trabajadores, junto a los organismos de derechos humanos, centros de estudiantes, organizaciones sociales y de izquierda.

Prensa

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