Lejos de los discursos, el gobierno ha decidido entre fin de 2005 y lo que va del año distintos aumentos en las tarifas de algunos servicios públicos (ver cuadro 1); las provincias no se quedaron atrás y seis aplicaron los aumentos a las tarifas domiciliarias (ver cuadro 2).
La novedad es que en el caso de Gas Natural Ban, el gobierno nacional decidió aplicar un ajuste a las casas de familia que se postergó hasta el 2007, ya que dicha medida iría a contramano de su pretendida política antiinflacionaria.
Es necesario realizar algunas aclaraciones:
a) En el caso de la energía eléctrica los últimos aumentos se suman a los decididos en años anteriores, en este caso se aplican al comercio e industria y no a las casa de familia. Esta pretendida defensa de los hogares no es tal ya que en primer lugar las productoras y distribuidoras de energía, en segundo lugar los grandes oligopolios productores como por ejemplo caso de la alimentación, la siderurgia, el aluminio, pueden trasladar este aumento a los precios, en una importante proporción esto explica el aumento de los mismos, por su parte los hipermercados están en condiciones de negociar con los productores los precios de los productos, y a la vez son formadores de precios. En consecuencia quienes terminan pagando los aumentos son en gran medida los pequeños comercios o pequeñas industrias que solo pueden trasladar una proporción de dichos incrementos, y en forma indirecta todos los trabajadores que pagamos los productos que consumimos con aumento.
b) En el caso de los peajes, lo pagan todos los usuarios en forma directa.
c) Las privatizadas se benefician por partida doble, por un lado al crecer la economía aumenta el volumen de sus ganancias, y por el otro, al aumentar sus tarifas se incrementan sus tasas de ganancias.
Para que el sistema funcione, los entes reguladores de estos servicios hacen la vista gorda, según la Auditoría General de la Nación hay falta de control exhaustivo, escaso nivel de atención de los reclamos de los usuarios, exceso de burocracia, escasa transparencia en la gestión y ausencia de penalidades en caso de faltas graves, en palabras de este organismo “hay descontrol en los entes reguladores”.
Por si esto fuera poco, los proyectos del gobierno pretenden incluir en las tarifas un aumento destinado a futuras obras públicas, que por supuesto nadie sabe cuales son ni cuando se van a realizar.