Para matizar las penas, algunos bromeaban adjudicándole la responsabilidad a la clásica mufa de Carlos Menem, tras su paso por la provincia de Córdoba. El temporal apagó las últimas brasas pero ya más de 40.000 hectáreas de bosques serranos, pastizales y vegetación autóctona se redujeron a cenizas. Las llamas avanzaron desde Cosquín hacia Santa María de Punilla, Villa Caeiro, San Roque y Bialet Masse, mientras la zona norte dibujó un triángulo de fuego entre Tulumba, Deán Funes y San Pedro. Los pacientes del Centro de Salud Mental Colonia Santa María y del Hospital Domingo Funes fueron desplazados y más de 400 personas se vieron obligadas a autoevacuarse. En algunas localidades se vivieron verdaderas escenas de angustia y nerviosismo: las lenguas de fuego llegaban a pocos metros de las casas, mientras los pobladores huían a paso vivo después de rescatar con suerte algunas de sus pertenencias. La preocupación llegó al paroxismo cuando uno de los frentes de fuego llegó muy cerca de la Fábrica Militar de Río Tercero. La memoria popular mantiene vivo el recuerdo impune de hace 11 años, cuando la planta de explosivos voló por los aires arrojando 7 muertos y más de 300 heridos.
Las autoridades sabían que durante estos tiempos bastaba apenas un chispazo para que se produjera un escenario dantesco. En Córdoba hace más de 4 meses que no llovía, las pasturas secas se acumulaban sobre las zonas altas, las temperaturas superaban los 32 grados y las ráfagas de viento alcanzaban una intensidad de 50 km. por hora. Estos factores favorecieron la propagación del fuego generando múltiples focos simultáneos. A sabiendas de estos elementos, y a pesar de contar con los antecedentes registrados en los incendios de 2003 y 2005, las autoridades no tomaron mayor recaudo que un par de hidroaviones y un helicóptero. Sólo la acción destacada de los bomberos voluntarios junto a los vecinos que ayudaban con baldes de agua logró mitigar los alcances más guarangos de un desastre anunciado.
La secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, recién se dignó a aparecer 5 días después de iniciada la tragedia. La ex «piquetera» ambientalista se dispuso a tomar cartas sobre el asunto cuando ya gran parte de la superficie serrana era un rejunte de piedras chamuscadas. Con justa razón, la Fundación para el Medio Ambiente, una ONG local, presentó una denuncia judicial contra Picolotti por incumplimiento de los deberes de funcionario público, quien quizá comience a emular los pasos de su antecesora María Julia Alzogaray.
El gobernador de la Sota exigió que «tronara el escarmiento» sobre los culpables y solicitó la aplicación de penas no inferiores a los 10 años de cárcel. El intendente de la localidad de Los Cocos, Christian Resille Reyes, fue detenido como responsable directo de producir uno de los focos más grandes al quemar los residuos en el basural del municipio, sin ningún tipo de control ni precaución. Pero el «escarmiento» duró apenas unas pocas horas porque fue liberado por orden del fiscal de la provincia. Resille Reyes pertenece a Unión por Córdoba, la coalición que lidera el gobernador de la Sota, donde evidentemente pertenecer tiene sus privilegios.
La naturaleza tardará muchos años en recomponer esta devastación, producto de la desidia capitalista, donde la ecología suena bien en tanto sirva para hacer buenos negocios.